Autoridades de Querétaro solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que revise e intervenga en el caso de dos indígenas presas, acusadas de secuestrar a seis agentes de la desaparecida AFI.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Adolfo Ortega Osorio, enviará documentación al organismo nacional para revisar la condena de 21 años de prisión a las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a los elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), en marzo de 2006.
Ortega Osorio destacó que ambas indígenas son consideradas prisioneras de conciencia por Amnistía Internacional, ya que se les condenó por el mismo delito y en las mismas condiciones por las que se liberó a la indígena Jacinta Francisco Marcial.
“Es plantear nuevamente el escenario a la CNDH, porque los elementos contra estas dos mujeres son los mismos que contra Jacinta, resulta ilógico que presenten conclusiones acusatorias contra ellas dos, cuando con Jacinta fue diferente”, indicó.
La CEDH, añadió el ombudsman estatal, cuestionará una posible aplicación ilegal, diferenciada y discriminatoria contra personas acusadas por el mismo delito por el que se dejó libre a una tercera, lo que sesga la aplicación de la justicia y deja ver que el caso de Jacinta se decidió por la presión mediática.
“Esta semana hablaremos con el ombudsman nacional para que se revise este asunto, porque son autoridades federales las que intervienen y es competencia de la CNDH”, subrayó el funionario.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Adolfo Ortega Osorio, enviará documentación al organismo nacional para revisar la condena de 21 años de prisión a las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a los elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), en marzo de 2006.
Ortega Osorio destacó que ambas indígenas son consideradas prisioneras de conciencia por Amnistía Internacional, ya que se les condenó por el mismo delito y en las mismas condiciones por las que se liberó a la indígena Jacinta Francisco Marcial.
“Es plantear nuevamente el escenario a la CNDH, porque los elementos contra estas dos mujeres son los mismos que contra Jacinta, resulta ilógico que presenten conclusiones acusatorias contra ellas dos, cuando con Jacinta fue diferente”, indicó.
La CEDH, añadió el ombudsman estatal, cuestionará una posible aplicación ilegal, diferenciada y discriminatoria contra personas acusadas por el mismo delito por el que se dejó libre a una tercera, lo que sesga la aplicación de la justicia y deja ver que el caso de Jacinta se decidió por la presión mediática.
“Esta semana hablaremos con el ombudsman nacional para que se revise este asunto, porque son autoridades federales las que intervienen y es competencia de la CNDH”, subrayó el funionario.
Milenio, 15 de febrero.
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