WASHINGTON.— Desde hace casi tres meses, la población indocumentada de Arizona se prepara para lo peor. Tras la promulgación de la ley SB1070, que criminalizará su presencia en ese estado, algunos rezan con la esperanza de que jamás entre en vigor (el próximo 29 de julio).
Muchos más han sacado sus ahorros del banco, avisado a las escuelas que sus hijos no regresarán el próximo curso y vendido todo lo que han podido mientras afinan los planes de una mudanza para participar en un éxodo de proporciones bíblicas que dirige su mirada a estados como Nuevo México, Utah, Nevada y Minnesota. El resto ha decidido permanecer en Arizona y dar la batalla, mientras toma las providencias para evitar quedarse en un limbo a partir del próximo día 29, cuando los agentes de la policía podrán detenerles bajo la sola sospecha de parecer inmigrantes indocumentados y ordenar su inmediata deportación.
“No hemos dejado de rezar. Pero tampoco de prepararnos para lo peor”, asegura Petra Falcón, de la organización Promise Arizona, que aglutina los esfuerzos de muchos para tratar de frenar la entrada en vigor de la SB1070 pero, también, para apoyar a la comunidad inmigrante ante una de las peores campañas de hostigamiento y persecución.
Las vigilias y rezos colectivos, que han buscado conmover a la gobernadora Jan Brewer, se combinan con operaciones de acción directa, con el envío de emisarios a Washington para entrevistarse con representantes demócratas y republicanos.
Atentado al derecho
“Queremos que haya registro de los abusos que estamos sufriendo aun antes de entrar en vigor esta ley que atenta contra los derechos civiles y contra los valores fundacionales de Estados Unidos”, dijo Sylvia Herrera, de la organización Puente Movement Arizona, un grupo que se ha dado a la tarea de documentar la escalada de vejaciones y ataques contra la comunidad inmigrante para denunciarla ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A través de distintos comités de acción, una poderosa coalición defensora de los derechos humanos y de la comunidad inmigrante coordina sus esfuerzos con entidades que podrían ofrecer su respaldo en caso de que se produzcan redadas y órdenes de deportaciones masivas.
Entre ellos, la red consular de México y otros países de América Latina, con quienes han desarrollado planes de acción en caso de detenciones y separaciones de familias una vez que entre en vigor la SB1070. “Desde hace mucho tiempo hemos colaborado con las autoridades consulares de México para que se encarguen de apoyar y orientar a sus ciudadanos en caso de emergencia”, aseguró Petra Falcón, una de las activistas que se han preocupado por extender la red de apoyo a la comunidad inmigrante en Arizona.
“Muchos ciudadanos que han decidido regresar a México o que planean mudarse a otro estado en EU han entrado en contacto con las oficinas del Consulado para ver de qué forma los pueden apoyar”, añadió Falcón. A pesar de que aún no entra en vigor la SB1070, sus efectos ya los siente una buena parte de la comunidad inmigrante. Algunos comercios se han visto obligados a bajar la cortina ante la drástica caída de las ventas. Los censos de las escuelas han experimentado una baja que no se confirmará en toda su dimensión sino hasta el inicio del curso próximo, hacia finales de agosto.
“Algunas compañías inmobiliarias han confirmado que, incluso, algunas personas han dejado de pagar la renta o la hipoteca, lo que se considera como un síntoma inequívoco de abandono del estado, ante el ambiente de incertidumbre que se respira desde la promulgación de la SB1070”, aseguró un agente inmobiliario del sector de Tucson. “Muchas familias se han reagrupado en grupos de hasta 20 o 30 de sus miembros en una sola vivienda, para tratar de ahorrar y sumar recursos hasta saber qué va a pasar con ellos tras la suspensión o entrada en vigor de esa legislación que hoy divide al estado y a la nación”, añadió Falcón.
La suerte, en manos de la juez Bolton
“No vamos a dejar de rezar. A ver si así se le conmueve el corazón a la gobernadora. Pero tampoco vamos a dejar de prepararnos para lo peor porque de la decisión de la juez (Susan Bolton) depende hoy la suerte de cientos de miles de personas”, aseguró la responsable de Promise Arizona, que despliega una de las más agresivas campañas para registrar votantes y para dotar de una mayor fuerza a la base electoral latina, que no está dispuesta a olvidar lo que hoy sufre en Arizona.
