A una semana de saberse quién será el próximo presidente de Colombia, la carrera a contrarreloj para Álvaro Uribe, quien abandona el poder después de ocho años de mandato, y para los dos aspirantes a sucederlo, Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, se puso más que intensa.
Mockus, aspirante por el Partido Verde, y Santos, representante del partido de La U —que llevó a Uribe al poder en dos ocasiones— cerraron ayer sus campañas en plaza pública y ahora deberán limitarse a intervenir en recintos cerrados. Ambos no sólo cuentan los días que les quedan para captar electores, sino que hacen cálculos de cuánto tenían y cuánto deberán tener para llegar al poder.
En teoría, Santos arranca con una ventaja más que sólida porque obtuvo 6’758,417 votos en la primera vuelta, frente a 3’120,467 votos de Mockus. La encuesta divulgada el viernes por la firma Gallup le dio 66.5 % de favoralivilidad frente a 27.4 % de Mockus.
Sin embargo, el candidato de La U tiene en su contra dos grandes enemigos: la tradicional abstención que ronda el 55 por ciento y el Mundial de futbol. Y es que en un país donde ya de por sí es difícil sacar a la gente a votar un domingo, la lucha va a ser dura porque más de uno ya está pensando dónde ir a ver Brasil-Costa de Marfil e Italia-Nueva Zelanda.
En el papel, obtener 51 por ciento de los votos va a ser fácil porque cuenta con adhesiones importantes en lo que ha llamado un “Acuerdo Nacional”. A sus filas se pasaron el partido Conservador; buena parte de los congresistas liberales y tiene el apoyo de Germán Vargas, quien obtuvo 1.5 millones de votos el 30 de mayo (tercer puesto) y representa al partido Cambio Radical. Si los cálculos son efectivos, Santos estaría muy cerca de los 7’397,835 de votos obtenidos por Uribe cuando fue reelegido en mayo de 2006.
Pero Mockus, que es matemático, planteó el 3x3, que consiste en que cada uno de sus seguidores consiga tres votos entre simpatizantes de los Verdes, reclute a tres abstencionistas y convenza a tres militantes de partidos que no pasaron a la segunda vuelta.
Los Verdes cometieron lo que varios analistas políticos califican un error de táctica que les puede costar las elecciones y fue rechazar las adhesiones de partidos como el Polo Democrático (izquierda), que les podría haber representado más de un millón de votos. Mockus, fundamentándose en su discurso de “legalidad democrática”, aseguró que no quería alianzas políticas sino personales. Así podría evitar que quienes le dieran su apoyo como partido, le quisieran cobrar el favor exigiéndole cuotas en el gobierno.
La idea de principio suena bien, pero su discurso de “legalidad” ha caido mal entre la gente del común que se sintió ofendida con su discurso del 30 mayo, cuando él y sus seguidores corearon el “yo vine porque quise, no porque me pagaron”. Seguidores de partidos de oposición a Uribe como el Liberal y el Polo Democrático, tomaron mal estas arengas y aunque se sienten identificados con algunas ideas Verdes y quisieran derrotar a Santos, prefieren apostarle al voto en blanco o a la abstención siguiendo las directivas de los jefes de sus partidos, Rafael Pardo y Gustavo Petro.
Por su parte Uribe, cuenta los días que le faltan para dejar la Casa de Nariño y se dio a la tarea de entregar cada sábado un balance de su gestión en los consejos comunitarios que realizó cada semana desde que asumió su cargo el 7 de agosto de 2002. Sin embargo, se va en medio de escándalos: su pelea con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Rama Judicial; y la polémica por las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una agencia de inteligencia estatal que realizó seguimientos a magistrados, periodistas y políticos de oposición.
Para Uribe, la gestión de jueces y fiscales no es la mejor, en especial en el tema de la entrega de beneficios como casa por cárcel. El último enfrentamiento se dio por la orden dictada contra Mario Aranguren, ex director de la Unidad Investigativa de Análisis Financiero (Uiaf), del Ministerio de Hacienda, quien está está preso por los seguimientos realizados a las actividades económicas de varios magistrados de la CSJ que tendrían nexos con un reconocido narcotraficante.
El presidente cuestionó la medida y la calificó como injusta. El Ministerio del Interior y Justicia denunció que la juez había liberado el año pasado a 11 narcotraficantes, de los cuales siete habían reconocido su culpabilidad. Por eso, el gobierno ha planteado el debate sobre si es más peligroso un narco o un funcionario que sólo ha cumplido con su deber.
A esto se suma la condena a 30 años de prisión al coronel ( r) Alfonso Plazas, por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia atacado hace 25 años por la guerrilla del M-19. Uribe cuestionó a los jueces y dijo que la situación genera un clima de inseguridad jurídica. Sus palabras no cayeron muy bien en la ONU que respaldó la decisión judicial por considerarla un paso contra la impunidad.
Pero en medio de los reclamos de lado y lado, la semana terminó con gestos de buena voluntad por parte del Ejecutivo y el Judicial. A fin de cuentas, faltan 52 días para que Uribe termine su mandato, su sucesor y la Corte lanzarán de nuevo las cartas porque saben que durante cuatro años deberán trabajar juntos pues la Constitución ordena una “cooperación armónica” entre poderes.
