El priísta Ulises Ruiz Ortiz obstaculiza el proceso de entrega-recepción del gobierno de Oaxaca para “ganar tiempo”, e hizo reformar la ley orgánica del Congreso estatal porque “la casa está sucia y necesita limpiarla”, dijo el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo.
“Ruiz maneja un doble discurso e intenta desconocer la decisión de más de 700 mil oaxaqueños, pues obligó al candidato priísta Eviel Pérez a reconocer su derrota pero mandó a impugnar la elección, y no sólo dispuso iniciar la entrega-recepción en noviembre, también planeó la reforma para mantener el control de la legislatura”, expuso el mandatario electo.
Cué advirtió en un comunicado que no aceptará que la entrega-recepción sea en noviembre y presentará “una contrapropuesta” para que el procedimiento sea ordenado y transparente, pues no se trata de un simple acto administrativo, sino de una transición democrática, dado el triunfo de la oposición tras 80 años de gobiernos priístas.
“Se transparentará todo; se contratarán despachos contables para la revisión de cuentas, y una comisión ciudadana vigilará los movimientos de Ruiz Ortiz, pues cuando llegó al gobierno había una deuda de 600 millones de pesos y ahora es de 6 mil millones.
Por separado, el líder estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara, dijo que “la reforma legislativa nació muerta”, y los diputados de partidos que integraron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso “la echarán abajo”, pese a la mayoría priísta, que con sus 16 integrantes recibirá las presidencias de las juntas de gobierno y Coordinación Política al inicio de la legislatura.
“El albazo de ayer” impone que una de las políticas fundamentales en agenda sea la revisión de cuentas, dijo Moreno Alcántara; mientras Aleida Alavés, delegada del PRD, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a Ruiz Ortiz como “responsable de la violencia de 2006”, pero el Congreso del estado lo exoneró.
En tanto, en Jalapa, las bancadas de PAN y Convergencia en el Congreso estatal demandaron la comparecencia de Carolina Viveros y Héctor Roa, presidenta y secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), para que informen por qué proclamaron al priísta Javier Duarte de Ochoa como ganador en la elección de gobernador, sin que les correspondiera tal pronunciamiento.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado –indicaron el convergente Alfredo Tress y el panista Rafael Sánchez– es la instancia autorizada para calificar la elección y extender la constancia de mayoría, pero en dos ocasiones el IEV ha convocado a sesiones para señalar a Duarte como “primer lugar”, en una maniobra que atropella la legislación vigente.
Simpatizantes de la alianza PRD-Convergencia-PT también bloquearon la autopista Jalapa-Ciudad Cardel por la constancia de mayoría entregada al priísta Ernesto Hernández en la elección de alcalde en Emiliano Zapata, y acusaron al IEV de falsificar actas, alterar boletas y embarazar urnas para favorecerlo.
En Quintana Roo, el PRI impugnó la elección de alcalde en Felipe Carrillo Puerto, que ganó por 176 votos el candidato de la alianza opositora, Sebastián Uc Yam; y también la de Benito Juárez (Cancún), donde su candidata, Guadalupe Novelo, perdió ante Julián Ricalde Magaña por más de 8 mil votos.
La alianza PAN-PRD-PT-Convergencia impugnó la de Tulum, donde su candidato Alonso Ventre perdió por 180 votos contra la priísta Edith Mendoza; y las diputaciones correspondientes a los distritos 6, 11 y 12 también se decidirán en instancias jurídicas.
Agustín Galo, Octavio Vélez, Andrés Morales y Hugo Martoccia, Corresponsales, La Jornada, 17 de julio.
“Ruiz maneja un doble discurso e intenta desconocer la decisión de más de 700 mil oaxaqueños, pues obligó al candidato priísta Eviel Pérez a reconocer su derrota pero mandó a impugnar la elección, y no sólo dispuso iniciar la entrega-recepción en noviembre, también planeó la reforma para mantener el control de la legislatura”, expuso el mandatario electo.
Cué advirtió en un comunicado que no aceptará que la entrega-recepción sea en noviembre y presentará “una contrapropuesta” para que el procedimiento sea ordenado y transparente, pues no se trata de un simple acto administrativo, sino de una transición democrática, dado el triunfo de la oposición tras 80 años de gobiernos priístas.
“Se transparentará todo; se contratarán despachos contables para la revisión de cuentas, y una comisión ciudadana vigilará los movimientos de Ruiz Ortiz, pues cuando llegó al gobierno había una deuda de 600 millones de pesos y ahora es de 6 mil millones.
Por separado, el líder estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara, dijo que “la reforma legislativa nació muerta”, y los diputados de partidos que integraron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso “la echarán abajo”, pese a la mayoría priísta, que con sus 16 integrantes recibirá las presidencias de las juntas de gobierno y Coordinación Política al inicio de la legislatura.
“El albazo de ayer” impone que una de las políticas fundamentales en agenda sea la revisión de cuentas, dijo Moreno Alcántara; mientras Aleida Alavés, delegada del PRD, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a Ruiz Ortiz como “responsable de la violencia de 2006”, pero el Congreso del estado lo exoneró.
En tanto, en Jalapa, las bancadas de PAN y Convergencia en el Congreso estatal demandaron la comparecencia de Carolina Viveros y Héctor Roa, presidenta y secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), para que informen por qué proclamaron al priísta Javier Duarte de Ochoa como ganador en la elección de gobernador, sin que les correspondiera tal pronunciamiento.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado –indicaron el convergente Alfredo Tress y el panista Rafael Sánchez– es la instancia autorizada para calificar la elección y extender la constancia de mayoría, pero en dos ocasiones el IEV ha convocado a sesiones para señalar a Duarte como “primer lugar”, en una maniobra que atropella la legislación vigente.
Simpatizantes de la alianza PRD-Convergencia-PT también bloquearon la autopista Jalapa-Ciudad Cardel por la constancia de mayoría entregada al priísta Ernesto Hernández en la elección de alcalde en Emiliano Zapata, y acusaron al IEV de falsificar actas, alterar boletas y embarazar urnas para favorecerlo.
En Quintana Roo, el PRI impugnó la elección de alcalde en Felipe Carrillo Puerto, que ganó por 176 votos el candidato de la alianza opositora, Sebastián Uc Yam; y también la de Benito Juárez (Cancún), donde su candidata, Guadalupe Novelo, perdió ante Julián Ricalde Magaña por más de 8 mil votos.
La alianza PAN-PRD-PT-Convergencia impugnó la de Tulum, donde su candidato Alonso Ventre perdió por 180 votos contra la priísta Edith Mendoza; y las diputaciones correspondientes a los distritos 6, 11 y 12 también se decidirán en instancias jurídicas.
Agustín Galo, Octavio Vélez, Andrés Morales y Hugo Martoccia, Corresponsales, La Jornada, 17 de julio.
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