Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia se comprometieron ayer ante el Gabinete de seguridad federal a revisar el marco legal para facilitar la operación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, pero con la condición de que su presencia en las calles sea temporal y garantice el pleno respeto a los derechos humanos.
Así lo aseguraron ayer algunos de los legisladores que participaron en la reunión "confidencial" con los Secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación y el Procurador General de la República.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, confirmó el compromiso de todas las bancadas para revisar el marco legal que rige la actuación de las fuerzas armadas.
"Tocamos el tema de la temporalidad de la presencia de las fuerzas armadas en la estrategia contra el crimen organizado y lo hemos hecho en el marco unánime de los seis grupos parlamentarios de hacer un esfuerzo para preservar la integridad de las fuerzas armadas.
"Todas las fuerzas políticas, con respeto pleno a las posiciones de cada quien, tenemos que hacer un esfuerzo para que sigan siendo una institución que le sirva al País en el presente y en el futuro, y al mismo tiempo que su actuación contribuya en la marco de respeto a los derechos humanos", dijo.
De acuerdo con los testimonios, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reconoció la necesidad de reactivar la discusión sobre el paquete de reformas enviado por el Presidente Felipe Calderón al Senado, en materia de seguridad nacional.
Elogió la participación del Ejército, pero advirtió que es necesario replantear la estrategia para enfrentar a la delincuencia, preparar y limpiar a las corporaciones civiles y avanzar en una perspectiva integral.
El líder de los panistas, Gustavo Madero, confirmó la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Nacional y la revisión del modelo policial.
El senador del PAN, Santiago Creel advirtió que todas las fuerzas políticas están obligadas a establecer la definición jurídica del papel temporal con el cual deben actuar las fuerzas armadas.
Se pronunció por mejorar los esquemas de coordinación, fortalecer los esquemas para cortar el financiamiento de las organizaciones criminales, abatir los índices de consumo de drogas en el País y hasta replantear la relación con Estados Unidos en materia de cooperación para el combate a la delincuencia.
El coordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, advirtió a los Secretarios que durante las horas que durara la comparecencia, por lo menos cinco mexicanos serían ejecutados y desaparecidos, como consecuencia de la ineficacia de las autoridades para frenar la violencia.
Lamentó que "el reloj de la muerte" que se echó a andar desde hace tres años en la guerra contra el crimen, no tenga posibilidad de detenerse tras 18 mil ejecuciones y 3 mil desaparecidos.
Aunque firmaron un acuerdo de confidencialidad, los senadores comentaron algunos de los aspectos expuestos por los Secretarios de Estado.
Aseguraron que el titular de la Sedena, Guillermo Galván, detalló que una de las prioridades del Ejército es minar las bases sociales de las redes delincuenciales, a través de labores de inteligencia y de la presencia de tropas en distintos estados del País, hasta donde han acudido, siempre a petición de los Gobernadores de los estados.
Sostuvieron que el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se refirió al deterioro de las estructuras policiales y a la infiltración del crimen organizado en las corporaciones civiles, con énfasis en los elementos estatales y municipales.
Tras las intervenciones de los funcionarios y de algunos senadores, la reunión arribó a su momento más tenso con la retirada del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien se disculpó al asegurar que tenía un compromiso previo para reunirse con la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano.
Antes de salir, el responsable de la política interna se pronunció a favor de la construcción de un acuerdo político, lo más amplio posible, en el tema de seguridad pública.
Durante las casi cinco horas de comparecencia, los miembros del Gabinete de seguridad recibieron más de 100 cuestionamientos de los legisladores, lo que hizo imposible dar respuesta a los mismos.
En consecuencia, los funcionarios acordaron volverse a reunir con los legisladores en un máximo de 15 días para proporcionales más información, no sólo relacionada con el diagnóstico, sino con la necesidad de reformas que les permitan mejorar en la lucha contra el crimen.
Así lo aseguraron ayer algunos de los legisladores que participaron en la reunión "confidencial" con los Secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación y el Procurador General de la República.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, confirmó el compromiso de todas las bancadas para revisar el marco legal que rige la actuación de las fuerzas armadas.
"Tocamos el tema de la temporalidad de la presencia de las fuerzas armadas en la estrategia contra el crimen organizado y lo hemos hecho en el marco unánime de los seis grupos parlamentarios de hacer un esfuerzo para preservar la integridad de las fuerzas armadas.
"Todas las fuerzas políticas, con respeto pleno a las posiciones de cada quien, tenemos que hacer un esfuerzo para que sigan siendo una institución que le sirva al País en el presente y en el futuro, y al mismo tiempo que su actuación contribuya en la marco de respeto a los derechos humanos", dijo.
De acuerdo con los testimonios, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reconoció la necesidad de reactivar la discusión sobre el paquete de reformas enviado por el Presidente Felipe Calderón al Senado, en materia de seguridad nacional.
Elogió la participación del Ejército, pero advirtió que es necesario replantear la estrategia para enfrentar a la delincuencia, preparar y limpiar a las corporaciones civiles y avanzar en una perspectiva integral.
El líder de los panistas, Gustavo Madero, confirmó la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Nacional y la revisión del modelo policial.
El senador del PAN, Santiago Creel advirtió que todas las fuerzas políticas están obligadas a establecer la definición jurídica del papel temporal con el cual deben actuar las fuerzas armadas.
Se pronunció por mejorar los esquemas de coordinación, fortalecer los esquemas para cortar el financiamiento de las organizaciones criminales, abatir los índices de consumo de drogas en el País y hasta replantear la relación con Estados Unidos en materia de cooperación para el combate a la delincuencia.
El coordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, advirtió a los Secretarios que durante las horas que durara la comparecencia, por lo menos cinco mexicanos serían ejecutados y desaparecidos, como consecuencia de la ineficacia de las autoridades para frenar la violencia.
Lamentó que "el reloj de la muerte" que se echó a andar desde hace tres años en la guerra contra el crimen, no tenga posibilidad de detenerse tras 18 mil ejecuciones y 3 mil desaparecidos.
Aunque firmaron un acuerdo de confidencialidad, los senadores comentaron algunos de los aspectos expuestos por los Secretarios de Estado.
Aseguraron que el titular de la Sedena, Guillermo Galván, detalló que una de las prioridades del Ejército es minar las bases sociales de las redes delincuenciales, a través de labores de inteligencia y de la presencia de tropas en distintos estados del País, hasta donde han acudido, siempre a petición de los Gobernadores de los estados.
Sostuvieron que el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se refirió al deterioro de las estructuras policiales y a la infiltración del crimen organizado en las corporaciones civiles, con énfasis en los elementos estatales y municipales.
Tras las intervenciones de los funcionarios y de algunos senadores, la reunión arribó a su momento más tenso con la retirada del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien se disculpó al asegurar que tenía un compromiso previo para reunirse con la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano.
Antes de salir, el responsable de la política interna se pronunció a favor de la construcción de un acuerdo político, lo más amplio posible, en el tema de seguridad pública.
Durante las casi cinco horas de comparecencia, los miembros del Gabinete de seguridad recibieron más de 100 cuestionamientos de los legisladores, lo que hizo imposible dar respuesta a los mismos.
En consecuencia, los funcionarios acordaron volverse a reunir con los legisladores en un máximo de 15 días para proporcionales más información, no sólo relacionada con el diagnóstico, sino con la necesidad de reformas que les permitan mejorar en la lucha contra el crimen.
Claudia Guerrero, Luis Brito y Carole Simonnet, Reforma, 17 de febrero.
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