La jueza de distrito de Phoenix, Susan Bolton, comenzó ayer jueves a escuchar los argumentos de la primera de siete demandas contra la ley migratoria de Arizona, con las que policías, activistas e incluso el gobierno estadunidense tratan de frenar la controvertida normativa.
La primera de las demandas analizadas es la presentada por el policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, que busca que la magistrada suspenda la ley SB1070, que debería entrar en vigor el 29 de este mes, mientras estudia su legalidad, informó el diario Arizona Daily Star.
De acuerdo con el rotativo, la argumentación de Salgado es que la legislación es anticonstitucional, y sus derechos son violados por la provisión que incluye la ley y que requiere que los agentes comprueben el estatus migratorio de cualquier ciudadano, haya cometido un delito o no, si considera que hay una “sospecha razonable” de que se encuentra en el país de forma irregular.
Pero, si no lo hace, agrega el agente, él mismo podría ser demandado.
La normativa “no es una herramienta para nosotros, es un desastre”, aseguró Salgado en una entrevista.
Esa es la opinión también de numerosos agentes policiales que en las pasadas semanas han alertado de que la ley podría incluso provocar un incremento de la criminalidad, puesto que muchas comunidades inmigrantes dejarán de colaborar con ellos por miedo a ser deportados.
De acuerdo con el diario online AZcentral, los abogados defensores de la ley sancionada por la gobernadora Jan Brewer argumentan que esta acusación es “especulativa”, puesto que no ha entrado en vigor la SB1070 y que además a la normativa no se le puede dotar el “derecho preferente” de las leyes federales que prevé la Constitución.
Ése es el principal argumento que ha presentado el Departamento de Justicia en su demanda contra la ley de Arizona a nombre del gobierno de Barack Obama y que será estudiada por primera vez por el tribunal el próximo 22 de julio.
Según informó recientemente la gobernadora Brewer, el fondo que creó para ayudar a pagar la defensa legal de la controvertida normativa, que ha sido criticada tanto nacional como internacionalmente, si bien cuenta con un alto apoyo de ciudadanos de a pie, ha recaudado ya casi un millón de dólares.
- Claves
“Duda razonable”
• Con la ley SB1070, promulgada por la gobernadora Jan Brewer, los agentes tendrán facultades para detener a cualquier persona y verificar sus documentos de identidad en caso de que exista una “sospecha razonable” de que se trata de un indocumentado.
• Chris Edelson, profesor de Derechos Civiles y Libertades en la Universidad Americana en Washington D.C., señaló que la legislación puede violar la cuarta enmienda de la Constitución estadunidense “que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias”.
La primera de las demandas analizadas es la presentada por el policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, que busca que la magistrada suspenda la ley SB1070, que debería entrar en vigor el 29 de este mes, mientras estudia su legalidad, informó el diario Arizona Daily Star.
De acuerdo con el rotativo, la argumentación de Salgado es que la legislación es anticonstitucional, y sus derechos son violados por la provisión que incluye la ley y que requiere que los agentes comprueben el estatus migratorio de cualquier ciudadano, haya cometido un delito o no, si considera que hay una “sospecha razonable” de que se encuentra en el país de forma irregular.
Pero, si no lo hace, agrega el agente, él mismo podría ser demandado.
La normativa “no es una herramienta para nosotros, es un desastre”, aseguró Salgado en una entrevista.
Esa es la opinión también de numerosos agentes policiales que en las pasadas semanas han alertado de que la ley podría incluso provocar un incremento de la criminalidad, puesto que muchas comunidades inmigrantes dejarán de colaborar con ellos por miedo a ser deportados.
De acuerdo con el diario online AZcentral, los abogados defensores de la ley sancionada por la gobernadora Jan Brewer argumentan que esta acusación es “especulativa”, puesto que no ha entrado en vigor la SB1070 y que además a la normativa no se le puede dotar el “derecho preferente” de las leyes federales que prevé la Constitución.
Ése es el principal argumento que ha presentado el Departamento de Justicia en su demanda contra la ley de Arizona a nombre del gobierno de Barack Obama y que será estudiada por primera vez por el tribunal el próximo 22 de julio.
Según informó recientemente la gobernadora Brewer, el fondo que creó para ayudar a pagar la defensa legal de la controvertida normativa, que ha sido criticada tanto nacional como internacionalmente, si bien cuenta con un alto apoyo de ciudadanos de a pie, ha recaudado ya casi un millón de dólares.
- Claves
“Duda razonable”
• Con la ley SB1070, promulgada por la gobernadora Jan Brewer, los agentes tendrán facultades para detener a cualquier persona y verificar sus documentos de identidad en caso de que exista una “sospecha razonable” de que se trata de un indocumentado.
• Chris Edelson, profesor de Derechos Civiles y Libertades en la Universidad Americana en Washington D.C., señaló que la legislación puede violar la cuarta enmienda de la Constitución estadunidense “que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias”.
Milenio, 16 de julio.
0 Responses to "Comienza el proceso a siete demandas contra la SB 1070"
Publicar un comentario