Antes de renunciar a su cargo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos Electorales (Fepade), Arely Gómez González integraba cinco averiguaciones previas contra gobernadores por el presunto desvío de recursos en apoyo a campañas de candidatos de partidos políticos.
Las denuncias estaban aún en fase de análisis y recopilación de pruebas, y se consideraba improbable concluirlas antes de las elecciones del próximo domingo, cuando se renovarán 12 gubernaturas y se elegirán alcaldías y diputaciones locales en 14 entidades.
La titular de la Fepade renunció el pasado miércoles, a tan sólo cuatro días de los procesos electorales que se celebrarán este año, argumentando que así se puede designar en su lugar a un funcionario más cercano a las políticas públicas del gobierno federal.
Incluso, de acuerdo con información de la Fepade, los tiempos de la fiscalía no empataban con los del Tribunal Federal Electoral, ni con los del Instituto Federal Electoral, que son considerados como los garantes de los procesos electorales en México.
De acuerdo con un reporte de Gómez González, hasta junio pasado no se habían presentado denuncias contra delegados de dependencias federales en ninguna de las entidades del país, pese a los reclamos de partidos políticos por presuntas irregularidades para presentar logros del gobierno federal como activos en favor de aspirantes del PAN en los estados donde se celebrarán elecciones.
Según el informe de la fiscalía, que abarca de 2007 hasta mayo pasado, ésta inició 3 mil 384 averiguaciones previas por delitos electorales y ejercitó acción penal en 2 mil 61 casos.
De acuerdo con el reporte de la ex funcionaria 70% de las denuncias son por alteración al padrón electoral; en segundo lugar están los delitos relacionados con la falsificación de credencial de elector y en tercero el destino ilegal de los fondos de los candidatos que incurren en peculado electoral.
El reporte de las ex autoridades de la Fepade estableció que de las 2 mil 61 acusaciones penales que se tramitaron ante jueces federales, se obtuvieron 500 resoluciones judiciales condenatorias en primera instancia dentro de un proceso mínimo de cuatro años para su resolución definitiva.
El informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos Electorales tiene como función dar certeza y legalidad a los procesos electorales bajo su radio de acción, que es la investigación de presuntos delitos electorales, pues su labor no sólo se circunscribe a los procesos o campañas políticas, ya que la fiscalía recibe denuncias los 365 días del año por los diferentes tipos de delitos electorales que pueden cometerse en cualquier momento.
En ese momento, Gómez González celebraba la autonomía técnica de la Fepade, que le permitía no ser sujeta a revisión por ninguna otra área de la PGR, además de autorizar que sus fiscales estuvieran a cargo de cada caso desde el principio hasta la conclusión o cierre del expediente.
Las denuncias estaban aún en fase de análisis y recopilación de pruebas, y se consideraba improbable concluirlas antes de las elecciones del próximo domingo, cuando se renovarán 12 gubernaturas y se elegirán alcaldías y diputaciones locales en 14 entidades.
La titular de la Fepade renunció el pasado miércoles, a tan sólo cuatro días de los procesos electorales que se celebrarán este año, argumentando que así se puede designar en su lugar a un funcionario más cercano a las políticas públicas del gobierno federal.
Incluso, de acuerdo con información de la Fepade, los tiempos de la fiscalía no empataban con los del Tribunal Federal Electoral, ni con los del Instituto Federal Electoral, que son considerados como los garantes de los procesos electorales en México.
De acuerdo con un reporte de Gómez González, hasta junio pasado no se habían presentado denuncias contra delegados de dependencias federales en ninguna de las entidades del país, pese a los reclamos de partidos políticos por presuntas irregularidades para presentar logros del gobierno federal como activos en favor de aspirantes del PAN en los estados donde se celebrarán elecciones.
Según el informe de la fiscalía, que abarca de 2007 hasta mayo pasado, ésta inició 3 mil 384 averiguaciones previas por delitos electorales y ejercitó acción penal en 2 mil 61 casos.
De acuerdo con el reporte de la ex funcionaria 70% de las denuncias son por alteración al padrón electoral; en segundo lugar están los delitos relacionados con la falsificación de credencial de elector y en tercero el destino ilegal de los fondos de los candidatos que incurren en peculado electoral.
El reporte de las ex autoridades de la Fepade estableció que de las 2 mil 61 acusaciones penales que se tramitaron ante jueces federales, se obtuvieron 500 resoluciones judiciales condenatorias en primera instancia dentro de un proceso mínimo de cuatro años para su resolución definitiva.
El informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos Electorales tiene como función dar certeza y legalidad a los procesos electorales bajo su radio de acción, que es la investigación de presuntos delitos electorales, pues su labor no sólo se circunscribe a los procesos o campañas políticas, ya que la fiscalía recibe denuncias los 365 días del año por los diferentes tipos de delitos electorales que pueden cometerse en cualquier momento.
En ese momento, Gómez González celebraba la autonomía técnica de la Fepade, que le permitía no ser sujeta a revisión por ninguna otra área de la PGR, además de autorizar que sus fiscales estuvieran a cargo de cada caso desde el principio hasta la conclusión o cierre del expediente.
Ricardo Gómez, EL Universal, 2 de julio.
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