Chihuahua, Chih., 2 de julio. Chihuahua llega a estas elecciones en la peor crisis de inseguridad y violencia de su historia, con más de mil 300 ejecuciones perpetradas en los primeros seis meses del año y un clima de terror que domina gran parte de la serranía.
En los recientes dos meses, a lo largo de las campañas electorales, bandas delictivas que se disputan el control territorial cometieron crímenes que horrorizan a la sociedad, como el reciente asesinato de 19 internos del centro de rehabilitación Fe y Vida de la capital del estado, y de seis personas más en una institución similar de la fronteriza Ciudad Juárez.
También fue ultimado el presidente municipal de Guadalupe Distrito Bravo y secuestrado un familiar del candidato priísta a sucederlo; mientras grupos armados advirtieron a pobladores de la sierra Tarahumara que abandonen sus propiedades y viviendas o sufrirán las consecuencias.
En tal ambiente se convocó a 2 millones 555 mil 400 chihuahuenses inscritos en el padrón a elegir gobernador, 33 diputados locales y 67 alcaldes y síndicos, en 5 mil 40 casillas que serán dispuestas –en buena parte– con medidas cautelares.
En municipios como Nonoava, Huejotitán y Matachic, entre otros, el Registro Federal de Electores detectó 370 cambios de domicilio atípicos, pero no se esclareció el fenómeno porque los pobladores de esas zonas amenazaron “colgar” a los verificadores que levantaban actas.
Escoltas para funcionarios electorales
En Guadalupe y Calvo, Madera, Uruachi, Morelos, Batopilas y zonas equiparables, los capacitadores y notificadores del Instituto Estatal Electoral (IEE) debieron llevar escoltas policiales para finiquitar los preparativos.
Además, a las acechanzas del crimen organizado y la incertidumbre reinante se añadió la guerra sucia entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), grandes protagonistas de la lucha por el poder.
Pese a todo, el gobernador José Reyes Baeza Terrazas, y el presidente del IEE, Fernando Herrera, coincidieron en que hay condiciones para completar el proceso electoral en todo el territorio chihuahuense, gracias al despliegue de fuerzas policiacas de los tres niveles. Tan sólo en Ciudad Juárez hay más de 3 mil 500 policías federales a disposición de las autoridades electorales.
El Ejército no patrullará las calles pero sí la fuerza policial conjunta, y la convocatoria de autoridades y partidos es a participar con seguridad, pese a que organizaciones civiles y corrientes de izquierda instaron a la anulación del voto con leyendas contra la guerra antinarco o los nombres de próceres revolucionarios.
Resuenan voces y se multiplican los mensajes tranquilizadores, pero también se agolpan las dudas inquietantes. “¿Cuánto vale la democracia en un estado de guerra?”, pregunta la ciudadanía.
En los recientes dos meses, a lo largo de las campañas electorales, bandas delictivas que se disputan el control territorial cometieron crímenes que horrorizan a la sociedad, como el reciente asesinato de 19 internos del centro de rehabilitación Fe y Vida de la capital del estado, y de seis personas más en una institución similar de la fronteriza Ciudad Juárez.
También fue ultimado el presidente municipal de Guadalupe Distrito Bravo y secuestrado un familiar del candidato priísta a sucederlo; mientras grupos armados advirtieron a pobladores de la sierra Tarahumara que abandonen sus propiedades y viviendas o sufrirán las consecuencias.
En tal ambiente se convocó a 2 millones 555 mil 400 chihuahuenses inscritos en el padrón a elegir gobernador, 33 diputados locales y 67 alcaldes y síndicos, en 5 mil 40 casillas que serán dispuestas –en buena parte– con medidas cautelares.
En municipios como Nonoava, Huejotitán y Matachic, entre otros, el Registro Federal de Electores detectó 370 cambios de domicilio atípicos, pero no se esclareció el fenómeno porque los pobladores de esas zonas amenazaron “colgar” a los verificadores que levantaban actas.
Escoltas para funcionarios electorales
En Guadalupe y Calvo, Madera, Uruachi, Morelos, Batopilas y zonas equiparables, los capacitadores y notificadores del Instituto Estatal Electoral (IEE) debieron llevar escoltas policiales para finiquitar los preparativos.
Además, a las acechanzas del crimen organizado y la incertidumbre reinante se añadió la guerra sucia entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), grandes protagonistas de la lucha por el poder.
Pese a todo, el gobernador José Reyes Baeza Terrazas, y el presidente del IEE, Fernando Herrera, coincidieron en que hay condiciones para completar el proceso electoral en todo el territorio chihuahuense, gracias al despliegue de fuerzas policiacas de los tres niveles. Tan sólo en Ciudad Juárez hay más de 3 mil 500 policías federales a disposición de las autoridades electorales.
El Ejército no patrullará las calles pero sí la fuerza policial conjunta, y la convocatoria de autoridades y partidos es a participar con seguridad, pese a que organizaciones civiles y corrientes de izquierda instaron a la anulación del voto con leyendas contra la guerra antinarco o los nombres de próceres revolucionarios.
Resuenan voces y se multiplican los mensajes tranquilizadores, pero también se agolpan las dudas inquietantes. “¿Cuánto vale la democracia en un estado de guerra?”, pregunta la ciudadanía.
Miroslava Breach Velducea, La Jornada, 3 de julio.
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