El Departamento de Justicia de EU recurrió ayer ante el Tribunal de Distrito en Phoenix la polémica ley antiinmigrante aprobada en Arizona en abril y pidió a esa corte estatal que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor. En caso de que el juez no lo impida, la ley que criminaliza a los más de 460 mil indocumentados, en su gran mayoría mexicanos, entrará en vigor el 29 de julio.
El fiscal general de EU, Eric Holder, alega en su demanda que la ley, impulsada por la gobernadora republicana Jan Brewer, viola la Constitución estadunidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un coctel de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país”, afirma la demanda.
Los grupos de defensa de los derechos civiles afirman que la norma dará poder a los agentes para arrestar a los extranjeros simplemente por su apariencia o su acento y hará que los inmigrantes no colaboren con la policía como testigos de crímenes o denuncien delitos.
En su demanda, la Casa Blanca alertó también, sin declararlo explícitamente, sobre el contenido racista de la ley, ya que su aplicación resultará en el “acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal”.
Entorpecerá lucha antinarco. Otro motivo alegado por el fiscal Holder es que la Ley SB1070, como se denomina oficialmente, obligará al Gobierno federal a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la policía de Arizona bajo sospecha de ser indocumentados.
Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará “la seguridad de todo el país”, destacó el fiscal general, Eric Holder.
La presentación de la demanda no es una sorpresa, pues Holder ya había indicado que sopesaba tomar esa medida; el propio Obama criticó la semana pasada la ley, a la calificó como “mal concebida” y sobre la que alertó que podría dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.
También la gobernadora de Arizona, anticipando las intenciones del gobierno federal,
La gobernadora de Arizona, ha pedido a los tribunales que desestimen las demandas.
El fiscal general de EU, Eric Holder, alega en su demanda que la ley, impulsada por la gobernadora republicana Jan Brewer, viola la Constitución estadunidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un coctel de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país”, afirma la demanda.
Los grupos de defensa de los derechos civiles afirman que la norma dará poder a los agentes para arrestar a los extranjeros simplemente por su apariencia o su acento y hará que los inmigrantes no colaboren con la policía como testigos de crímenes o denuncien delitos.
En su demanda, la Casa Blanca alertó también, sin declararlo explícitamente, sobre el contenido racista de la ley, ya que su aplicación resultará en el “acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal”.
Entorpecerá lucha antinarco. Otro motivo alegado por el fiscal Holder es que la Ley SB1070, como se denomina oficialmente, obligará al Gobierno federal a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la policía de Arizona bajo sospecha de ser indocumentados.
Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará “la seguridad de todo el país”, destacó el fiscal general, Eric Holder.
La presentación de la demanda no es una sorpresa, pues Holder ya había indicado que sopesaba tomar esa medida; el propio Obama criticó la semana pasada la ley, a la calificó como “mal concebida” y sobre la que alertó que podría dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.
También la gobernadora de Arizona, anticipando las intenciones del gobierno federal,
La gobernadora de Arizona, ha pedido a los tribunales que desestimen las demandas.
La Crónica, 7 de mayo.
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