Clara Isabel Vélez Rincón. Medellín, Milenio, 14 de junio.
Mockus, aspirante por el Partido Verde, y Santos, representante del partido de La U —que llevó a Uribe al poder en dos ocasiones— cerraron ayer sus campañas en plaza pública y ahora deberán limitarse a intervenir en recintos cerrados. Ambos no sólo cuentan los días que les quedan para captar electores, sino que hacen cálculos de cuánto tenían y cuánto deberán tener para llegar al poder.
En teoría, Santos arranca con una ventaja más que sólida porque obtuvo 6’758,417 votos en la primera vuelta, frente a 3’120,467 votos de Mockus. La encuesta divulgada el viernes por la firma Gallup le dio 66.5 % de favoralivilidad frente a 27.4 % de Mockus.
Sin embargo, el candidato de La U tiene en su contra dos grandes enemigos: la tradicional abstención que ronda el 55 por ciento y el Mundial de futbol. Y es que en un país donde ya de por sí es difícil sacar a la gente a votar un domingo, la lucha va a ser dura porque más de uno ya está pensando dónde ir a ver Brasil-Costa de Marfil e Italia-Nueva Zelanda.
En el papel, obtener 51 por ciento de los votos va a ser fácil porque cuenta con adhesiones importantes en lo que ha llamado un “Acuerdo Nacional”. A sus filas se pasaron el partido Conservador; buena parte de los congresistas liberales y tiene el apoyo de Germán Vargas, quien obtuvo 1.5 millones de votos el 30 de mayo (tercer puesto) y representa al partido Cambio Radical. Si los cálculos son efectivos, Santos estaría muy cerca de los 7’397,835 de votos obtenidos por Uribe cuando fue reelegido en mayo de 2006.
Pero Mockus, que es matemático, planteó el 3x3, que consiste en que cada uno de sus seguidores consiga tres votos entre simpatizantes de los Verdes, reclute a tres abstencionistas y convenza a tres militantes de partidos que no pasaron a la segunda vuelta.
Los Verdes cometieron lo que varios analistas políticos califican un error de táctica que les puede costar las elecciones y fue rechazar las adhesiones de partidos como el Polo Democrático (izquierda), que les podría haber representado más de un millón de votos. Mockus, fundamentándose en su discurso de “legalidad democrática”, aseguró que no quería alianzas políticas sino personales. Así podría evitar que quienes le dieran su apoyo como partido, le quisieran cobrar el favor exigiéndole cuotas en el gobierno.
La idea de principio suena bien, pero su discurso de “legalidad” ha caido mal entre la gente del común que se sintió ofendida con su discurso del 30 mayo, cuando él y sus seguidores corearon el “yo vine porque quise, no porque me pagaron”. Seguidores de partidos de oposición a Uribe como el Liberal y el Polo Democrático, tomaron mal estas arengas y aunque se sienten identificados con algunas ideas Verdes y quisieran derrotar a Santos, prefieren apostarle al voto en blanco o a la abstención siguiendo las directivas de los jefes de sus partidos, Rafael Pardo y Gustavo Petro.
Por su parte Uribe, cuenta los días que le faltan para dejar la Casa de Nariño y se dio a la tarea de entregar cada sábado un balance de su gestión en los consejos comunitarios que realizó cada semana desde que asumió su cargo el 7 de agosto de 2002. Sin embargo, se va en medio de escándalos: su pelea con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Rama Judicial; y la polémica por las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una agencia de inteligencia estatal que realizó seguimientos a magistrados, periodistas y políticos de oposición.
Para Uribe, la gestión de jueces y fiscales no es la mejor, en especial en el tema de la entrega de beneficios como casa por cárcel. El último enfrentamiento se dio por la orden dictada contra Mario Aranguren, ex director de la Unidad Investigativa de Análisis Financiero (Uiaf), del Ministerio de Hacienda, quien está está preso por los seguimientos realizados a las actividades económicas de varios magistrados de la CSJ que tendrían nexos con un reconocido narcotraficante.
El presidente cuestionó la medida y la calificó como injusta. El Ministerio del Interior y Justicia denunció que la juez había liberado el año pasado a 11 narcotraficantes, de los cuales siete habían reconocido su culpabilidad. Por eso, el gobierno ha planteado el debate sobre si es más peligroso un narco o un funcionario que sólo ha cumplido con su deber.
A esto se suma la condena a 30 años de prisión al coronel ( r) Alfonso Plazas, por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia atacado hace 25 años por la guerrilla del M-19. Uribe cuestionó a los jueces y dijo que la situación genera un clima de inseguridad jurídica. Sus palabras no cayeron muy bien en la ONU que respaldó la decisión judicial por considerarla un paso contra la impunidad.
Pero en medio de los reclamos de lado y lado, la semana terminó con gestos de buena voluntad por parte del Ejecutivo y el Judicial. A fin de cuentas, faltan 52 días para que Uribe termine su mandato, su sucesor y la Corte lanzarán de nuevo las cartas porque saben que durante cuatro años deberán trabajar juntos pues la Constitución ordena una “cooperación armónica” entre poderes.
Clara Isabel Vélez Rincón. Medellín, Milenio, 14 de junio.
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