Phoenix, 25 de julio. La madre nicaragüense Lorena Aguilar vende en la calle un decodificador de televisión y ropa, fuera de su departamento en el oeste de Phoenix.
A unos pocos pasos, su vecina mexicana indocumentada Wendi Villaseñor vende una mesa de cocina, algunas sillas y varios platos mientras su familia se apresura a salir de Arizona, antes que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.
“Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose”, dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania. “No tenemos alternativa. Nos arrinconaron”, agregó.
Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes indocumentados en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la ley estatal entre en vigor el jueves.
La ley –la más dura que haya impuesto un estado de Estados Unidos para detener la inmigración indocumentada– busca sacar de Arizona a más de 400 mil jornaleros, jardineros, empleados, camareras, entre otros trabajadores irregulares.
La legislación vuelve la inmigración indocumentada un crimen estatal y exige a la policía local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es inmigrante sin documentos.
El gobierno estadunidense estima que unos 100 mil inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal. Algunos se dirigen a México o a estados vecinos. Otros se quedarán arriesgándose.
En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos, como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza cerraron sus puertas en las semanas recientes, abandonados por dueños y clientes.
El sábado y domingo, Reuters contó decenas de ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el centro y oeste de Phoenix.
Arizona es la principal ruta del tráfico de personas desde México hacia Estados Unidos.
La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el supuesto propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración indocumentada.
Aunque la ley se enfoca en los indocumentados, residentes legales y sus hijos nacidos en el país también han sido arrastrados por la urgencia de abandonar Arizona.
La mexicana Gabriela Jáquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo Mexico con su esposo, quien tiene residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.
La ley establece que la policía local y estatal deberá investigar el estatus inmigratorio de cualquiera que despierte sospechas razonables de ser un inmigrante indocumentado.
A unos pocos pasos, su vecina mexicana indocumentada Wendi Villaseñor vende una mesa de cocina, algunas sillas y varios platos mientras su familia se apresura a salir de Arizona, antes que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.
“Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose”, dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania. “No tenemos alternativa. Nos arrinconaron”, agregó.
Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes indocumentados en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la ley estatal entre en vigor el jueves.
La ley –la más dura que haya impuesto un estado de Estados Unidos para detener la inmigración indocumentada– busca sacar de Arizona a más de 400 mil jornaleros, jardineros, empleados, camareras, entre otros trabajadores irregulares.
La legislación vuelve la inmigración indocumentada un crimen estatal y exige a la policía local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es inmigrante sin documentos.
El gobierno estadunidense estima que unos 100 mil inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal. Algunos se dirigen a México o a estados vecinos. Otros se quedarán arriesgándose.
En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos, como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza cerraron sus puertas en las semanas recientes, abandonados por dueños y clientes.
El sábado y domingo, Reuters contó decenas de ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el centro y oeste de Phoenix.
Arizona es la principal ruta del tráfico de personas desde México hacia Estados Unidos.
La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el supuesto propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración indocumentada.
Aunque la ley se enfoca en los indocumentados, residentes legales y sus hijos nacidos en el país también han sido arrastrados por la urgencia de abandonar Arizona.
La mexicana Gabriela Jáquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo Mexico con su esposo, quien tiene residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.
La ley establece que la policía local y estatal deberá investigar el estatus inmigratorio de cualquiera que despierte sospechas razonables de ser un inmigrante indocumentado.
La Jornada, 26 de julio.
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