HERMOSILLO.- Ante la eventual entrada en vigor en Arizona de la polémica ley 1070, que criminaliza a los migrantes indocumentados, el Gobierno de Sonora y la delegación del Instituto Nacional de Migración se declararon listos para enfrentar un posible incremento en la repatriación de connacionales.
César Bleizeffer, subsecretario B del Gobierno estatal, manifestó en rueda de prensa que 25 albergues de los municipios fronterizos fueron equipados con alimentos y personal para atender a los paisanos que sean devueltos por esta frontera.
Además se dispone de 10 millones de pesos para invertir en el transporte de connacionales hacia sus estados de origen.
Bleizeffer externó que la presencia de elementos de seguridad se ha incrementado en municipios como Naco, Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado, y se ha estrechado la coordinación con DIF estatal y la Secretaría de Salud para la atención de los deportados.
La legislación 1070, conocida también como Ley Arizona, podría aplicarse a partir de este jueves a menos de que la Corte Federal de Distrito en Phoenix conceda la suspensión provisional de la ley, como lo piden el Gobierno de Estados Unidos y una coalición pro inmigrantes.
Alejandro Salas Domínguez, delegado en Sonora del INM, dijo que el año pasado registraron 215 mil eventos de repatriación por la frontera norte del estado y este año suman 91 mil, por lo que están preparados para recibir hasta el doble de esa cantidad.
"Tenemos el personal suficiente que trabaja las 24 horas para atender hasta el doble de la cantidad que atendemos hasta ahora. Pero no sabemos siquiera si se va a incrementar el número de repatriaciones", indicó.
El delegado del INM consideró que, de entrar en vigor la Ley 1070, las deportaciones de mexicanos podrían realizarse vía aérea, ya que actualmente existen dos vuelos diarios que llevan a 300 connacionales de Tucson a la Ciudad de México. O través de las garitas de Tamaulipas o Coahuila, donde éstas son mínimas.
En tanto, el Gobierno de Michoacán informó que cuenta con un fondo de 16 millones de pesos para operar un plan emergente en 60 municipios ante el eventual retorno masivo de paisanos.
"Estamos preparando un proyecto piloto de auto empleo para los migrantes que, por alguna situación, decidan regresar o sean deportados por esta ley. Estamos trabajando en ello para que sea aplicado en proyectos productivos", explicó Zaira Mandujano, titular de la Secretaría del Migrante.
Pide Senado protección
Senadores de oposición demandaron ayer al Gobierno federal tomar medidas ante la inminente aplicación de la Ley 1070 en Arizona, que provocará el regreso masivo de miles y hasta millones de mexicanos indocumentados.
Silvano Aureoles, vicecoordinador del PRD en el Senado, pidió poner en marcha diversas acciones en materia de seguridad y atención social para recibir a los connacionales que sean deportados por el Gobierno de Estados Unidos o que regresen a territorio nacional huyendo de la criminalización que implica la nueva legislación.
En tanto el senador del Partido Verde, Arturo Escobar, señaló que para este tipo de prevenciones será necesario que los tres niveles de gobierno e incluso el Congreso de la Unión se coordinen para hacer una mejor labor.
"Estaremos atentos y daremos el apoyo a los connacionales que así lo soliciten desde el punto de vista jurídico y legislativo y apoyando nuestro Gobierno federal para las gestiones que esté haciendo para dar un frente unido en este tema que precisamente aglutina a todos los mexicanos en una causa común", advirtió el panista Gustavo Madero, quien se presentó públicamente portando un botón de rechazo a la ley.
Rolando Chacón, Adán García, Armando Estrop y Claudia Guerrero, Milenio, 28 de julio.
César Bleizeffer, subsecretario B del Gobierno estatal, manifestó en rueda de prensa que 25 albergues de los municipios fronterizos fueron equipados con alimentos y personal para atender a los paisanos que sean devueltos por esta frontera.
Además se dispone de 10 millones de pesos para invertir en el transporte de connacionales hacia sus estados de origen.
Bleizeffer externó que la presencia de elementos de seguridad se ha incrementado en municipios como Naco, Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado, y se ha estrechado la coordinación con DIF estatal y la Secretaría de Salud para la atención de los deportados.
La legislación 1070, conocida también como Ley Arizona, podría aplicarse a partir de este jueves a menos de que la Corte Federal de Distrito en Phoenix conceda la suspensión provisional de la ley, como lo piden el Gobierno de Estados Unidos y una coalición pro inmigrantes.
Alejandro Salas Domínguez, delegado en Sonora del INM, dijo que el año pasado registraron 215 mil eventos de repatriación por la frontera norte del estado y este año suman 91 mil, por lo que están preparados para recibir hasta el doble de esa cantidad.
"Tenemos el personal suficiente que trabaja las 24 horas para atender hasta el doble de la cantidad que atendemos hasta ahora. Pero no sabemos siquiera si se va a incrementar el número de repatriaciones", indicó.
El delegado del INM consideró que, de entrar en vigor la Ley 1070, las deportaciones de mexicanos podrían realizarse vía aérea, ya que actualmente existen dos vuelos diarios que llevan a 300 connacionales de Tucson a la Ciudad de México. O través de las garitas de Tamaulipas o Coahuila, donde éstas son mínimas.
En tanto, el Gobierno de Michoacán informó que cuenta con un fondo de 16 millones de pesos para operar un plan emergente en 60 municipios ante el eventual retorno masivo de paisanos.
"Estamos preparando un proyecto piloto de auto empleo para los migrantes que, por alguna situación, decidan regresar o sean deportados por esta ley. Estamos trabajando en ello para que sea aplicado en proyectos productivos", explicó Zaira Mandujano, titular de la Secretaría del Migrante.
Pide Senado protección
Senadores de oposición demandaron ayer al Gobierno federal tomar medidas ante la inminente aplicación de la Ley 1070 en Arizona, que provocará el regreso masivo de miles y hasta millones de mexicanos indocumentados.
Silvano Aureoles, vicecoordinador del PRD en el Senado, pidió poner en marcha diversas acciones en materia de seguridad y atención social para recibir a los connacionales que sean deportados por el Gobierno de Estados Unidos o que regresen a territorio nacional huyendo de la criminalización que implica la nueva legislación.
En tanto el senador del Partido Verde, Arturo Escobar, señaló que para este tipo de prevenciones será necesario que los tres niveles de gobierno e incluso el Congreso de la Unión se coordinen para hacer una mejor labor.
"Estaremos atentos y daremos el apoyo a los connacionales que así lo soliciten desde el punto de vista jurídico y legislativo y apoyando nuestro Gobierno federal para las gestiones que esté haciendo para dar un frente unido en este tema que precisamente aglutina a todos los mexicanos en una causa común", advirtió el panista Gustavo Madero, quien se presentó públicamente portando un botón de rechazo a la ley.
Rolando Chacón, Adán García, Armando Estrop y Claudia Guerrero, Milenio, 28 de julio.
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