WASHINGTON.— En un intento por granjearse el apoyo del Partido Republicano y abonar el terreno para una reforma migratoria, el presidente Barack Obama ha puesto en marcha la más agresiva campaña de detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumnetados que podría llegar a la cifra de los 400 mil expulsados este año.
Las redadas, que han ido acompañadas de auditorías sin precedentes para evitar la contratación de personas sin papeles, se han convertido en la principal línea de defensa de la administración Obama ante los continuos ataques del Partido Republicano que acusan a su gobierno de no hacer lo suficiente para garantizar la seguridad fronteriza y poner un alto a la migración indocumentada.
Según la información publicada por The Washington Post, el aumento de redadas y deportaciones ordenadas por la administración Obama —poco más de 10% de las registradas durante el último año de la administración de George W. Bush y 25% más que en 2007—, intenta ganar el apoyo de los republicanos.
El debate en torno a la inmigración indocumentada se ha convertido en la más eficaz arma que tienen los republicanos para granjearse el apoyo de unos electores preocupados por una maltrecha economía.
El éxito de esta estrategia —que ha llegado a niveles de racismo e intolerancia sin precedentes en estados como Arizona— ha obligado a la administración del presidente Barack Obama a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad fronteriza, al tiempo que aumentan el número de detenidos y deportados.
Según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el período fiscal 2009, el número de personas deportadas sumaron 387 mil 790, de las cuales 136 mil 126 eran delincuentes.
Desde que comenzó el período fiscal 2010, el 1 de octubre de 2009, y hasta el 7 de junio pasado, habían sido deportadas 227 mil 163 personas de las cuales 113 mil 453 habían cometido crímenes.
Nuevos objetivos
Los objetivos de esta renovada campaña de redadas y deportaciones fueron delineados por el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, en un memorándum dirigido el 30 de junio a sus colaboradores.
En ese documento, Morton aseguró que el ICE “sólo cuenta con recursos para remover del país a 400 mil inmigrantes indocumentados por año”.
En su escrito, Morton redefinió las prioridades para la detención y deportación de inmigrantes indocumentados y estableció que las prioridades pasan por la detención de aquellos inmigrantes indocumentados con historial criminal o que representen una amenaza contra la seguridad nacional de EU.
No obstante, en su memorándum Morton menciona que la prioridad establecida para la persecución de inmigrantes con historial criminal “no puede ser interpretado como una prohibición para la detención y remoción de otros inmigrantes sin antecedentes que se encuentren de forma ilegal en el país”.
El aumento de las redadas y deportaciones ordenadas por la administración Obama ha coincidido con las denuncias de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que han advertido que los más vulnerables han visto afectados.
La organización cita el caso de algunas personas que padecen de algún tipo de discapacidad mental (entre ellos ciudadanos estadounidenses) que han sido detenidos sin ningún tipo de asistencia legal. Según HRW, en 2008 un total de 57 mil inmigrantes que se enfrentaron a un proceso de deportación padecían algún tipo de discapacidad mental.
Las redadas, que han ido acompañadas de auditorías sin precedentes para evitar la contratación de personas sin papeles, se han convertido en la principal línea de defensa de la administración Obama ante los continuos ataques del Partido Republicano que acusan a su gobierno de no hacer lo suficiente para garantizar la seguridad fronteriza y poner un alto a la migración indocumentada.
Según la información publicada por The Washington Post, el aumento de redadas y deportaciones ordenadas por la administración Obama —poco más de 10% de las registradas durante el último año de la administración de George W. Bush y 25% más que en 2007—, intenta ganar el apoyo de los republicanos.
El debate en torno a la inmigración indocumentada se ha convertido en la más eficaz arma que tienen los republicanos para granjearse el apoyo de unos electores preocupados por una maltrecha economía.
El éxito de esta estrategia —que ha llegado a niveles de racismo e intolerancia sin precedentes en estados como Arizona— ha obligado a la administración del presidente Barack Obama a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad fronteriza, al tiempo que aumentan el número de detenidos y deportados.
Según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el período fiscal 2009, el número de personas deportadas sumaron 387 mil 790, de las cuales 136 mil 126 eran delincuentes.
Desde que comenzó el período fiscal 2010, el 1 de octubre de 2009, y hasta el 7 de junio pasado, habían sido deportadas 227 mil 163 personas de las cuales 113 mil 453 habían cometido crímenes.
Nuevos objetivos
Los objetivos de esta renovada campaña de redadas y deportaciones fueron delineados por el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, en un memorándum dirigido el 30 de junio a sus colaboradores.
En ese documento, Morton aseguró que el ICE “sólo cuenta con recursos para remover del país a 400 mil inmigrantes indocumentados por año”.
En su escrito, Morton redefinió las prioridades para la detención y deportación de inmigrantes indocumentados y estableció que las prioridades pasan por la detención de aquellos inmigrantes indocumentados con historial criminal o que representen una amenaza contra la seguridad nacional de EU.
No obstante, en su memorándum Morton menciona que la prioridad establecida para la persecución de inmigrantes con historial criminal “no puede ser interpretado como una prohibición para la detención y remoción de otros inmigrantes sin antecedentes que se encuentren de forma ilegal en el país”.
El aumento de las redadas y deportaciones ordenadas por la administración Obama ha coincidido con las denuncias de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que han advertido que los más vulnerables han visto afectados.
La organización cita el caso de algunas personas que padecen de algún tipo de discapacidad mental (entre ellos ciudadanos estadounidenses) que han sido detenidos sin ningún tipo de asistencia legal. Según HRW, en 2008 un total de 57 mil inmigrantes que se enfrentaron a un proceso de deportación padecían algún tipo de discapacidad mental.
Jaime Hernández corresponsal, EL Universal, 27 de julio.
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