En México, los defensores de derechos humanos están en situación de riesgo permanente. Son “blanco” de amenazas, tortura, intimidación, privación ilegal de la libertad, allanamientos e incluso asesinatos, en un escenario de represión en el que también es responsable el Estado mexicano, denunciaron más de 35 organizaciones de la sociedad civil, sobre las condiciones en que realizan su labor en el país.
Éstas son las conclusiones a las que llegaron en el Tercer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y que congregó a activistas del Distrito Federal y de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Baja California, estado de México y Guanajuato.
Ayer emitieron un documento, en el que denunciaron que en México no existen mecanismos adecuados de protección para su trabajo, y han tenido que recurrir a instancias internacionales en búsqueda de seguridad, pues incluso durante esta administración “la militarización de labores civiles de seguridad pública ha agravado la situación de vulnerabilidad en que ya nos encontramos”.
Indicaron que por el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos que efectúan “nos encontramos constantemente en situación de riesgo y ésta se concreta, en muchos de los casos, en amenazas, tortura, intimidaciones, privación ilegal de la libertad, allanamientos e incluso el asesinato”, una violencia que se agudiza más en contra de las mujeres y activistas indígenas.
Aseguraron que en los intentos por acallar su labor se ha vuelto una práctica cotidiana en México.
Frente a este panorama “por el temor fundado, varios defensores se encuentran fuera de su lugar de origen como última opción de protección para sus vidas y la de sus familias, como es el caso de Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Obtilia Eugenio, entre otros”.
En las conclusiones del encuentro, convocado entre otros por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, exigieron “el cese de las amenazas y la represión que sufrimos por parte del Estado o de otras instancias” del país.
Éstas son las conclusiones a las que llegaron en el Tercer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y que congregó a activistas del Distrito Federal y de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Baja California, estado de México y Guanajuato.
Ayer emitieron un documento, en el que denunciaron que en México no existen mecanismos adecuados de protección para su trabajo, y han tenido que recurrir a instancias internacionales en búsqueda de seguridad, pues incluso durante esta administración “la militarización de labores civiles de seguridad pública ha agravado la situación de vulnerabilidad en que ya nos encontramos”.
Indicaron que por el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos que efectúan “nos encontramos constantemente en situación de riesgo y ésta se concreta, en muchos de los casos, en amenazas, tortura, intimidaciones, privación ilegal de la libertad, allanamientos e incluso el asesinato”, una violencia que se agudiza más en contra de las mujeres y activistas indígenas.
Aseguraron que en los intentos por acallar su labor se ha vuelto una práctica cotidiana en México.
Frente a este panorama “por el temor fundado, varios defensores se encuentran fuera de su lugar de origen como última opción de protección para sus vidas y la de sus familias, como es el caso de Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Obtilia Eugenio, entre otros”.
En las conclusiones del encuentro, convocado entre otros por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, exigieron “el cese de las amenazas y la represión que sufrimos por parte del Estado o de otras instancias” del país.
Silvia Otero, El Universal, 18 de abril.
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