Muchos más han sacado sus ahorros del banco, avisado a las escuelas que sus hijos no regresarán el próximo curso y vendido todo lo que han podido mientras afinan los planes de una mudanza para participar en un éxodo de proporciones bíblicas que dirige su mirada a estados como Nuevo México, Utah, Nevada y Minnesota. El resto ha decidido permanecer en Arizona y dar la batalla, mientras toma las providencias para evitar quedarse en un limbo a partir del próximo día 29, cuando los agentes de la policía podrán detenerles bajo la sola sospecha de parecer inmigrantes indocumentados y ordenar su inmediata deportación.
“No hemos dejado de rezar. Pero tampoco de prepararnos para lo peor”, asegura Petra Falcón, de la organización Promise Arizona, que aglutina los esfuerzos de muchos para tratar de frenar la entrada en vigor de la SB1070 pero, también, para apoyar a la comunidad inmigrante ante una de las peores campañas de hostigamiento y persecución.
Las vigilias y rezos colectivos, que han buscado conmover a la gobernadora Jan Brewer, se combinan con operaciones de acción directa, con el envío de emisarios a Washington para entrevistarse con representantes demócratas y republicanos.
Atentado al derecho
“Queremos que haya registro de los abusos que estamos sufriendo aun antes de entrar en vigor esta ley que atenta contra los derechos civiles y contra los valores fundacionales de Estados Unidos”, dijo Sylvia Herrera, de la organización Puente Movement Arizona, un grupo que se ha dado a la tarea de documentar la escalada de vejaciones y ataques contra la comunidad inmigrante para denunciarla ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A través de distintos comités de acción, una poderosa coalición defensora de los derechos humanos y de la comunidad inmigrante coordina sus esfuerzos con entidades que podrían ofrecer su respaldo en caso de que se produzcan redadas y órdenes de deportaciones masivas.
Entre ellos, la red consular de México y otros países de América Latina, con quienes han desarrollado planes de acción en caso de detenciones y separaciones de familias una vez que entre en vigor la SB1070. “Desde hace mucho tiempo hemos colaborado con las autoridades consulares de México para que se encarguen de apoyar y orientar a sus ciudadanos en caso de emergencia”, aseguró Petra Falcón, una de las activistas que se han preocupado por extender la red de apoyo a la comunidad inmigrante en Arizona.
“Muchos ciudadanos que han decidido regresar a México o que planean mudarse a otro estado en EU han entrado en contacto con las oficinas del Consulado para ver de qué forma los pueden apoyar”, añadió Falcón. A pesar de que aún no entra en vigor la SB1070, sus efectos ya los siente una buena parte de la comunidad inmigrante. Algunos comercios se han visto obligados a bajar la cortina ante la drástica caída de las ventas. Los censos de las escuelas han experimentado una baja que no se confirmará en toda su dimensión sino hasta el inicio del curso próximo, hacia finales de agosto.
“Algunas compañías inmobiliarias han confirmado que, incluso, algunas personas han dejado de pagar la renta o la hipoteca, lo que se considera como un síntoma inequívoco de abandono del estado, ante el ambiente de incertidumbre que se respira desde la promulgación de la SB1070”, aseguró un agente inmobiliario del sector de Tucson. “Muchas familias se han reagrupado en grupos de hasta 20 o 30 de sus miembros en una sola vivienda, para tratar de ahorrar y sumar recursos hasta saber qué va a pasar con ellos tras la suspensión o entrada en vigor de esa legislación que hoy divide al estado y a la nación”, añadió Falcón.
La suerte, en manos de la juez Bolton
“No vamos a dejar de rezar. A ver si así se le conmueve el corazón a la gobernadora. Pero tampoco vamos a dejar de prepararnos para lo peor porque de la decisión de la juez (Susan Bolton) depende hoy la suerte de cientos de miles de personas”, aseguró la responsable de Promise Arizona, que despliega una de las más agresivas campañas para registrar votantes y para dotar de una mayor fuerza a la base electoral latina, que no está dispuesta a olvidar lo que hoy sufre en Arizona.
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 18 de julio.
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