WASHINGTON.— Ya es oficial. En un intento por restablecer la supremacía de las leyes federales que ordena la Constitución en asuntos de migración, la administración del presidente Barack Obama interpuso ayer ante un tribunal del distrito de Phoenix un recurso de inconstitucionalidad y una moción para impedir la entrada en vigor de la ley antinmigrante de Arizona SB1070 que criminaliza la presencia de indocumentados en ese estado.
“Bajo la Constitución, sólo el gobierno federal tiene la autoridad para dictaminar en asuntos de migración”, aseguró un funcionario del Departamento de Justicia al confirmar la interposición de un recurso que ha presentado de forma simultánea a una moción para paralizar una ley que representa una usurpación de funciones federales y que podría entrar en vigor el próximo día 29 para que policías locales y estatales interroguen e incluso arresten indocumentados durante la aplicación de otras leyes, como revisiones de tránsito.
El gobierno de México expresó su beneplácito por la decisión del presidente de Estados Unidos de impugnar ante una corte la llamada Ley Arizona, que “afecta potencialmente” los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos.
La cancillería indicó en un comunicado que “esta decisión del Ejecutivo estadounidense se suma a las acciones ya presentadas en contra de la Ley SB1070, incluida la demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles y a la que el Gobierno de México apoyó bajo la figura de “Amigo de la Corte” o amicus curiae el pasado 22 de junio.
El futuro inmediato de la ley está en manos de la magistrada federal Susan R. Bolton, quien deberá decidir antes del día 29 si suspende o no su entrada en vigor. Bolton está a cargo de analizar las siete demandas que han sido interpuestas desde que la gobernadora de Arizona promulgó la nueva ley el pasado 23 de abril.
Jan Brewer denuncia ataque de narcos
La gobernadora Jan Brewer afirmó que Arizona se encuentra “bajo el ataque” de los narcotraficantes, traficantes humanos y, ahora, del gobierno federal. “La demanda presentada el día de hoy es una pérdida de recursos. Esos fondos deberían ser utilizados en contra de los violentos cárteles mexicanos y no en contra de la gente de Arizona”, enfatizó Brewer.
La gobernadora dijo estar “complacida” de que el Departamento de Justicia y el presidente Obama no hayan incluido en su demanda acusaciones de prácticas de perfil racial. Brewer aseguró que luchará en la Corte Federal para defender a los ciudadanos de Arizona y dijo que el estado saldrá victorioso de las demandas.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes se congratularon por la decisión de la administración Obama. “Hoy, el gobierno federal intenta restablecer su derecho fundamental a redactar, implementar y defender leyes que rigen a esta nación. El reto legal a la SB1070 es un paso sumamente importante en la lucha en contra del racismo y la intolerancia”, aseguró Angélica Salas, de la Coalición en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Los senadores republicanos por Arizona, John McCain y John Kyle, criticaron la acción del gobierno contra la SB1070 y la consideraron como “demasiado prematura”, ya que aún no se conocen los efectos de esta ley que, desde su punto de vista, “sólo intenta proteger a la gente de Arizona del crimen y la violencia que la inmigración ilegal trae consigo”.
La decisión de impugnar la SB1070 es una acción no exenta de riesgos políticos ya que, según las últimas encuestas de organismos como el Pew Research Center, 59% de los estadounidenses están a favor de esta legislación que ha comenzado a replicarse en casi una veintena de estados que incluyen a Arkansas, Idaho, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas y Utah.
Republicanos pierden apoyo latino
Al mismo tiempo, esta legislación es repudiada por 81% de los latinos que residen en Arizona y que se han reagrupado en torno a las filas del Partido Demócrata para confirmar así que el Partido Republicano se ha quedado huérfano de apoyos entre la minoría latina, una de las más activas y dinámicas en términos demográficos y electorales. (Con información de Silvia Otero y agencias)
“Bajo la Constitución, sólo el gobierno federal tiene la autoridad para dictaminar en asuntos de migración”, aseguró un funcionario del Departamento de Justicia al confirmar la interposición de un recurso que ha presentado de forma simultánea a una moción para paralizar una ley que representa una usurpación de funciones federales y que podría entrar en vigor el próximo día 29 para que policías locales y estatales interroguen e incluso arresten indocumentados durante la aplicación de otras leyes, como revisiones de tránsito.
El gobierno de México expresó su beneplácito por la decisión del presidente de Estados Unidos de impugnar ante una corte la llamada Ley Arizona, que “afecta potencialmente” los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos.
La cancillería indicó en un comunicado que “esta decisión del Ejecutivo estadounidense se suma a las acciones ya presentadas en contra de la Ley SB1070, incluida la demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles y a la que el Gobierno de México apoyó bajo la figura de “Amigo de la Corte” o amicus curiae el pasado 22 de junio.
El futuro inmediato de la ley está en manos de la magistrada federal Susan R. Bolton, quien deberá decidir antes del día 29 si suspende o no su entrada en vigor. Bolton está a cargo de analizar las siete demandas que han sido interpuestas desde que la gobernadora de Arizona promulgó la nueva ley el pasado 23 de abril.
Jan Brewer denuncia ataque de narcos
La gobernadora Jan Brewer afirmó que Arizona se encuentra “bajo el ataque” de los narcotraficantes, traficantes humanos y, ahora, del gobierno federal. “La demanda presentada el día de hoy es una pérdida de recursos. Esos fondos deberían ser utilizados en contra de los violentos cárteles mexicanos y no en contra de la gente de Arizona”, enfatizó Brewer.
La gobernadora dijo estar “complacida” de que el Departamento de Justicia y el presidente Obama no hayan incluido en su demanda acusaciones de prácticas de perfil racial. Brewer aseguró que luchará en la Corte Federal para defender a los ciudadanos de Arizona y dijo que el estado saldrá victorioso de las demandas.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes se congratularon por la decisión de la administración Obama. “Hoy, el gobierno federal intenta restablecer su derecho fundamental a redactar, implementar y defender leyes que rigen a esta nación. El reto legal a la SB1070 es un paso sumamente importante en la lucha en contra del racismo y la intolerancia”, aseguró Angélica Salas, de la Coalición en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Los senadores republicanos por Arizona, John McCain y John Kyle, criticaron la acción del gobierno contra la SB1070 y la consideraron como “demasiado prematura”, ya que aún no se conocen los efectos de esta ley que, desde su punto de vista, “sólo intenta proteger a la gente de Arizona del crimen y la violencia que la inmigración ilegal trae consigo”.
La decisión de impugnar la SB1070 es una acción no exenta de riesgos políticos ya que, según las últimas encuestas de organismos como el Pew Research Center, 59% de los estadounidenses están a favor de esta legislación que ha comenzado a replicarse en casi una veintena de estados que incluyen a Arkansas, Idaho, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas y Utah.
Republicanos pierden apoyo latino
Al mismo tiempo, esta legislación es repudiada por 81% de los latinos que residen en Arizona y que se han reagrupado en torno a las filas del Partido Demócrata para confirmar así que el Partido Republicano se ha quedado huérfano de apoyos entre la minoría latina, una de las más activas y dinámicas en términos demográficos y electorales. (Con información de Silvia Otero y agencias)
Jaime Hernàndez corresponsal, El Universal, 7 de julio.
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