PACHUCA.- La mano del Gobierno del Estado de Hidalgo se sintió ayer en la jornada electoral.
Cuatro horas antes de que arrancara la votación, la Procuraduría de Justicia del estado ordenó tomar el Centro de Información Estratégica de la coalición opositora.
El hecho se sumó a las acusaciones de PAN, PRD, PT y Convergencia de que en las últimas 24 horas antes de los comicios se distribuyeron despensas similares a las del DIF estatal, se entregaron recursos públicos para coaccionar el voto y funcionarios estatales recorrieron casillas.
Hacia las 4:30 horas del domingo, por órdenes de la Procuraduría, unos 40 elementos de la Policía Estatal ingresaron al centro de operaciones que la alianza opositora había instalado desde dos meses atrás. La corporación argumentó que una llamada anónima denunció la presencia de personas sospechosas y armas de alto poder.
En el lugar hubo 12 detenidos, entre ellos 10 jóvenes menores de 30 años, ingenieros en computación.
Horas más tarde, el Gobernador Miguel Ángel Osorio confirmó una comunicación telefónica con el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sobre el incidente en la casa de operación de la candidata, y anunció que serían liberados 10 de los detenidos.
Al quedar en libertad, los colaboradores de Gálvez relataron que durante las dos horas que permanecieron en el lugar, los uniformados revisaron los 30 equipos de cómputo instalados y que se llevaron las carpetas con información detallada de los representantes de la coalición en las 3 mil 300 casillas, los coordinadores y demás estructura en la entidad.
"Exigían que les dijéramos cuál era la estrategia de la candidata para ese día. Evidentemente, era un golpe a la estrategia operativa de la coalición, pues al no permitirnos operar en este centro se afectó la toma de decisiones. Ellos sabían que el centro era clave.
"Era un asunto político porque incluso en la Procuraduría, al liberarnos, nos dijeron de manera irónica: 'ya saben cómo es esto, a nosotros también nos molesta que nos traten para cuestiones políticas'", aseguró Esteban Ángeles, el coordinador del centro y quien fue detenido.
En la última semana, la coalición opositora interpuso una docena de denuncias por la distribución de despensas y materiales para construcción, así como por el hostigamiento de policías estatales a sus candidatos.
Todavía ayer, presentó otra queja ante el Instituto Electoral por infracciones a disposiciones electorales.
Los denunciados son el Gobernador Miguel Ángel Osorio; el titular de la secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, Eugenio Imaz, y contra otros siete priistas.
Los abogados de la coalición aseguraron que los funcionarios y la estructura gubernamental estuvieron operando desde Palacio de Gobierno.
Incluso presentaron como prueba documentación remitida desde la secretaría de Planeación con instrucciones para el proceso electoral, como monitorear hoteles y casas de huéspedes con gente extraña, vehículos con materiales y productos para repartir, así como llevar a votar a los "promovidos".
Érika Hernández, Leslie Gómez, Fernando Paniagua y Verónica Jiménez Enviados y corresponsal, Reforma, 5 de julio.
Cuatro horas antes de que arrancara la votación, la Procuraduría de Justicia del estado ordenó tomar el Centro de Información Estratégica de la coalición opositora.
El hecho se sumó a las acusaciones de PAN, PRD, PT y Convergencia de que en las últimas 24 horas antes de los comicios se distribuyeron despensas similares a las del DIF estatal, se entregaron recursos públicos para coaccionar el voto y funcionarios estatales recorrieron casillas.
Hacia las 4:30 horas del domingo, por órdenes de la Procuraduría, unos 40 elementos de la Policía Estatal ingresaron al centro de operaciones que la alianza opositora había instalado desde dos meses atrás. La corporación argumentó que una llamada anónima denunció la presencia de personas sospechosas y armas de alto poder.
En el lugar hubo 12 detenidos, entre ellos 10 jóvenes menores de 30 años, ingenieros en computación.
Horas más tarde, el Gobernador Miguel Ángel Osorio confirmó una comunicación telefónica con el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sobre el incidente en la casa de operación de la candidata, y anunció que serían liberados 10 de los detenidos.
Al quedar en libertad, los colaboradores de Gálvez relataron que durante las dos horas que permanecieron en el lugar, los uniformados revisaron los 30 equipos de cómputo instalados y que se llevaron las carpetas con información detallada de los representantes de la coalición en las 3 mil 300 casillas, los coordinadores y demás estructura en la entidad.
"Exigían que les dijéramos cuál era la estrategia de la candidata para ese día. Evidentemente, era un golpe a la estrategia operativa de la coalición, pues al no permitirnos operar en este centro se afectó la toma de decisiones. Ellos sabían que el centro era clave.
"Era un asunto político porque incluso en la Procuraduría, al liberarnos, nos dijeron de manera irónica: 'ya saben cómo es esto, a nosotros también nos molesta que nos traten para cuestiones políticas'", aseguró Esteban Ángeles, el coordinador del centro y quien fue detenido.
En la última semana, la coalición opositora interpuso una docena de denuncias por la distribución de despensas y materiales para construcción, así como por el hostigamiento de policías estatales a sus candidatos.
Todavía ayer, presentó otra queja ante el Instituto Electoral por infracciones a disposiciones electorales.
Los denunciados son el Gobernador Miguel Ángel Osorio; el titular de la secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, Eugenio Imaz, y contra otros siete priistas.
Los abogados de la coalición aseguraron que los funcionarios y la estructura gubernamental estuvieron operando desde Palacio de Gobierno.
Incluso presentaron como prueba documentación remitida desde la secretaría de Planeación con instrucciones para el proceso electoral, como monitorear hoteles y casas de huéspedes con gente extraña, vehículos con materiales y productos para repartir, así como llevar a votar a los "promovidos".
Érika Hernández, Leslie Gómez, Fernando Paniagua y Verónica Jiménez Enviados y corresponsal, Reforma, 5 de julio.
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