El diputado del PT, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió ayer que es urgente reformar la Constitución antes de aprobar cualquier reforma a la Ley de Radio y Televisión.
Durante la sesión, Muñoz Ledo presentó una iniciativa para facultar expresamente en la Carta Magna al Congreso a legislar en materia de espectro radioeléctrico y establecer los principios bajo los que deberá guiarse la rectoría del Estado sobre el espectro y los medios de comunicación.
La propuesta que modifica los artículos 6, 7, 27 y 73 constitucionales, plantea que el espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, "inalienable e imprescriptible" y que ninguna de las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias, que accedan a su aprovechamiento podrán concentrar más del 25 por ciento de las frecuencias.
"La vigilancia de las concesiones y permisos de la radiodifusión, televisión y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público autónomo de participación ciudadana creado por el Congreso", señala la propuesta de redacción del artículo 27.
La iniciativa establece en el artículo 6 que se reconocen y garantizan los derechos a la información y a la libre expresión.
Los medios de comunicación electrónica, se agrega en el artículo 7, son de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta Constitución.
En las consideraciones, Muñoz Ledo explicó que en un principio el Estado utilizó a los medios como factor de legitimación política, otorgando concesiones muy ventajosas para los dueños de las empresas mediáticas.
Pero, precisó, con el transcurso del tiempo, el poder económico de los medios creció desmesuradamente, su capacidad de dominio y penetración rebasó en muchos sentidos al aparato estatal y a la política, constituyéndose en un poder que manifestó abiertamente sus pretensiones de imperar sobre la vida pública del país.
Durante la sesión, Muñoz Ledo presentó una iniciativa para facultar expresamente en la Carta Magna al Congreso a legislar en materia de espectro radioeléctrico y establecer los principios bajo los que deberá guiarse la rectoría del Estado sobre el espectro y los medios de comunicación.
La propuesta que modifica los artículos 6, 7, 27 y 73 constitucionales, plantea que el espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, "inalienable e imprescriptible" y que ninguna de las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias, que accedan a su aprovechamiento podrán concentrar más del 25 por ciento de las frecuencias.
"La vigilancia de las concesiones y permisos de la radiodifusión, televisión y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público autónomo de participación ciudadana creado por el Congreso", señala la propuesta de redacción del artículo 27.
La iniciativa establece en el artículo 6 que se reconocen y garantizan los derechos a la información y a la libre expresión.
Los medios de comunicación electrónica, se agrega en el artículo 7, son de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta Constitución.
En las consideraciones, Muñoz Ledo explicó que en un principio el Estado utilizó a los medios como factor de legitimación política, otorgando concesiones muy ventajosas para los dueños de las empresas mediáticas.
Pero, precisó, con el transcurso del tiempo, el poder económico de los medios creció desmesuradamente, su capacidad de dominio y penetración rebasó en muchos sentidos al aparato estatal y a la política, constituyéndose en un poder que manifestó abiertamente sus pretensiones de imperar sobre la vida pública del país.
Carole Simonnet, Claudia Salazar y Armando Estrop, Reforma, 21 de abril.
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