La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE) aplicó medidas cautelares para que el gobierno federal retire los espots transmitidos en radio y televisión donde manifiesta logros en creación de empleos y construcción de hospitales en Puebla, Tlaxcala y Morelos, porque “violan la Constitución al beneficiar a los candidatos del PAN” en 13 estados donde habrá comicios.
El órgano electoral, encabezado por Marco Antonio Baños, consideró válidos los argumentos del PRI, que en semanas anteriores denunció que el gobierno federal difundía los promocionales en Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Durango y Puebla.
Tal hecho viola el artículo 41 de la Carta Magna, que prohíbe la promoción gubernamental en entidades donde se realizan procesos electorales.
El pasado 18 de mayo, el Consejo General del IFE emitió una recomendación al gobierno federal para que sacara del aire los espots referentes a la generación de empleo y a la construcción de puentes. El llamado fue desoído, por lo que el PRI, mediante su sistema de monitoreo, informó a la comisión de quejas del instituto electoral que los promocionales seguían transmitiéndose.
Por tal razón, la medianoche del jueves, los consejeros Marco Antonio Baños, Marco Gómez y Virgilio Andrade se reunieron en el IFE para determinar las acciones que se seguirían en torno al tema. Acordaron aplicar medidas cautelares y exigir al gobierno federal –por medio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía– y a las radiodifusoras públicas y privadas que saquen de sus pautas los dos espots que afectan la competencia política en 13 entidades.
A partir de la determinación, las autoridades federales y las empresas de comunicación electrónica están obligadas a cancelar la transmisión de dichos promocionales; en caso contrario, el Consejo General, de acuerdo con sus facultades, podría aplicar multas a quienes violen el artículo 41 de la Constitución.
Más tarde, la representación del PAN ante el IFE solicitó formalmente al contralor del instituto, Gregorio Guerrero, que empiece un proceso de revisión de las determinaciones asumidas por los consejeros Marco Antonio Baños, Marco Gómez y Virgilio Andrade, por considerar anómala la decisión de emprender medidas cautelares contra los espots del gobierno federal.
El órgano electoral, encabezado por Marco Antonio Baños, consideró válidos los argumentos del PRI, que en semanas anteriores denunció que el gobierno federal difundía los promocionales en Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Durango y Puebla.
Tal hecho viola el artículo 41 de la Carta Magna, que prohíbe la promoción gubernamental en entidades donde se realizan procesos electorales.
El pasado 18 de mayo, el Consejo General del IFE emitió una recomendación al gobierno federal para que sacara del aire los espots referentes a la generación de empleo y a la construcción de puentes. El llamado fue desoído, por lo que el PRI, mediante su sistema de monitoreo, informó a la comisión de quejas del instituto electoral que los promocionales seguían transmitiéndose.
Por tal razón, la medianoche del jueves, los consejeros Marco Antonio Baños, Marco Gómez y Virgilio Andrade se reunieron en el IFE para determinar las acciones que se seguirían en torno al tema. Acordaron aplicar medidas cautelares y exigir al gobierno federal –por medio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía– y a las radiodifusoras públicas y privadas que saquen de sus pautas los dos espots que afectan la competencia política en 13 entidades.
A partir de la determinación, las autoridades federales y las empresas de comunicación electrónica están obligadas a cancelar la transmisión de dichos promocionales; en caso contrario, el Consejo General, de acuerdo con sus facultades, podría aplicar multas a quienes violen el artículo 41 de la Constitución.
Más tarde, la representación del PAN ante el IFE solicitó formalmente al contralor del instituto, Gregorio Guerrero, que empiece un proceso de revisión de las determinaciones asumidas por los consejeros Marco Antonio Baños, Marco Gómez y Virgilio Andrade, por considerar anómala la decisión de emprender medidas cautelares contra los espots del gobierno federal.
Roberto Garduño, La Jornada, 12 de junio.
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