BUENOS AIRES.— Inmerso en la recta final de su largo gobierno, con dos candidatos que prometen o bien mantenerlo o mejorarlo, al presidente Álvaro Uribe se le acerca ya el tiempo del balance de su gestión, la que parece concluir con altos índices de popularidad (68%), gracias a su política de seguridad, pero con cuestionamientos y claroscuros, fruto de diversos escándalos aún sin resolver.
Uribe es el presidente más popular de la historia contemporánea de Colombia, pero también el más controvertido. Cuando el próximo 7 de agosto abandone la presidencia, después de que la Corte Suprema terminara por frustrarle su ansiada nueva reelección, podrá mostrar el índice más bajo de inseguridad de los últimos 20 años, el abrupto descenso de la tasa de secuestros de 3 mil 572 en 2002 a poco menos de 300 casos en 2009, según los números que maneja en Naciones Unidas y el GULA de la Policía Nacional.
Lo mismo ocurrió con los desplazados, uno de los grandes dramas que sufrió el país en los últimos 15 años. El número de personas que debió abandonar el conflicto durante 2009 fue de 107 mil contra los 185 mil de 2008, de acuerdo a los datos del propio gobierno, resultado directo del exitoso acorralamiento de la guerrilla y de los certeros golpes que el Ejército le propinó a las FARC durante el gobierno de Uribe. En ese cúmulo de cifras y en las electorales radican los éxitos de Uribe. La alta popularidad obedece a su “mano dura”, su decisión de acabar con la insurgencia y la recuperación de miles de kilómetros cuadrados de territorio, por lo que transitar siempre era una empresa riesgosa, para los colombianos.
Pero esos éxitos gubernamentales no estuvieron exentos de escándalos. Los pleitos del presidente con la Justicia (tanto con la Corte Constitucional como con la Suprema) fueron casi apoteósicos y la consecución de su proyecto dejó a medio centenar de legisladores de su partido, expulsados del Congreso o en la cárcel por haber sido elegidos con el apoyo de los paramilitares.
“Fueron los años en lo que los paramilitares hicieron de las suyas, ingresaron al Congreso, como Juan por su casa”, sostiene el antropólogo Alfredo Molano. Tampoco la política de seguridad democrática, ni las reiteradas extradiciones a Estados Unidos, alcanzaron para erradicar el narcotráfico. Hay que recorrer con atención las calles y barrios de Medellín para confirmar que ahí donde yace entre ruinas gran parte del legado de Pablo Escobar, se pasean nuevos capos del narco.
Su ex ministro de Defensa, Sabas Pretelt, fue procesado judicialmente por la causa que se conoce como la “Yidis política”, la confesión de la congresista Yidis Medina de que para avalar la reforma constitucional que le permitió a Uribe reelegirse en 2006, fue sobornada. Una causa que como la de los “falsos positivos”, —jóvenes de estratos sociales bajos fueron fusilados y presentados como guerrilleros—, puede traerle más de un dolor de cabeza a varios conspicuos funcionarios del uribismo y hasta el propio presidente. “Eso aquí y en todo el mundo es una violación a los derechos humanos y esos son delitos que internacionalmente no prescriben”, recuerda el analista Bernardo Gutiérrez.
En materia económica, el legado de Uribe no termina siendo el mejor. El número de pobres es de 45.5% y el de indigentes ronda el 16.4%, en una situación que Jorge González del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), describe como “dramática y preocupante”.
Uribe es el presidente más popular de la historia contemporánea de Colombia, pero también el más controvertido. Cuando el próximo 7 de agosto abandone la presidencia, después de que la Corte Suprema terminara por frustrarle su ansiada nueva reelección, podrá mostrar el índice más bajo de inseguridad de los últimos 20 años, el abrupto descenso de la tasa de secuestros de 3 mil 572 en 2002 a poco menos de 300 casos en 2009, según los números que maneja en Naciones Unidas y el GULA de la Policía Nacional.
Lo mismo ocurrió con los desplazados, uno de los grandes dramas que sufrió el país en los últimos 15 años. El número de personas que debió abandonar el conflicto durante 2009 fue de 107 mil contra los 185 mil de 2008, de acuerdo a los datos del propio gobierno, resultado directo del exitoso acorralamiento de la guerrilla y de los certeros golpes que el Ejército le propinó a las FARC durante el gobierno de Uribe. En ese cúmulo de cifras y en las electorales radican los éxitos de Uribe. La alta popularidad obedece a su “mano dura”, su decisión de acabar con la insurgencia y la recuperación de miles de kilómetros cuadrados de territorio, por lo que transitar siempre era una empresa riesgosa, para los colombianos.
Pero esos éxitos gubernamentales no estuvieron exentos de escándalos. Los pleitos del presidente con la Justicia (tanto con la Corte Constitucional como con la Suprema) fueron casi apoteósicos y la consecución de su proyecto dejó a medio centenar de legisladores de su partido, expulsados del Congreso o en la cárcel por haber sido elegidos con el apoyo de los paramilitares.
“Fueron los años en lo que los paramilitares hicieron de las suyas, ingresaron al Congreso, como Juan por su casa”, sostiene el antropólogo Alfredo Molano. Tampoco la política de seguridad democrática, ni las reiteradas extradiciones a Estados Unidos, alcanzaron para erradicar el narcotráfico. Hay que recorrer con atención las calles y barrios de Medellín para confirmar que ahí donde yace entre ruinas gran parte del legado de Pablo Escobar, se pasean nuevos capos del narco.
Su ex ministro de Defensa, Sabas Pretelt, fue procesado judicialmente por la causa que se conoce como la “Yidis política”, la confesión de la congresista Yidis Medina de que para avalar la reforma constitucional que le permitió a Uribe reelegirse en 2006, fue sobornada. Una causa que como la de los “falsos positivos”, —jóvenes de estratos sociales bajos fueron fusilados y presentados como guerrilleros—, puede traerle más de un dolor de cabeza a varios conspicuos funcionarios del uribismo y hasta el propio presidente. “Eso aquí y en todo el mundo es una violación a los derechos humanos y esos son delitos que internacionalmente no prescriben”, recuerda el analista Bernardo Gutiérrez.
En materia económica, el legado de Uribe no termina siendo el mejor. El número de pobres es de 45.5% y el de indigentes ronda el 16.4%, en una situación que Jorge González del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), describe como “dramática y preocupante”.
José Vales corresponsal, El Universal, 16 de mayo.
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