Una veintena de organizaciones civiles de Derechos Humanos enviaron una carta al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para expresar su extrañamiento por sus recientes declaraciones sobre la labor que deben realizar los defensores de derechos humanos y los organismos públicos.
"Los calificativos a los defensores de derechos humanos tildándoles de cómplices y de 'tontos útiles' denota el peligroso lugar en que coloca la gran labor y el compromiso que guardan hacia la defensa y protección de los derechos humanos.
"(Estos) calificativos son contrarios a la posición pública e internacional que ha sostenido en diversas oportunidades el Gobierno mexicano, del cual usted forma parte, de buscar la seguridad y el combate a la delincuencia con apego a Derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos", señalaron.
Indicaron que les extraña que un funcionario federal que se precia de ser demócrata exprese su asombro de que los organismos públicos de derechos humanos contengan y condicionen el ejercicio del gobierno, cuando es justamente su función, y actuar de manera opuesta sería propiciar un orden de impunidad y de arbitrariedades.
En la misiva, firmada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Católicas por el Derecho a Decidir; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Colectivo Contra la Tortura; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Grupo de Información en Reproducción Elegida y Propuesta Cívica, calificaron como inaceptables las declaraciones del funcionario pues, advirtieron, en una sociedad democrática, los actores públicos, privados y sociales no intercambian entre sí denuestos ni expresiones peyorativas.
Indicaron que en un Estado democrático de Derecho, los derechos humanos no son ni pueden ser objeto de polémica, pese a la complejidad o gravedad de las circunstancias o de los intereses en juego.
En ese sentido, manifestaron que si bien existe un consenso universal en torno a la prohibición de la tortura, las desapariciones forzadas y el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano sigue considerando que estos temas son discutibles.
Las organizaciones aseguraron que defender los derechos humanos resulta útil y necesario para lograr la consolidación de una sociedad democrática.
Las organizaciones se pronunciaron así luego de que Gómez Mont desestimara la recomendación 036/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encontró a militares culpables de la muerte de los niños Martín y Brayan Almanza en Tamaulipas.
"Los calificativos a los defensores de derechos humanos tildándoles de cómplices y de 'tontos útiles' denota el peligroso lugar en que coloca la gran labor y el compromiso que guardan hacia la defensa y protección de los derechos humanos.
"(Estos) calificativos son contrarios a la posición pública e internacional que ha sostenido en diversas oportunidades el Gobierno mexicano, del cual usted forma parte, de buscar la seguridad y el combate a la delincuencia con apego a Derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos", señalaron.
Indicaron que les extraña que un funcionario federal que se precia de ser demócrata exprese su asombro de que los organismos públicos de derechos humanos contengan y condicionen el ejercicio del gobierno, cuando es justamente su función, y actuar de manera opuesta sería propiciar un orden de impunidad y de arbitrariedades.
En la misiva, firmada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Católicas por el Derecho a Decidir; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Colectivo Contra la Tortura; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Grupo de Información en Reproducción Elegida y Propuesta Cívica, calificaron como inaceptables las declaraciones del funcionario pues, advirtieron, en una sociedad democrática, los actores públicos, privados y sociales no intercambian entre sí denuestos ni expresiones peyorativas.
Indicaron que en un Estado democrático de Derecho, los derechos humanos no son ni pueden ser objeto de polémica, pese a la complejidad o gravedad de las circunstancias o de los intereses en juego.
En ese sentido, manifestaron que si bien existe un consenso universal en torno a la prohibición de la tortura, las desapariciones forzadas y el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano sigue considerando que estos temas son discutibles.
Las organizaciones aseguraron que defender los derechos humanos resulta útil y necesario para lograr la consolidación de una sociedad democrática.
Las organizaciones se pronunciaron así luego de que Gómez Mont desestimara la recomendación 036/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encontró a militares culpables de la muerte de los niños Martín y Brayan Almanza en Tamaulipas.
Silvia Garduño, Reforma, 3 de julio.
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