Identifican a creadores de lista de indocumentados en Utah

Funcionarios de Utah identificaron al menos a dos empleados estatales que aparentemente accedieron a una base de datos para crear una lista de mil 300 supuestos inmigrantes indocumentados, anunciaron las autoridades.

El gobernador del estado, Gary Herbert, dijo que los empleados trabajan para el Departamento de Servicios Laborales, que administra programas de cupones de alimentos y otros beneficios públicos. Los funcionarios fueron suspendidos de sus funciones.

“Es un grupo muy pequeño. Las personas que fueron identificadas ciertamente tienen opiniones políticas firmes y parecen frustradas por algunos temas relacionados con la inmigración”, dijo Kristen Cox, directora ejecutiva del Departamento.

Los medios de comunicación, fuerzas de seguridad y otros funcionarios del gobierno empezaron a recibir la lista de nombres e información personal esta semana, lo que ha provocado temor en la comunidad hispana.

El envío anónimo exige que aquellos en la lista sean deportados, aunque algunos de los incluidos en el documento aseguran que se encuentran en el país de forma legal.

La oficina del procurador estatal investigará el caso y determinará si va a formular cargos contra los implicados.

La lista contiene números de la seguridad social, fechas de nacimiento, lugares de trabajo, dirección y números de teléfono. Se incluyen asimismo los nombres de niños y las fechas en las que se espera que las mujeres embarazadas den a luz.

La oficina del gobernador indicó que le entregará la información que ha reunido a la oficina del procurador general a más tardar el lunes.

Cox consideró posible que dos o más personas estén involucradas en la distribución de la lista, pero aclaró que está segura que los principales responsables ya han sido identificados.

Pascual en Guadalajara

La polémica ley antiinmigrante aprobada en Arizona es “una violación de los derechos civiles” y podría generar “un tipo de apartheid”, afirmó hoy el embajador de EE.UU. en México, Carlos Pascual.

“Su aplicación puede forzar a la diferenciación basada en razones étnicas”, apuntó el diplomático, comparando al régimen discriminatorio de las personas negras que se vivió en Sudáfrica durante décadas y que fue abolido en 1991.

Pascual hizo estas declaraciones durante una visita a la Universidad Jesuita de Guadalajara

“Ha tomado funciones federales (...), es imposible que cada estado diga cuál debe ser el esquema estatal para la migración”, argumentó.

Argentina

Argentina ratificó su apoyo a México en el reclamo contra la ley, a la que repudió por considerar que puede tener “consecuencias racistas”.

“La ley podría dar lugar al desarrollo de un prototipo criminal asociado a un estereotipo racial”, puntualizó el gobierno de Cristina Fernández en un comunicado.

El 14 de julio, Argentina se sumó a México al presentar ante la Corte Federal en Phoenix, sus propias objeciones a la entrada en vigor de la norma, que “podría afectar los derechos humanos y civiles de miles de migrantes en EU”.
Milenio, 17 de julio.

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