WASHINGTON.- El Gobierno y los habitantes de Arizona se preparan para la entrada en vigor de la ley SB1070, que obliga a más de 15 mil policías locales y estatales a detener a las personas que, bajo "sospecha razonable", parezcan estar ilegalmente en Estados Unidos.
Firmada por la Gobernadora Jan Brewer en abril, la norma establece como política pública el combate de la inmigración indocumentada "por abatimiento".
Aunque está previsto que comience a aplicarse el jueves, tanto la Administración de Barack Obama como grupos de derechos humanos pelean en los tribunales para evitar que esto suceda.
El impacto que la SB1070 tendrá está en debate.
"Estamos saturados. Nuestros muchachos no van a estar por ahí tratando de hacerla de agentes de inmigración. No tenemos tiempo para eso; eso no fue para lo que se enrolaron aquí", afirmó Kenneth Crane, secretario de la Asociación de Aplicación de la Ley de Phoenix, el sindicato de oficiales de la ciudad que apoya la ley.
Sin embargo, los opositores a la normativa argumentan que la ambigüedad respecto a lo que es una "sospecha razonable" llevará a que los policías se conviertan de facto en agentes migratorios.
"Es como tener a la Patrulla Fronteriza saliendo en cada comunidad", opinó Antonio B. Bustamante, quien dirige el comité de derechos civiles de la Asociación de Abogados de la Barra Hispana de Arizona.
"Cada oficial, a cualquier nivel, de cualquier agencia policial, tendrá no sólo el poder, sino el deber, de arrestar a todo el que crea que es indocumentado. Es como tener una Gestapo contra gente de descendencia latina", argumentó.
Desde finales de junio, por orden de la Gobernadora Brewer, la Junta de Estándares y Entrenamiento para Oficiales de Paz de Arizona lanzó un video de capacitación de 90 minutos sobre cómo implementar la normativa.
La cinta ha causado polémica por la manera en que define una "sospecha razonable". Como parámetros para detectar están la vestimenta, el número de personas que viajan en un vehículo y hablar mal el inglés.
Los simpatizantes de la ley afirman que ésta permitirá a los oficiales locales llamar a las autoridades federales de inmigración cuando la situación lo amerite y así ayudará a combatir el crimen.
"El propósito es básicamente quitarles a los policías las esposas y dejarlos hacer su trabajo", comentó Crane al descartar que vaya a haber problemas de discriminación.
"En ciertas circunstancias, cuando (los oficiales) detecten alguna actividad criminal en la calle y al platicar con alguien desarrollen una sospecha razonable de que pueda estar aquí ilegalmente, podrán hacer la llamada (a las agencias federales)", agregó.
Serán miembros de estas agencias, como la Oficina de Aduanas y Control Migratorio (ICE), quienes decidirán si un individuo es indocumentado, detalló.
Aunque actualmente nueve corporaciones estatales y locales de Arizona cuentan ya con oficiales capacitados por el ICE bajo un polémico programa del Gobierno federal conocido como 287g para aplicar leyes de inmigración, éstos representan una pequeña porción de los agentes de la entidad, explicó el abogado Bustamante.
Sin embargo, los alguaciles de los cuatro condados que concentran a 4.6 de los 6.5 millones de habitantes de Arizona, Maricopa, Pima, Pinal y Yayapai, ya realizan redadas contra indocumentados, basados en este programa.
De acuerdo con activistas, la comunidad inmigrante del estado vive con miedo desde que la SB1070 fue promulgada a finales de abril.
"Inmediatamente, maestros en escuelas nos reportaron que muchos niños habían sido sacados por su padres", dijo Petra Falcón, directora ejecutiva de Promesa Arizona (PAZ), una organización a favor de los inmigrantes.
"Nos avisan que ya no hay tanto negocio en tiendas, que se están cerrando algunas, que la gente está sacando su dinero de los bancos para estar listos para irse, algunos ya no están pagando su casa", agregó.
