La bancada del PAN en el Senado cabildea su propia reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en la que no se contempla que los militares puedan ser juzgados por tribunales civiles y, en cambio, sí se les otorgan nuevas facultades para fortalecer sus herramientas de combate al crimen organizado.
El proyecto de dictamen alterno fue distribuido por la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el panista, Felipe González, con la intención de que sea discutido y aprobado hoy, durante una sesión nocturna de trabajo.
El documento, del que REFORMA tiene copia, otorga a los militares y marinos acceso al contenido de las averiguaciones previas relacionadas con las acciones, detenciones y procesos que deriven de una declaratoria de "afectación de la seguridad interior".
"Los elementos acreditados por la autoridad responsable tendrán acceso a la información relacionada con las mismas, que sirva para la producción de inteligencia prevista en esta Ley. Estas consultas se realizarán en presencia del Ministerio Público quien llevará un registro de las mismas y los elementos que accedan deberán guardar la secrecía prevista en la Ley", se indica en la propuesta de redacción del Artículo 80.
También se les concede la facultad de requerir información a las autoridades civiles, que deberán entregarla de manera expedita y el derecho de obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar datos sobre hechos relacionados con la afectación.
La redacción impulsada por Acción Nacional deja intacto el planteamiento inicial para legalizar los retenes y sin la obligatoriedad de seguir algún protocolo de identificación, procedimientos y cuidado de los civiles que serán sometidos a revisión.
En materia de procedimiento, se aclara que sólo el Presidente de la República tiene la facultad de determinar la conclusión de las acciones militares, desplegadas con motivo de la afectación a la seguridad interior.
Además, establece que el encargado de dar seguimiento a los operativos será el Consejo de Seguridad Nacional, mientras que el Senado se encargará de la evaluación.
Ayer, en un comunicado, el coordinador del PAN, Gustavo Madero, defendió nuevamente las labores del Ejército mexicano y se refirió a las muertes de civiles que se han registrado en los operativos.
"La pérdida de vidas humanas de civiles en la lucha contra el crimen organizado es un tema muy delicado, nunca hay que minimizar; pero también hay que reconocer que es una lucha violenta contra violentos", sostuvo.
El legislador federal hizo un llamado a los legisladores para no politizar las reformas pendientes en materia de seguridad pública y nacional.
El proyecto de dictamen alterno fue distribuido por la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el panista, Felipe González, con la intención de que sea discutido y aprobado hoy, durante una sesión nocturna de trabajo.
El documento, del que REFORMA tiene copia, otorga a los militares y marinos acceso al contenido de las averiguaciones previas relacionadas con las acciones, detenciones y procesos que deriven de una declaratoria de "afectación de la seguridad interior".
"Los elementos acreditados por la autoridad responsable tendrán acceso a la información relacionada con las mismas, que sirva para la producción de inteligencia prevista en esta Ley. Estas consultas se realizarán en presencia del Ministerio Público quien llevará un registro de las mismas y los elementos que accedan deberán guardar la secrecía prevista en la Ley", se indica en la propuesta de redacción del Artículo 80.
También se les concede la facultad de requerir información a las autoridades civiles, que deberán entregarla de manera expedita y el derecho de obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar datos sobre hechos relacionados con la afectación.
La redacción impulsada por Acción Nacional deja intacto el planteamiento inicial para legalizar los retenes y sin la obligatoriedad de seguir algún protocolo de identificación, procedimientos y cuidado de los civiles que serán sometidos a revisión.
En materia de procedimiento, se aclara que sólo el Presidente de la República tiene la facultad de determinar la conclusión de las acciones militares, desplegadas con motivo de la afectación a la seguridad interior.
Además, establece que el encargado de dar seguimiento a los operativos será el Consejo de Seguridad Nacional, mientras que el Senado se encargará de la evaluación.
Ayer, en un comunicado, el coordinador del PAN, Gustavo Madero, defendió nuevamente las labores del Ejército mexicano y se refirió a las muertes de civiles que se han registrado en los operativos.
"La pérdida de vidas humanas de civiles en la lucha contra el crimen organizado es un tema muy delicado, nunca hay que minimizar; pero también hay que reconocer que es una lucha violenta contra violentos", sostuvo.
El legislador federal hizo un llamado a los legisladores para no politizar las reformas pendientes en materia de seguridad pública y nacional.
Claudia Guerrero, Reforma, 19 de abril.
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