El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, salió en defensa de los altos funcionarios vinculados con el incendio en la guardería ABC de Hermosillo (el cual causó la muerte de 49 niños, y lesiones a 104) y aseveró que en los días previos al fallo acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a conversar con los ministros en una acción “de buena fe, sin vergüenza, y no para litigar en contra de los padres” de las víctimas.
El jueves el funcionario calificó de “pulcra” la resolución del máximo tribunal del país, y ayer hizo un amplio planteamiento para refrendar la posición del gobierno en el sentido de que personajes como Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, no tienen responsabilidad en la tragedia del 5 de junio de 2009:
“En serio, ¿un escalamiento no reglado, abstracto (acerca) de la responsabilidad política, ética y moral es la solución?... ¿Acaso un dolor tan profundo (por las víctimas) se aliviará con una injusticia?”, cuestionó Gómez Mont, en referencia a que castigar a altos funcionarios no sería un acto justo.
El secretario fijó en conferencia de prensa la posición de la dependencia en torno a las conclusiones de la Corte, instancia que no avaló desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS, sino violaciones graves de garantías individuales.
Esa resolución, señaló, no interrumpe la investigación en curso ni anula los procesos penales que las procuradurías –General de la República y de Justicia de Sonora– han consignado ante los tribunales, en los que se involucra a 17 personas en el fuero federal y siete en el local.
En atención al dictamen de la SCJN, el gobierno se compromete a promover una nueva ley de protección civil y a brindar atención vitalicia a los niños lesionados, así como a los familiares de los fallecidos.
Lo anterior, afirmó, con el fin de que esta situación “tragiquísima” se inserte en la memoria colectiva y sirva de catalizador de cambios que eviten otra desgracia.
No obstante, el responsable de la política interna señaló que es “muy poco probable” que las autoridades de procuración de justicia amplíen su investigación a funcionarios de alto nivel o de aquellos no señalados por la Corte. “Uno (cada servidor público) debe responder por el tramo de control que tiene”, insistió.
Durante los días previos al dictamen, el secretario de Gobernación acudió sistemáticamente a visitar a los ministros, actividad que, según el funcionario, está en el ámbito de sus atribuciones como representante del Ejecutivo federal ante los otros dos poderes de la Unión.
Al gobierno le preocupaba que el proyecto del ministro ponente buscara cimentar responsabilidades fuera del marco de la ley y se fijaran criterios con base en valoraciones éticas y morales.
Según el criterio de Gómez Mont (coincidente con el de la mayoría de los ministros), la responsabilidad de los funcionarios tiene que ver con la cercanía del lugar de los hechos.
“Al final, como toda pirámide, en los puestos de los altos mandos también hay una distancia sobre la operación, y eso es reconocido por la Corte y por el sistema de reglas”, expresó.
Expuso que en una primera revisión a las guarderías se tendrá que hacer compatible la existencia de fallas con la posibilidad de que las mismas sean subsanadas, porque no se pueden cerrar estos centros sólo porque haya irregularidades, ya que esas estancias “son espacios emancipadores, sobre todo de las mujeres de este país”.
Añadió que es muy “empático y muy respetuoso” del dolor de los padres de los niños que murieron, por lo cual se harán diversos cambios para evitar que las tragedias se repitan.
Sin embargo, insistió que en sus constantes visitas a la Corte “no fuimos a defender a nadie”, sino a pedir que se aplicaran reglas razonables. Fue entonces cuando pidió que se reflexione en el sentido de que escalar las responsabilidades de los funcionarios no aliviará un dolor tan profundo.
“Entiendo el enojo y la frustración. Yo tengo una hija. A cualquiera de nosotros que tenemos el privilegio de la paternidad es una tragedia que nos toca profundamente”, expresó.
El jueves el funcionario calificó de “pulcra” la resolución del máximo tribunal del país, y ayer hizo un amplio planteamiento para refrendar la posición del gobierno en el sentido de que personajes como Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, no tienen responsabilidad en la tragedia del 5 de junio de 2009:
“En serio, ¿un escalamiento no reglado, abstracto (acerca) de la responsabilidad política, ética y moral es la solución?... ¿Acaso un dolor tan profundo (por las víctimas) se aliviará con una injusticia?”, cuestionó Gómez Mont, en referencia a que castigar a altos funcionarios no sería un acto justo.
El secretario fijó en conferencia de prensa la posición de la dependencia en torno a las conclusiones de la Corte, instancia que no avaló desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS, sino violaciones graves de garantías individuales.
Esa resolución, señaló, no interrumpe la investigación en curso ni anula los procesos penales que las procuradurías –General de la República y de Justicia de Sonora– han consignado ante los tribunales, en los que se involucra a 17 personas en el fuero federal y siete en el local.
En atención al dictamen de la SCJN, el gobierno se compromete a promover una nueva ley de protección civil y a brindar atención vitalicia a los niños lesionados, así como a los familiares de los fallecidos.
Lo anterior, afirmó, con el fin de que esta situación “tragiquísima” se inserte en la memoria colectiva y sirva de catalizador de cambios que eviten otra desgracia.
No obstante, el responsable de la política interna señaló que es “muy poco probable” que las autoridades de procuración de justicia amplíen su investigación a funcionarios de alto nivel o de aquellos no señalados por la Corte. “Uno (cada servidor público) debe responder por el tramo de control que tiene”, insistió.
Durante los días previos al dictamen, el secretario de Gobernación acudió sistemáticamente a visitar a los ministros, actividad que, según el funcionario, está en el ámbito de sus atribuciones como representante del Ejecutivo federal ante los otros dos poderes de la Unión.
Al gobierno le preocupaba que el proyecto del ministro ponente buscara cimentar responsabilidades fuera del marco de la ley y se fijaran criterios con base en valoraciones éticas y morales.
Según el criterio de Gómez Mont (coincidente con el de la mayoría de los ministros), la responsabilidad de los funcionarios tiene que ver con la cercanía del lugar de los hechos.
“Al final, como toda pirámide, en los puestos de los altos mandos también hay una distancia sobre la operación, y eso es reconocido por la Corte y por el sistema de reglas”, expresó.
Expuso que en una primera revisión a las guarderías se tendrá que hacer compatible la existencia de fallas con la posibilidad de que las mismas sean subsanadas, porque no se pueden cerrar estos centros sólo porque haya irregularidades, ya que esas estancias “son espacios emancipadores, sobre todo de las mujeres de este país”.
Añadió que es muy “empático y muy respetuoso” del dolor de los padres de los niños que murieron, por lo cual se harán diversos cambios para evitar que las tragedias se repitan.
Sin embargo, insistió que en sus constantes visitas a la Corte “no fuimos a defender a nadie”, sino a pedir que se aplicaran reglas razonables. Fue entonces cuando pidió que se reflexione en el sentido de que escalar las responsabilidades de los funcionarios no aliviará un dolor tan profundo.
“Entiendo el enojo y la frustración. Yo tengo una hija. A cualquiera de nosotros que tenemos el privilegio de la paternidad es una tragedia que nos toca profundamente”, expresó.
Fabiola Martínez, La Jornada, 19 de junio.
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