Amnistía Internacional (AI) reconoció “la importancia” de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar la liberación de las 12 personas detenidas desde 2006 y sentenciadas por el supuesto secuestro de funcionarios públicos y policías en San Salvador Atenco, estado de México.
El resolutivo, agregó, no debería significar el fin del asunto, y debería servir como plataforma para que reparen a las víctimas por el “uso indebido” del sistema de justicia.
Además de que se garantice, dijo, que los funcionarios responsables “por esta grave injusticia” rindan cuentas.
El miércoles pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT ), que fueron detenidos y sentenciados de 31 a 112 años de prisión por los enfrentamientos y conflictos registrados en la comunidad de San Salvador Atenco, en febrero y mayo de 2006.
El líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, y sus compañeros, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, seguirán presos en el penal de alta seguridad del Altiplano, pues tienen cuatro procesos pendientes, informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública federal.
En un comunicado, Amnistía Internacional consideró que es esencial que este caso sirva “para concretar la transformación del sistema de justicia para terminar con la fabricación de procesos por motivos políticos y para garantizar el juicio justo”.
“Es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados en la desviación de la justicia”.
“Terminar con la impunidad en casos como estos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser un instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos”, dijo.
Amnistía Internacional recordó que la Corte concluyó en 2009 que “hubo graves violaciones de los derechos humanos cometidas por policías en San Salvador Atenco en 2006”.
También consideró que “ ni la justicia federal ni la estatal han avanzado para hacer rendir cuentas a los responsables”.
A raíz de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, AI publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Denegación de Justicia en el Estado de México “documentando la violencia sexual sufrida por varias de las detenidas”.
El resolutivo, agregó, no debería significar el fin del asunto, y debería servir como plataforma para que reparen a las víctimas por el “uso indebido” del sistema de justicia.
Además de que se garantice, dijo, que los funcionarios responsables “por esta grave injusticia” rindan cuentas.
El miércoles pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT ), que fueron detenidos y sentenciados de 31 a 112 años de prisión por los enfrentamientos y conflictos registrados en la comunidad de San Salvador Atenco, en febrero y mayo de 2006.
El líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, y sus compañeros, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, seguirán presos en el penal de alta seguridad del Altiplano, pues tienen cuatro procesos pendientes, informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública federal.
En un comunicado, Amnistía Internacional consideró que es esencial que este caso sirva “para concretar la transformación del sistema de justicia para terminar con la fabricación de procesos por motivos políticos y para garantizar el juicio justo”.
“Es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados en la desviación de la justicia”.
“Terminar con la impunidad en casos como estos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser un instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos”, dijo.
Amnistía Internacional recordó que la Corte concluyó en 2009 que “hubo graves violaciones de los derechos humanos cometidas por policías en San Salvador Atenco en 2006”.
También consideró que “ ni la justicia federal ni la estatal han avanzado para hacer rendir cuentas a los responsables”.
A raíz de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, AI publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Denegación de Justicia en el Estado de México “documentando la violencia sexual sufrida por varias de las detenidas”.
Miguel Ángel Sosa, EL Universal, 2 de julio.
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