WASHINGTON.— A sólo unas horas de que entre en vigor la polémica ley antiinmigrante SB1070, decenas de organizaciones se alistaban ayer desde distintos puntos del país para sumarse a una caravana que desafiará al estado de Arizona en la aplicación de una disposición que, si nada lo impide, elevará el listón de las acciones policiales, de las redadas, las detenciones y deportaciones contra los inmigrantes sin papeles: los indocumentados.
A bordo de autobuses, decenas de organizaciones proinmigrantes viajarán desde California, Texas, Nuevo México, Illinois o Utah para llegar antes de que la ley entre en vigor, mañana jueves 29 de julio.
“Independientemente de lo que resuelva la juez Susan Bolton sobre la SB1070, el pueblo tiene derecho a manifestarse contra una ley inconstitucional que atenta contra los derechos civiles de los inmigrantes”, aseguró el sacerdote Richard Estrada, de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. “El rechazo a leyes injustas es algo que está profundamente arraigado en la cultura política y en la tradición del pueblo estadounidense desde que se fundó como nación libre y soberana”, añadió el sacerdote.
Estrada sumará su voz a la de otros líderes religiosos de distintas confesiones, así como de dirigentes sindicales y comunitarios en los actos de protesta y desobediencia civil, que se han organizado para rechazar una ley que convertirá a la comunidad latina en objetivo de redadas y deportaciones con base en su aspecto racial.
“En la caravana vamos estudiantes y voluntarios que no sólo participaremos en los actos de rechazo y desobediencia civil, sino en las campañas para el registro de nuevos electores”, dijo Ron Gochez, que se ha sumado a las acciones de organizaciones como Promise Arizona o Puente Movement en todo el estado fronterizo. “Muchas de las acciones se han hecho públicas, pero otras más permanecen en reserva”, añadió Gochez, al asegurar que otras organizaciones han preferido no informar de las acciones previstas para no poner sobre aviso a personas como el alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, quien ha reforzado a sus agentes para caer como un solo sobre miles de inmigrantes, cuando la ley entre en vigor.
De hecho, ayer mismo agentes dirigidos por Arpaio realizaron una redada en la compañía Valley view Building Services, de Phoenix, dedicada a la limpieza de oficinas, donde detuvieron a cinco presuntos indocumentados. Arpaio informó que buscaban a cuando menos 25 sospechosos de robo de identidad y fraude.
Independientemente del pronunciamiento de la juez federal Susan Bolton, que podría decidir la suspensión o entrada en vigor de esta polémica ley en las próximas horas, los integrantes de la caravana que llegará desde distintos puntos afinan estrategias. Los abogados del Departamento de Justicia y del gobierno de Arizona se mantienen a la espera del fallo.
En una nueva moción, el equipo legal de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, consideró que el gobierno federal no ha demostrado que haya sido perjudicado por la legislación y sólo argumenta sobre especulaciones. Por su parte, el gobierno afirma que la legislación federal tiene preeminencia sobre la estatal y que la ley migratoria de Arizona ha perjudicado las relaciones de EU con México.
A su vez, organizaciones contra la SB1070, como el Immigration Policy Center, consideran que en caso de entrar en vigor la ley se creará “un estado de confusión” que abrirá la puerta a la promulgación de decenas de leyes estatales “a la carta” para regular la política migratoria, una competencia que históricamente ha estado en manos del gobierno federal.
Llevan carta a Barack
A la par de la caravana, los hijos de padres indocumentados planean marchar hoy por varias metrópolis de Estados Unidos para presionar por una reforma migratoria. Se prevé un sinnúmero de niños y padres de familia en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Washington. Nueva York, Ohio, Phoenix y San Francisco.
Entre estos infantes figurará Saúl Arellano, de 11 años, hijo de la activista mexicana deportada Elvira Arellano, quien marchará enfrente de la Casa Blanca y entregará una carta dirigida a Obama, donde pide que promueva una reforma migratoria. (Con información de AP)
A bordo de autobuses, decenas de organizaciones proinmigrantes viajarán desde California, Texas, Nuevo México, Illinois o Utah para llegar antes de que la ley entre en vigor, mañana jueves 29 de julio.
“Independientemente de lo que resuelva la juez Susan Bolton sobre la SB1070, el pueblo tiene derecho a manifestarse contra una ley inconstitucional que atenta contra los derechos civiles de los inmigrantes”, aseguró el sacerdote Richard Estrada, de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. “El rechazo a leyes injustas es algo que está profundamente arraigado en la cultura política y en la tradición del pueblo estadounidense desde que se fundó como nación libre y soberana”, añadió el sacerdote.
Estrada sumará su voz a la de otros líderes religiosos de distintas confesiones, así como de dirigentes sindicales y comunitarios en los actos de protesta y desobediencia civil, que se han organizado para rechazar una ley que convertirá a la comunidad latina en objetivo de redadas y deportaciones con base en su aspecto racial.
“En la caravana vamos estudiantes y voluntarios que no sólo participaremos en los actos de rechazo y desobediencia civil, sino en las campañas para el registro de nuevos electores”, dijo Ron Gochez, que se ha sumado a las acciones de organizaciones como Promise Arizona o Puente Movement en todo el estado fronterizo. “Muchas de las acciones se han hecho públicas, pero otras más permanecen en reserva”, añadió Gochez, al asegurar que otras organizaciones han preferido no informar de las acciones previstas para no poner sobre aviso a personas como el alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, quien ha reforzado a sus agentes para caer como un solo sobre miles de inmigrantes, cuando la ley entre en vigor.
De hecho, ayer mismo agentes dirigidos por Arpaio realizaron una redada en la compañía Valley view Building Services, de Phoenix, dedicada a la limpieza de oficinas, donde detuvieron a cinco presuntos indocumentados. Arpaio informó que buscaban a cuando menos 25 sospechosos de robo de identidad y fraude.
Independientemente del pronunciamiento de la juez federal Susan Bolton, que podría decidir la suspensión o entrada en vigor de esta polémica ley en las próximas horas, los integrantes de la caravana que llegará desde distintos puntos afinan estrategias. Los abogados del Departamento de Justicia y del gobierno de Arizona se mantienen a la espera del fallo.
En una nueva moción, el equipo legal de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, consideró que el gobierno federal no ha demostrado que haya sido perjudicado por la legislación y sólo argumenta sobre especulaciones. Por su parte, el gobierno afirma que la legislación federal tiene preeminencia sobre la estatal y que la ley migratoria de Arizona ha perjudicado las relaciones de EU con México.
A su vez, organizaciones contra la SB1070, como el Immigration Policy Center, consideran que en caso de entrar en vigor la ley se creará “un estado de confusión” que abrirá la puerta a la promulgación de decenas de leyes estatales “a la carta” para regular la política migratoria, una competencia que históricamente ha estado en manos del gobierno federal.
Llevan carta a Barack
A la par de la caravana, los hijos de padres indocumentados planean marchar hoy por varias metrópolis de Estados Unidos para presionar por una reforma migratoria. Se prevé un sinnúmero de niños y padres de familia en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Washington. Nueva York, Ohio, Phoenix y San Francisco.
Entre estos infantes figurará Saúl Arellano, de 11 años, hijo de la activista mexicana deportada Elvira Arellano, quien marchará enfrente de la Casa Blanca y entregará una carta dirigida a Obama, donde pide que promueva una reforma migratoria. (Con información de AP)
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 28 de julio.
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