La Unión de Juristas de México rechazó cualquier intento de reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Felipe Calderón al argumentar que ésta tiene por objeto congraciarse con los grandes capitales nacionales y extranjeros para mantener bajos los salarios y reducir las condiciones laborales.
“Legitimaría aquellas que se han impuesto y crearía nuevas figuras legales en los centros de trabajo por la vía de los hechos en perjurio de los trabajadores”, argumentó la Unión de Juristas, por lo que realizará diversas acciones contra las medidas del Ejecutivo.
La reacción de este gremio ante esta tentativa de reforma es debido a que se ha manejado que dentro de ella se habrían de “imponer contrataciones temporales por 30, 60 o máximo 90 días”, por lo cual las obligaciones patronales se verían disminuidas y así se afectaría directamente al empleado. Pues argumentan que de ser impulsadas, y en su caso aprobadas, dichas reformas degradarían el trabajo humano y se le convertiría en una mercancía de bajo costo.
También se ha manejado que se incrementarían los requisitos para la validez de un contrato colectivo de trabajo, las titularidades y las huelgas, permitiendo una mayor intervención gubernamental. “Legitimaría aquellas que se han impuesto y crearía nuevas figuras legales en los centros de trabajo por la vía de los hechos en perjurio de los trabajadores”.
Pues también señalan que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, se ha retirado de la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales y por el contrario ha permitido que grupos empresariales modifiquen contratos colectivos con los sindicatos, reduciendo los derechos obtenidos durante años de lucha.
Ante estas reformas que atacan y dejan sin protección legal a los trabajadores la Unión de Juristas demanda que el gobierno federal cumpla con sus obligaciones y haga incrementar el presupuesto para las áreas de inspección de trabajo, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues actualmente se encuentran en crisis por el incremento de juicios ante los constantes despidos.
“Legitimaría aquellas que se han impuesto y crearía nuevas figuras legales en los centros de trabajo por la vía de los hechos en perjurio de los trabajadores”, argumentó la Unión de Juristas, por lo que realizará diversas acciones contra las medidas del Ejecutivo.
La reacción de este gremio ante esta tentativa de reforma es debido a que se ha manejado que dentro de ella se habrían de “imponer contrataciones temporales por 30, 60 o máximo 90 días”, por lo cual las obligaciones patronales se verían disminuidas y así se afectaría directamente al empleado. Pues argumentan que de ser impulsadas, y en su caso aprobadas, dichas reformas degradarían el trabajo humano y se le convertiría en una mercancía de bajo costo.
También se ha manejado que se incrementarían los requisitos para la validez de un contrato colectivo de trabajo, las titularidades y las huelgas, permitiendo una mayor intervención gubernamental. “Legitimaría aquellas que se han impuesto y crearía nuevas figuras legales en los centros de trabajo por la vía de los hechos en perjurio de los trabajadores”.
Pues también señalan que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, se ha retirado de la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales y por el contrario ha permitido que grupos empresariales modifiquen contratos colectivos con los sindicatos, reduciendo los derechos obtenidos durante años de lucha.
Ante estas reformas que atacan y dejan sin protección legal a los trabajadores la Unión de Juristas demanda que el gobierno federal cumpla con sus obligaciones y haga incrementar el presupuesto para las áreas de inspección de trabajo, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues actualmente se encuentran en crisis por el incremento de juicios ante los constantes despidos.
Verònica Lòpez, Milenio, 2 de febrero.
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