La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) continuará adelante con las licitaciones 20 y 21, porque “no existe impedimento legal alguno, para la entrega de las concesiones a los ganadores de los procesos”.
Asimismo, reiteró que hasta el momento ni la SCT ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) han sido notificadas del juicio ordinario obtenido por Iusacell –que presuntamente impediría la entregar de los títulos de concesión a los ganadores-.
Respecto a la determinación dictada por la Juez Tercero de Distrito en Acapulco, Guerrero, no ha surtido efecto porque no ha sido legalmente notificada, ni se han reunido los requisitos que señala el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en cuanto sea legalmente notificada, la SCT y la Cofetel “harán valer los medios de defensa a su alcance”.
La dependencia insistió que estas licitaciones buscan impulsar la oferta de los servicios de telecomunicaciones inalámbricas en todo el país, para que cada vez más mexicanos tengan acceso a más y mejores servicios a costos más competitivos.
En ese tenor continuarán estos procesos pese a que en su desarrollo ha enfrentado más de 60 medios de impugnación –la mayoría promovidos por las empresas de Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego-, y aunque ninguno ha derivado en detener o suspender las licitaciones, de ser el caso, la SCT y la Cofetel “harán valer todos los medios de defensa, oposición e impugnación que les permite la ley en contra de las medidas provisionales que se emitan sin audiencia de parte”.
Por otra parte, Citi Investment Research & Analysis, resaltó su desacuerdo ante el temor de que se pudiera detener el fallo de la licitación 21 y que permitiría al consorcio de Nextel y Televisa, ser el cuarto operador de servicios móviles.
El departamento de análisis de Citigroup refirió que no debe haber polémica por los 180 millones de pesos, que el consorcio ofertó por el bloque de 30 megahertz (Mhz), ya que no debe verse sólo el beneficio económico que el Estado pueda tener por la concesión del espectro.
Lo primordial, resaltó, “es privilegiar los beneficios de un nuevo entrante en el mercado, y debe de considerar la inversión que este nuevo participante tendrá que desplegar para construir su red propia”, además de la disminución de precios en los servicios que se ofrezcan a los consumidores.
Asimismo, reiteró que hasta el momento ni la SCT ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) han sido notificadas del juicio ordinario obtenido por Iusacell –que presuntamente impediría la entregar de los títulos de concesión a los ganadores-.
Respecto a la determinación dictada por la Juez Tercero de Distrito en Acapulco, Guerrero, no ha surtido efecto porque no ha sido legalmente notificada, ni se han reunido los requisitos que señala el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en cuanto sea legalmente notificada, la SCT y la Cofetel “harán valer los medios de defensa a su alcance”.
La dependencia insistió que estas licitaciones buscan impulsar la oferta de los servicios de telecomunicaciones inalámbricas en todo el país, para que cada vez más mexicanos tengan acceso a más y mejores servicios a costos más competitivos.
En ese tenor continuarán estos procesos pese a que en su desarrollo ha enfrentado más de 60 medios de impugnación –la mayoría promovidos por las empresas de Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego-, y aunque ninguno ha derivado en detener o suspender las licitaciones, de ser el caso, la SCT y la Cofetel “harán valer todos los medios de defensa, oposición e impugnación que les permite la ley en contra de las medidas provisionales que se emitan sin audiencia de parte”.
Por otra parte, Citi Investment Research & Analysis, resaltó su desacuerdo ante el temor de que se pudiera detener el fallo de la licitación 21 y que permitiría al consorcio de Nextel y Televisa, ser el cuarto operador de servicios móviles.
El departamento de análisis de Citigroup refirió que no debe haber polémica por los 180 millones de pesos, que el consorcio ofertó por el bloque de 30 megahertz (Mhz), ya que no debe verse sólo el beneficio económico que el Estado pueda tener por la concesión del espectro.
Lo primordial, resaltó, “es privilegiar los beneficios de un nuevo entrante en el mercado, y debe de considerar la inversión que este nuevo participante tendrá que desplegar para construir su red propia”, además de la disminución de precios en los servicios que se ofrezcan a los consumidores.
Cecilia Higuera, La Crónica, 27 de julio.
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