CIUDAD JUÁREZ, Chih.— La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua presentó a José Dolores Arroyo Chavarría, de 30 años, como uno de los responsables de la masacre en la que fallecieron 16 personas, la mayoría jóvenes estudiantes que estaban en una fiesta.
Según las investigaciones, aún inconclusas, el ataque fue motivado por la rivalidad que existe en esta ciudad entre dos pandillas que sirven a los cárteles de Sinaloa y al de Juárez.
“Denles parejo... ya valieron todos”, fue la orden que siguió el comando al irrumpir en tres viviendas en la colonia Villas de Salvárcar. A la instrucción previa: “Que se salgan los niños y las mujeres”, llegó la contraorden: “Denles a todos parejo”, narraron familiares de quienes lograron librar la muerte.
El detenido afirmó en sus declaraciones ante un agente del Ministerio Público del fuero común que un hombre apodado El 10 mandó a asesinar a los asistentes al convivio, porque eran “doblados” o miembros de la pandilla AA (Artistas Asesinos), que trabaja para el cártel de Sinaloa, contraria a Los Aztecas, que sirve a La Línea o cártel de Juárez.
“El 10 nos ordenó la masacre porque eran doble AA y sirven a El Chapo”. Dijo además ser “un halcón” —vigilante de sicarios— y aseguró pertenecer al grupo delictivo La Línea. Durante el interrogatorio ante medios, que duró seis minutos y de frente a la pared en la comandancia de la zona militar de esta ciudad, Arroyo Chavarría detalló que fueron utilizadas cuatro patrullas —así identifican las unidades de la organización criminal—, cada una con cuatro hombres.
Afirmó que el “trabajo” se realizó por órdenes de El 10 o El Diego —“jefe de la plaza”— con la autorización de El 51.
Culpan a paramilitares
El Frente Nacional contra la Represión —conformado en octubre de 2007 por más de un centenar de organizaciones civiles— aseguró en un comunicado que un “comando paramilitar” fue el responsable de la matanza de los estudiantes.
El texto señala que en Ciudad Juárez, las masacres son acciones realizadas “por escuadrones de la muerte que operan en la ciudad”, y que es una más de las sucedidas en esta frontera desde marzo de 2008, cuando comenzó el Operativo Conjunto Chihuahua, ahora llamado Operación Coordinada Chihuahua.
Cipriana Jurado, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera y también integrante del Frente Nacional, dijo que la violencia en esa frontera no es provocada por enfrentamientos entre bandas del crimen organizado ni entre las fuerzas federales y las mafias, sino por una “limpia” envuelta en un ambiente de militarización y terror.
Comparó la situación de inestabilidad con lo sucedido en El Salvador con los escuadrones de la muerte; en Nicaragua, con los Contras; en Guatemala, con los Kaibiles, y en México con un grupo dentro del Ejército que a la postre se convertiría en Los Zetas.
Diputados locales dedicaron la sesión de ayer a un largo debate, plagado de acusaciones y “repartición de culpas”.
En tribuna se planteó desde la disolución de poderes en Ciudad Juárez, hasta la implantación de toque de queda, la renuncia del gabinete de seguridad y suspensión del proceso electoral. Los panistas exigieron la destitución del alcalde José Reyes Ferriz, a quien recriminaron que radique en El Paso, Texas.
La Procuraduría General de la República (PGR) designó a siete agentes del Ministerio Público Federal para coadyuvar en las investigaciones.
Según las investigaciones, aún inconclusas, el ataque fue motivado por la rivalidad que existe en esta ciudad entre dos pandillas que sirven a los cárteles de Sinaloa y al de Juárez.
“Denles parejo... ya valieron todos”, fue la orden que siguió el comando al irrumpir en tres viviendas en la colonia Villas de Salvárcar. A la instrucción previa: “Que se salgan los niños y las mujeres”, llegó la contraorden: “Denles a todos parejo”, narraron familiares de quienes lograron librar la muerte.
El detenido afirmó en sus declaraciones ante un agente del Ministerio Público del fuero común que un hombre apodado El 10 mandó a asesinar a los asistentes al convivio, porque eran “doblados” o miembros de la pandilla AA (Artistas Asesinos), que trabaja para el cártel de Sinaloa, contraria a Los Aztecas, que sirve a La Línea o cártel de Juárez.
“El 10 nos ordenó la masacre porque eran doble AA y sirven a El Chapo”. Dijo además ser “un halcón” —vigilante de sicarios— y aseguró pertenecer al grupo delictivo La Línea. Durante el interrogatorio ante medios, que duró seis minutos y de frente a la pared en la comandancia de la zona militar de esta ciudad, Arroyo Chavarría detalló que fueron utilizadas cuatro patrullas —así identifican las unidades de la organización criminal—, cada una con cuatro hombres.
Afirmó que el “trabajo” se realizó por órdenes de El 10 o El Diego —“jefe de la plaza”— con la autorización de El 51.
Culpan a paramilitares
El Frente Nacional contra la Represión —conformado en octubre de 2007 por más de un centenar de organizaciones civiles— aseguró en un comunicado que un “comando paramilitar” fue el responsable de la matanza de los estudiantes.
El texto señala que en Ciudad Juárez, las masacres son acciones realizadas “por escuadrones de la muerte que operan en la ciudad”, y que es una más de las sucedidas en esta frontera desde marzo de 2008, cuando comenzó el Operativo Conjunto Chihuahua, ahora llamado Operación Coordinada Chihuahua.
Cipriana Jurado, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera y también integrante del Frente Nacional, dijo que la violencia en esa frontera no es provocada por enfrentamientos entre bandas del crimen organizado ni entre las fuerzas federales y las mafias, sino por una “limpia” envuelta en un ambiente de militarización y terror.
Comparó la situación de inestabilidad con lo sucedido en El Salvador con los escuadrones de la muerte; en Nicaragua, con los Contras; en Guatemala, con los Kaibiles, y en México con un grupo dentro del Ejército que a la postre se convertiría en Los Zetas.
Diputados locales dedicaron la sesión de ayer a un largo debate, plagado de acusaciones y “repartición de culpas”.
En tribuna se planteó desde la disolución de poderes en Ciudad Juárez, hasta la implantación de toque de queda, la renuncia del gabinete de seguridad y suspensión del proceso electoral. Los panistas exigieron la destitución del alcalde José Reyes Ferriz, a quien recriminaron que radique en El Paso, Texas.
La Procuraduría General de la República (PGR) designó a siete agentes del Ministerio Público Federal para coadyuvar en las investigaciones.
Mario Héctor Silva corresponsal, EL Universal, 3 de febrero.
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