Amnistía Internacional (AI) respaldó la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la cual señaló a militares como responsables de la muerte de los menores Bryan y Martín Almanza, asesinados en una carretera en Tamaulipas.
Después de que la Sedena dio a conocer los resultados de la investigación, en la cual señala que los menores fallecieron víctimas de un fuego cruzado, y de que la CNDH señalara múltiples inconsistencias en la indagación presentada por la dependencia federal, AI consideró que este caso es un llamado para que las autoridades civiles sean las que investiguen el caso.
“Éste es un duro recordatorio de que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que se implica a personal militar deben ser investigados de manera minuciosa, transparente e imparcial y juzgados por el sistema de justicia civil”, dijo Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas del organismo internacional.
Ante la recomendación 36/2010 emitida por la comisión nacional, Amnistía Internacional señaló que “la fabricación de la evidencia, señalada por esta investigación de la CNDH, ilustra las graves fallas de las investigaciones militares y quizá explica por qué tan pocos casos son procesados, a pesar del incremento de acusaciones de abusos militares desde diciembre de 2006,”.
Además, Howard exhortó al gobierno federal para que no debilite la investigación de la CNDH y que apoye una investigación penal civil completa e imparcial.
“La evidencia presentada por el reporte de la CNDH muestra que los investigadores militares ignoraron el hecho de que la evidencia fue alterada, y que las autoridades y oficiales militares y de la Procuraduría General de la República (PGR) se negaron a cooperar con la investigación de la CNDH”.
El organismo internacional manifestó su preocupación de que los abusos por parte de militares en México sean investigados y juzgados por la jurisdicción militar, dejando a las víctimas y sus familiares sin acceso a la justicia.
“Ha llegado el momento de terminar con la protección ilimitada que otorga el sistema de justicia militar a los soldados y oficiales involucrados en violaciones de derechos humanos y que evita que rindan cuentas.”
Después de que la Sedena dio a conocer los resultados de la investigación, en la cual señala que los menores fallecieron víctimas de un fuego cruzado, y de que la CNDH señalara múltiples inconsistencias en la indagación presentada por la dependencia federal, AI consideró que este caso es un llamado para que las autoridades civiles sean las que investiguen el caso.
“Éste es un duro recordatorio de que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que se implica a personal militar deben ser investigados de manera minuciosa, transparente e imparcial y juzgados por el sistema de justicia civil”, dijo Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas del organismo internacional.
Ante la recomendación 36/2010 emitida por la comisión nacional, Amnistía Internacional señaló que “la fabricación de la evidencia, señalada por esta investigación de la CNDH, ilustra las graves fallas de las investigaciones militares y quizá explica por qué tan pocos casos son procesados, a pesar del incremento de acusaciones de abusos militares desde diciembre de 2006,”.
Además, Howard exhortó al gobierno federal para que no debilite la investigación de la CNDH y que apoye una investigación penal civil completa e imparcial.
“La evidencia presentada por el reporte de la CNDH muestra que los investigadores militares ignoraron el hecho de que la evidencia fue alterada, y que las autoridades y oficiales militares y de la Procuraduría General de la República (PGR) se negaron a cooperar con la investigación de la CNDH”.
El organismo internacional manifestó su preocupación de que los abusos por parte de militares en México sean investigados y juzgados por la jurisdicción militar, dejando a las víctimas y sus familiares sin acceso a la justicia.
“Ha llegado el momento de terminar con la protección ilimitada que otorga el sistema de justicia militar a los soldados y oficiales involucrados en violaciones de derechos humanos y que evita que rindan cuentas.”
Mirna Santiago, Milenio. 19 de junio.
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