Opositores de la normativa han advertido que, el mismo día que ésta entre en vigor, podría desatarse una serie de movilizaciones con acciones de desobediencia civil para saturar las agencias encargadas de su aplicación.
En medio de la controversia
La SB1070, llamada oficialmente Ley para Apoyar a Nuestras Agencias del Orden Público y de Vecindarios Seguros, tiene varias secciones polémicas. Éstas son algunas:
Sección 1
· Establece como política de todas las agencias del estado el combate de la inmigración ilegal a través del "abatimiento".
Sección 2
· Obliga a que, al ordenar un alto legal, los agentes de Policía indaguen el estatus migratorio de la persona cuando exista "una sospecha razonable" de que ésta se encuentra ilegalmente en EU.
· Faculta a policías locales y estatales a entregar a las autoridades federales a extranjeros bajo su custodia que sean sospechosos de estar ilegalmente en la nación.
· Permite a los agentes realizar detenciones sin orden de arresto cuando lconsideren que existe causa probable de que alguna persona haya realizado una ofensa pública que lleve a la deportación.
Sección 3
· Tipifica como un nuevo delito la violación de las provisiones de las leyes federales de inmigración relativas al registro y portación de documentos de registro. La primera ofensa sería considerada como un delito menor punible con hasta 6 meses de cárcel y 500 dólares de multa. La segunda, un delito grave con una multa de mil dólares.
Sección 4
· En una provisión, determina que un oficial puede marcar el alto a cualquier conductor cuando tenga "sospecha razonable" de que éste haya cometido una violación civil de tránsito o de la ley de contrabando de personas.
Sección 5
· Establece como delito menor el tratar de contratar jornaleros si se bloquea el tráfico y el que un trabajador se suba a un automóvil si éste obstruye el flujo vehicular.
· Criminaliza que inmigrantes indocumentados soliciten trabajo (a través de un gesto o inclinación de cabeza) en cualquier lugar público.
· Convierte en una ofensa transportar o esconder a cualquier persona que el conductor sepa o imprudentemente ignore que entró ilegalmente a EU, así como instigar a cualquier inmigrante a entrar, residir o trabajar ilegalmente en el país.
Firmada por la Gobernadora Jan Brewer en abril, la norma establece como política pública el combate de la inmigración indocumentada "por abatimiento".
Aunque está previsto que comience a aplicarse el jueves, tanto la Administración de Barack Obama como grupos de derechos humanos pelean en los tribunales para evitar que esto suceda.
El impacto que la SB1070 tendrá está en debate.
"Estamos saturados. Nuestros muchachos no van a estar por ahí tratando de hacerla de agentes de inmigración. No tenemos tiempo para eso; eso no fue para lo que se enrolaron aquí", afirmó Kenneth Crane, secretario de la Asociación de Aplicación de la Ley de Phoenix, el sindicato de oficiales de la ciudad que apoya la ley.
Sin embargo, los opositores a la normativa argumentan que la ambigüedad respecto a lo que es una "sospecha razonable" llevará a que los policías se conviertan de facto en agentes migratorios.
"Es como tener a la Patrulla Fronteriza saliendo en cada comunidad", opinó Antonio B. Bustamante, quien dirige el comité de derechos civiles de la Asociación de Abogados de la Barra Hispana de Arizona.
"Cada oficial, a cualquier nivel, de cualquier agencia policial, tendrá no sólo el poder, sino el deber, de arrestar a todo el que crea que es indocumentado. Es como tener una Gestapo contra gente de descendencia latina", argumentó.
Desde finales de junio, por orden de la Gobernadora Brewer, la Junta de Estándares y Entrenamiento para Oficiales de Paz de Arizona lanzó un video de capacitación de 90 minutos sobre cómo implementar la normativa.
La cinta ha causado polémica por la manera en que define una "sospecha razonable". Como parámetros para detectar están la vestimenta, el número de personas que viajan en un vehículo y hablar mal el inglés.
Los simpatizantes de la ley afirman que ésta permitirá a los oficiales locales llamar a las autoridades federales de inmigración cuando la situación lo amerite y así ayudará a combatir el crimen.
