La Secretaría de la Defensa Nacional aceptó la recomendación 36/2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de la muerte de los niños Bryan y Martín Almanza en una carretera de Tamaulipas, aunque puntualizó que su cumplimiento se ajustará al resultado de las investigaciones de las autoridades ministeriales competentes.
En un comunicado, afirmó que no se debe prejuzgar la responsabilidad del personal militar en los hechos, ya que, como establece la ley, es necesario esperar las conclusiones de las indagatorias que se realizan en los ámbitos ministerial y administrativo, de las cuales también dependerá la posible reparación del daño e indemnizaciones.
La Sedena refrendó su respeto a la labor de la CNDH y señaló que la aceptación de la recomendación se da en el marco de las políticas que en materia de derechos humanos ha establecido el gobierno federal, “ajustando su cumplimiento a los procedimientos previstos en el orden jurídico mexicano y al resultado de las autoridades ministeriales y administrativas competentes”.
De manera tácita, la institución rechazó las imputaciones de la CNDH en el sentido de que no hubo un enfrentamiento armado entre militares e integrantes del crimen organizado (que derivó en un fuego cruzado en el que fallecieron los niños el 3 de abril de 2010), así como la manipulación de la “escena del crimen”, para supuestamente encubrir un homicidio por parte de elementos del Ejército.
El 16 de junio pasado, la CNDH emitió su recomendación en la que responsabilizó a personal de la Sedena de la muerte de los menores Almanza, quienes viajaban en una camioneta con su familia. El ombudsman afirmó que se modificó la escena del crimen y negó que hubiera un enfrentamiento entre sicarios y militares.
Anoche, la Sedena señaló que ha aceptado 57 de las 59 recomendaciones que le han sido dirigidas por la CNDH, durante la presente administración. Respecto al caso Almanza precisó que sobre “las acciones contenidas en los puntos primero y segundo del capítulo de recomendaciones, relativas a la reparación del daño e indeminzaciones, esta secretaría se sujetará al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales y administrativas competentes”.
México. Ignacio Alzaga, Milenio, 3 de julio.
En un comunicado, afirmó que no se debe prejuzgar la responsabilidad del personal militar en los hechos, ya que, como establece la ley, es necesario esperar las conclusiones de las indagatorias que se realizan en los ámbitos ministerial y administrativo, de las cuales también dependerá la posible reparación del daño e indemnizaciones.
La Sedena refrendó su respeto a la labor de la CNDH y señaló que la aceptación de la recomendación se da en el marco de las políticas que en materia de derechos humanos ha establecido el gobierno federal, “ajustando su cumplimiento a los procedimientos previstos en el orden jurídico mexicano y al resultado de las autoridades ministeriales y administrativas competentes”.
De manera tácita, la institución rechazó las imputaciones de la CNDH en el sentido de que no hubo un enfrentamiento armado entre militares e integrantes del crimen organizado (que derivó en un fuego cruzado en el que fallecieron los niños el 3 de abril de 2010), así como la manipulación de la “escena del crimen”, para supuestamente encubrir un homicidio por parte de elementos del Ejército.
El 16 de junio pasado, la CNDH emitió su recomendación en la que responsabilizó a personal de la Sedena de la muerte de los menores Almanza, quienes viajaban en una camioneta con su familia. El ombudsman afirmó que se modificó la escena del crimen y negó que hubiera un enfrentamiento entre sicarios y militares.
Anoche, la Sedena señaló que ha aceptado 57 de las 59 recomendaciones que le han sido dirigidas por la CNDH, durante la presente administración. Respecto al caso Almanza precisó que sobre “las acciones contenidas en los puntos primero y segundo del capítulo de recomendaciones, relativas a la reparación del daño e indeminzaciones, esta secretaría se sujetará al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales y administrativas competentes”.
México. Ignacio Alzaga, Milenio, 3 de julio.
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