El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) analiza desde hace dos meses solicitudes de jueces y magistrados que atienden casos de crimen organizado, quienes han demandado que sus escoltas sean militares, no agentes federales, debido a los actos de corrupción detectados en la Policía Federal (PF), pero los seis consejeros y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, aún no responden a esas peticiones.
De acuerdo con un alto funcionario del CJF –quien solicitó no mencionar su nombre–, esas peticiones han sido analizadas en sesiones privadas de la Judicatura Federal, pero la discusión está trabada porque algunos consejeros sostienen que los jueces deben realizar sus tareas con honestidad y sin temor, porque de nada sirve la protección de escoltas, militares o civiles, si la delincuencia decide agredirlos.
“A mediados de febrero recibimos la primera petición de un juez de procesos penales federales que no confía en los escoltas que le asignó la PF. Nos pide que los suplan militares. Después se han sumado más peticiones similares”, indicó la fuente consultada.
“Hasta el momento no se alcanza mayoría (en el pleno del CJF) de votos para autorizar la solicitud y pedir al Ejército que asigne escoltas a los jueces que lo solicitan”, agregó.
En su edición del pasado 22 de marzo, La Jornada informó, citando fuentes judiciales, que las amenazas contra jueces que revisan asuntos de narcotráfico los han motivado a solicitar que militares les proporcionen seguridad las 24 horas del día, para ellos y sus familiares, además de que han provocado problemas sicológicos en algunos impartidores de justicia, que ya no confían en los escoltas de la PF.
Esa versión fue confirmada el pasado martes, durante un foro realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del sexto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, expuso que casi 60 impartidores de justicia han expuesto que desean que sus guardaespaldas sean militares, no policías.
En la mesa redonda ¿Están protegidos nuestros jueces ante el narcotráfico?, Aguilar López explicó que éstos “tienen temor de que, si la delincuencia organizada ha permeado en las instituciones y, entre otras, a la policía, que sean sus propios cuidadores quienes tarde que temprano podrían agredirlos”.
Estadísticas oficiales revelan el miedo que tienen muchos jueces ante la posibilidad de ser agredidos por el crimen organizado.
En su edición del pasado 31 de marzo, este diario dio a conocer que el estrés derivado del incremento de amenazas contra jueces y magistrados que llevan procesos relacionados con casos de delincuencia organizada ha provocado un aumento de 29 por ciento (entre 2006 y 2009) en las peticiones que éstos han presentado al CJF para que los reasignen a tribunales que atienden otros casos o a estados de la República con escasa presencia de asuntos ligados al narcotráfico.
De acuerdo con un alto funcionario del CJF –quien solicitó no mencionar su nombre–, esas peticiones han sido analizadas en sesiones privadas de la Judicatura Federal, pero la discusión está trabada porque algunos consejeros sostienen que los jueces deben realizar sus tareas con honestidad y sin temor, porque de nada sirve la protección de escoltas, militares o civiles, si la delincuencia decide agredirlos.
“A mediados de febrero recibimos la primera petición de un juez de procesos penales federales que no confía en los escoltas que le asignó la PF. Nos pide que los suplan militares. Después se han sumado más peticiones similares”, indicó la fuente consultada.
“Hasta el momento no se alcanza mayoría (en el pleno del CJF) de votos para autorizar la solicitud y pedir al Ejército que asigne escoltas a los jueces que lo solicitan”, agregó.
En su edición del pasado 22 de marzo, La Jornada informó, citando fuentes judiciales, que las amenazas contra jueces que revisan asuntos de narcotráfico los han motivado a solicitar que militares les proporcionen seguridad las 24 horas del día, para ellos y sus familiares, además de que han provocado problemas sicológicos en algunos impartidores de justicia, que ya no confían en los escoltas de la PF.
Esa versión fue confirmada el pasado martes, durante un foro realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del sexto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, expuso que casi 60 impartidores de justicia han expuesto que desean que sus guardaespaldas sean militares, no policías.
En la mesa redonda ¿Están protegidos nuestros jueces ante el narcotráfico?, Aguilar López explicó que éstos “tienen temor de que, si la delincuencia organizada ha permeado en las instituciones y, entre otras, a la policía, que sean sus propios cuidadores quienes tarde que temprano podrían agredirlos”.
Estadísticas oficiales revelan el miedo que tienen muchos jueces ante la posibilidad de ser agredidos por el crimen organizado.
En su edición del pasado 31 de marzo, este diario dio a conocer que el estrés derivado del incremento de amenazas contra jueces y magistrados que llevan procesos relacionados con casos de delincuencia organizada ha provocado un aumento de 29 por ciento (entre 2006 y 2009) en las peticiones que éstos han presentado al CJF para que los reasignen a tribunales que atienden otros casos o a estados de la República con escasa presencia de asuntos ligados al narcotráfico.
Alfredo Méndez, La Jornada, 22 de abril.
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