"El propósito es básicamente quitarles a los policías las esposas y dejarlos hacer su trabajo", comentó Crane al descartar que vaya a haber problemas de discriminación.
"En ciertas circunstancias, cuando (los oficiales) detecten alguna actividad criminal en la calle y al platicar con alguien desarrollen una sospecha razonable de que pueda estar aquí ilegalmente, podrán hacer la llamada (a las agencias federales)", agregó.
Serán miembros de estas agencias, como la Oficina de Aduanas y Control Migratorio (ICE), quienes decidirán si un individuo es indocumentado, detalló.
Aunque actualmente nueve corporaciones estatales y locales de Arizona cuentan ya con oficiales capacitados por el ICE bajo un polémico programa del Gobierno federal conocido como 287g para aplicar leyes de inmigración, éstos representan una pequeña porción de los agentes de la entidad, explicó el abogado Bustamante.
Sin embargo, los alguaciles de los cuatro condados que concentran a 4.6 de los 6.5 millones de habitantes de Arizona, Maricopa, Pima, Pinal y Yayapai, ya realizan redadas contra indocumentados, basados en este programa.
De acuerdo con activistas, la comunidad inmigrante del estado vive con miedo desde que la SB1070 fue promulgada a finales de abril.
"Inmediatamente, maestros en escuelas nos reportaron que muchos niños habían sido sacados por su padres", dijo Petra Falcón, directora ejecutiva de Promesa Arizona (PAZ), una organización a favor de los inmigrantes.
"Nos avisan que ya no hay tanto negocio en tiendas, que se están cerrando algunas, que la gente está sacando su dinero de los bancos para estar listos para irse, algunos ya no están pagando su casa", agregó.
Opositores de la normativa han advertido que, el mismo día que ésta entre en vigor, podría desatarse una serie de movilizaciones con acciones de desobediencia civil para saturar las agencias encargadas de su aplicación.
En medio de la controversia
La SB1070, llamada oficialmente Ley para Apoyar a Nuestras Agencias del Orden Público y de Vecindarios Seguros, tiene varias secciones polémicas. Éstas son algunas:
Sección 1
· Establece como política de todas las agencias del estado el combate de la inmigración ilegal a través del "abatimiento".
Sección 2
· Obliga a que, al ordenar un alto legal, los agentes de Policía indaguen el estatus migratorio de la persona cuando exista "una sospecha razonable" de que ésta se encuentra ilegalmente en EU.
· Faculta a policías locales y estatales a entregar a las autoridades federales a extranjeros bajo su custodia que sean sospechosos de estar ilegalmente en la nación.
· Permite a los agentes realizar detenciones sin orden de arresto cuando lconsideren que existe causa probable de que alguna persona haya realizado una ofensa pública que lleve a la deportación.
Sección 3
· Tipifica como un nuevo delito la violación de las provisiones de las leyes federales de inmigración relativas al registro y portación de documentos de registro. La primera ofensa sería considerada como un delito menor punible con hasta 6 meses de cárcel y 500 dólares de multa. La segunda, un delito grave con una multa de mil dólares.
Sección 4
· En una provisión, determina que un oficial puede marcar el alto a cualquier conductor cuando tenga "sospecha razonable" de que éste haya cometido una violación civil de tránsito o de la ley de contrabando de personas.
Sección 5
· Establece como delito menor el tratar de contratar jornaleros si se bloquea el tráfico y el que un trabajador se suba a un automóvil si éste obstruye el flujo vehicular.
· Criminaliza que inmigrantes indocumentados soliciten trabajo (a través de un gesto o inclinación de cabeza) en cualquier lugar público.
· Convierte en una ofensa transportar o esconder a cualquier persona que el conductor sepa o imprudentemente ignore que entró ilegalmente a EU, así como instigar a cualquier inmigrante a entrar, residir o trabajar ilegalmente en el país.
José Díaz Briseño corresponsal, Reforma, 26 de julio.
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