La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, la panista María Yolanda Valencia Vales, informó que en los últimos 27 años, de 1983 a lo que va de 2010, se han registrado en México los asesinatos de 104 periodistas, 12 desapariciones forzadas y nueve comunicadores secuestrados.
De la lista de periodistas muertos, precisó que en los tres meses y medio que lleva este año son ya tres, mientras que en 2009 fueron 15 los asesinados y 244 agresiones, y en 2008 fueron 12 los decesos y más dos desapariciones.
Reveló que el mayor número de agresiones a periodistas se registra en 13 estados de la república, como son Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Guerrero, Durango, Oaxaca y Michoacán, así como Nuevo León, Tabasco, Coahuila y Sonora, causalmente entidades donde se presenta con mayor intensidad el fenómeno del narcotráfico.
“Lo que permite que aumenten los casos de violencia contra los periodistas, que conlleva a la manipulación, la afrenta a las instituciones y a la sociedad en general, es la impunidad, padecimiento que alienta y retroalimenta la inseguridad”, sostuvo.
Al participar en el foro “Reforma Política, ¿Sin Reforma de Medios?”, efectuado en el recinto legislativo de San Lázaro, la diputada del PAN agregó que las intimidaciones, amenazas, la violencia, asesinatos, las desapariciones forzadas que han sufrido muchos periodistas y medios de comunicación, “son síntomas del deterioro de los valores del mutuo respeto y la tolerancia que como sociedad debemos brindarnos”.
En ese sentido, dijo que para contrarrestar las agresiones a la prensa se tiene la obligación ineludible de garantizar que los crímenes sean investigados y sancionados de forma efectiva; que los responsables sean castigados, las denuncias de amenazas, acoso e intimidación reciban una pronta respuesta, y al mismo tiempo se tomen las medidas adecuadas para la seguridad de los periodistas.
Añadió que es inadmisible que los periodistas, víctimas de agresiones, opten por no denunciar, no dar cobertura a ciertos temas para garantizar su protección, incluso que algunos decidan no firmar sus notas, y en casos extremos que abandonen su labor periodística, “dejando de manifiesto que la prioridad ya no es transmitir la información, sino cuidar la integridad y seguridad de ellos y sus familias”.
De la lista de periodistas muertos, precisó que en los tres meses y medio que lleva este año son ya tres, mientras que en 2009 fueron 15 los asesinados y 244 agresiones, y en 2008 fueron 12 los decesos y más dos desapariciones.
Reveló que el mayor número de agresiones a periodistas se registra en 13 estados de la república, como son Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Guerrero, Durango, Oaxaca y Michoacán, así como Nuevo León, Tabasco, Coahuila y Sonora, causalmente entidades donde se presenta con mayor intensidad el fenómeno del narcotráfico.
“Lo que permite que aumenten los casos de violencia contra los periodistas, que conlleva a la manipulación, la afrenta a las instituciones y a la sociedad en general, es la impunidad, padecimiento que alienta y retroalimenta la inseguridad”, sostuvo.
Al participar en el foro “Reforma Política, ¿Sin Reforma de Medios?”, efectuado en el recinto legislativo de San Lázaro, la diputada del PAN agregó que las intimidaciones, amenazas, la violencia, asesinatos, las desapariciones forzadas que han sufrido muchos periodistas y medios de comunicación, “son síntomas del deterioro de los valores del mutuo respeto y la tolerancia que como sociedad debemos brindarnos”.
En ese sentido, dijo que para contrarrestar las agresiones a la prensa se tiene la obligación ineludible de garantizar que los crímenes sean investigados y sancionados de forma efectiva; que los responsables sean castigados, las denuncias de amenazas, acoso e intimidación reciban una pronta respuesta, y al mismo tiempo se tomen las medidas adecuadas para la seguridad de los periodistas.
Añadió que es inadmisible que los periodistas, víctimas de agresiones, opten por no denunciar, no dar cobertura a ciertos temas para garantizar su protección, incluso que algunos decidan no firmar sus notas, y en casos extremos que abandonen su labor periodística, “dejando de manifiesto que la prioridad ya no es transmitir la información, sino cuidar la integridad y seguridad de ellos y sus familias”.
Luciano Franco, La Crónica, 20 de abril.
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