José Luis Vargas Valdez, quien laboró en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), fue designado nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República.
El funcionario sustituyó en el cargo a Arely Gómez, quien presentó su “renuncia” por diferencia de criterios en el manejo de la fiscalía, luego de que se quejara de un cambio en la forma de ejecutar políticas públicas en materia electoral.
A petición del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, el presidente Felipe Calderón autorizó el nombramiento de Vargas Valdez.
Con este nombramiento, señaló la PGR, el gobierno federal continuará contribuyendo a que la procuración de justicia penal electoral federal sea imparcial, pronta y expedita.
La PGR informó que el fiscal fue director de Vinculación Institucional, Logística y Proyectos Especiales del Cisen, y en la Secretaría de Gobernación fungió como coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político.
Vargas Valdez es maestro en Derecho Público por la Unidad Pompeu Fabra de Barcelona y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Entre otros cargos se ha desempeñado como asesor jurídico del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, así como de otros consejeros electorales del organismo y del Instituto Electoral del DF.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue secretario instructor; también ha impartido cursos y diplomados en temas sobre Derecho Electoral, Reforma Política y Justicia Constitucional en Materia Penal y Comparada.
La “renuncia” de Arely Gómez se oficializó cuatro días antes de las elecciones en 14 entidades de la República.
En una carta enviada al presidente Calderón, la ahora ex fiscal indicó que su salida era necesaria, “porque el paradigma de la Fepade, ya no es el mismo de cuando llegó al cargo, el 3 de enero de 2007, momento en que la fiscalía se consolidaba como institución”.
A Gómez González se le ofreció coordinar las Fiscalías de Delitos contra Periodistas y la Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, entre otras, “pero hasta el momento no lo ha aceptado”.
México. Ignacio Alzaga, Milenio, 17 de julio.
El funcionario sustituyó en el cargo a Arely Gómez, quien presentó su “renuncia” por diferencia de criterios en el manejo de la fiscalía, luego de que se quejara de un cambio en la forma de ejecutar políticas públicas en materia electoral.
A petición del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, el presidente Felipe Calderón autorizó el nombramiento de Vargas Valdez.
Con este nombramiento, señaló la PGR, el gobierno federal continuará contribuyendo a que la procuración de justicia penal electoral federal sea imparcial, pronta y expedita.
La PGR informó que el fiscal fue director de Vinculación Institucional, Logística y Proyectos Especiales del Cisen, y en la Secretaría de Gobernación fungió como coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político.
Vargas Valdez es maestro en Derecho Público por la Unidad Pompeu Fabra de Barcelona y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Entre otros cargos se ha desempeñado como asesor jurídico del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, así como de otros consejeros electorales del organismo y del Instituto Electoral del DF.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue secretario instructor; también ha impartido cursos y diplomados en temas sobre Derecho Electoral, Reforma Política y Justicia Constitucional en Materia Penal y Comparada.
La “renuncia” de Arely Gómez se oficializó cuatro días antes de las elecciones en 14 entidades de la República.
En una carta enviada al presidente Calderón, la ahora ex fiscal indicó que su salida era necesaria, “porque el paradigma de la Fepade, ya no es el mismo de cuando llegó al cargo, el 3 de enero de 2007, momento en que la fiscalía se consolidaba como institución”.
A Gómez González se le ofreció coordinar las Fiscalías de Delitos contra Periodistas y la Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, entre otras, “pero hasta el momento no lo ha aceptado”.
México. Ignacio Alzaga, Milenio, 17 de julio.
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