Por unanimidad, el Senado aprobó anoche el dictamen de Ley de Seguridad Nacional que regulará la presencia de las tropas en los operativos contra el crimen. Aun cuando el gobierno pidió un plazo de cuatro meses para presentar una reforma integral al fuero militar, las comisiones incluyeron en el documento que las conductas de los efectivos militares constitutivas de delito, que afecten a civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales civiles.
De última hora y a propuesta del perredista Tomás Torres, se incluyó en el articulado el precepto de que las declaratorias de Afectación a la Seguridad Interior “no procederán cuando la solicitud se origine para cumplir con requerimientos sobre resoluciones de autoridades administrativas, del trabajo, por conflictos político electorales o de índole social”.
Luego del largo debate de más de cinco horas, también se confirmó la corresponsabilidad que tendrá el Senado con el Ejecutivo en la emisión de las Declaratorias de Afectación a la Seguridad Interior, mecanismo por el cual estados y congresos locales podrán pedir el envío de tropas, cuando haya situaciones de riesgo y amenaza a la seguridad interior.
A mediodía, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció que el Ejecutivo remitirá una reforma integral en materia de fuero militar, la cual incluso ya preparan los integrantes de las fuerzas armadas; sin embargo, por la tarde, la bancada perredista acordó no votar la ley si no incluía cotos al fuero. Torres y René Arce plantearon redacciones alternas, que apoyó el panista Santiago Creel, vinculando la sanción de delitos cometidos por la milicia, al artículo 13 de la Constitución.
Arce Islas ponderó que así como los militares piden garantías para realizar su trabajo, también el Congreso debe blindarse ante el juicio de la historia, porque si bien afortunadamente en México no se han registrado capítulos lamentables como ha ocurrido en otros países en los que el ejército ha tomado el control, nadie puede garantizar que se presenten denuncias posteriores “y seamos juzgados como corresponsables”.
Propuso vincular que la comisión de delitos se juzgue conforme al artículo 13 constitucional; el panista Creel apoyó esa ruta y finalmente el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo, presentó la propuesta de artículo 72, que dice:
“En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a que se refiere el título respectivo, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional y 133”.
El artículo 13 constitucional determina que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. También establece que “cuando un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.
Mientras, el artículo 133 vincula la obligación que tiene México para respetar los tratados internacionales suscritos.
Durante el debate se aceptó la demanda del panista ex alcalde de Ciudad Juárez, Ramón Galindo, para que los ayuntamientos puedan pedir la presencia de tropas a través de los gobernadores o congresos locales, luego de que el priista Murillo dejó claro que si cada uno de los mil 500 ediles lo hiciera directamente se puede llenar el país de tropas.
Pese a las resistencias del PAN en temas polémicos, como retenes, que también fue anclado a legislar en un plazo de 12 meses en materia de “uso legítimo de la fuerza”, se aprobó, previendo subirlo el martes a discusión al pleno.
México • Angélica Mercado y Elba Mónica Bravo, Milenio, 23 de abril.
De última hora y a propuesta del perredista Tomás Torres, se incluyó en el articulado el precepto de que las declaratorias de Afectación a la Seguridad Interior “no procederán cuando la solicitud se origine para cumplir con requerimientos sobre resoluciones de autoridades administrativas, del trabajo, por conflictos político electorales o de índole social”.
Luego del largo debate de más de cinco horas, también se confirmó la corresponsabilidad que tendrá el Senado con el Ejecutivo en la emisión de las Declaratorias de Afectación a la Seguridad Interior, mecanismo por el cual estados y congresos locales podrán pedir el envío de tropas, cuando haya situaciones de riesgo y amenaza a la seguridad interior.
A mediodía, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció que el Ejecutivo remitirá una reforma integral en materia de fuero militar, la cual incluso ya preparan los integrantes de las fuerzas armadas; sin embargo, por la tarde, la bancada perredista acordó no votar la ley si no incluía cotos al fuero. Torres y René Arce plantearon redacciones alternas, que apoyó el panista Santiago Creel, vinculando la sanción de delitos cometidos por la milicia, al artículo 13 de la Constitución.
Arce Islas ponderó que así como los militares piden garantías para realizar su trabajo, también el Congreso debe blindarse ante el juicio de la historia, porque si bien afortunadamente en México no se han registrado capítulos lamentables como ha ocurrido en otros países en los que el ejército ha tomado el control, nadie puede garantizar que se presenten denuncias posteriores “y seamos juzgados como corresponsables”.
Propuso vincular que la comisión de delitos se juzgue conforme al artículo 13 constitucional; el panista Creel apoyó esa ruta y finalmente el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo, presentó la propuesta de artículo 72, que dice:
“En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a que se refiere el título respectivo, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional y 133”.
El artículo 13 constitucional determina que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. También establece que “cuando un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.
Mientras, el artículo 133 vincula la obligación que tiene México para respetar los tratados internacionales suscritos.
Durante el debate se aceptó la demanda del panista ex alcalde de Ciudad Juárez, Ramón Galindo, para que los ayuntamientos puedan pedir la presencia de tropas a través de los gobernadores o congresos locales, luego de que el priista Murillo dejó claro que si cada uno de los mil 500 ediles lo hiciera directamente se puede llenar el país de tropas.
Pese a las resistencias del PAN en temas polémicos, como retenes, que también fue anclado a legislar en un plazo de 12 meses en materia de “uso legítimo de la fuerza”, se aprobó, previendo subirlo el martes a discusión al pleno.
México • Angélica Mercado y Elba Mónica Bravo, Milenio, 23 de abril.
0 Responses to "Avalan en comisiones la ley de seguridad"
Publicar un comentario