Los abogados que representan al Gobierno de Arizona ante la juez Susan Bolton apuntaron que la demanda es infundada pues no existen hechos concretos de que la nueva norma invada la esfera federal de inmigración.
Además, afirmaron que el Gobierno federal comete un error al ni siquiera haber esperado a conocer cómo funcionaba este jueves la aplicación de la ley SB 1070, promulgada por la Gobernadora Jan Brewer en abril.
La juez Bolton mantiene "bajo estudio" si concederá o no la suspensión provisional de la entrada en vigor de la legislación estatal.
La demanda del Gobierno federal, presentada a principios de julio, está centrada en el argumento en que Arizona usurpa funciones federales al intervenir en el manejo de la inmigración, que es prerrogativa federal según la llamada Claúsula Suprema.
Entre otras demandas, Arizona enfrenta la de una coalición de grupos pro inmigrantes que alegan que instrumentar la ley SB 1070 provocará discriminación racial.
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