La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó la recomendación 36/2010 que le envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de la muerte de los niños Martín y Brayan Almanza por fuego militar en la carretera Nuevo Laredo a Reynosa.
En un comunicado, la Sedena indicó que en lo que respecta a la reparación del daño e indemnizaciones, se sujetará al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales y administrativas competentes.
En cuanto a las afirmaciones respecto al desarrollo de los hechos y de la preservación del lugar en que sucedieron la Sedena indicó que se estima jurídicamente necesario esperar al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales competentes.
“Lo anterior, con el objetivo de evitar prejuzgar sobre la responsabilidad del personal militar, demostrando respeto a las garantías del debido proceso a que tienen derecho todas las personas, civiles y militares”.
En relación con el punto relativo a que personal militar sea sometido periódicamente a exámenes toxicológicos y psicológicos, informó que se continuará con la aplicación de estos procedimientos de evaluación a todo elemento de las Fuerzas Armadas, desde su ingreso, así como en las diversas fases del adiestramiento militar.
Cabe recordar que de acuerdo a la investigación realizada por la CNDH, los niños Almanza murieron por el fuego directo y discrecional de militares adscritos al Tercer Regimiento Blindado y no por fuego cruzado contra la delincuencia organizada, como lo había dicho la Sedena.
“La Secretaría de la Defensa Nacional ha dado pasos categóricos hacia la divulgación de una cultura de derechos humanos entre sus miembros, hacia la transparencia y la rendición de cuentas”, dice el comunicado.
En la recomendación de la Comisión dirigida a la Sedena y la PGR se observaron violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como un indebido levantamiento de indicios y no se preservaron las evidencias, lo que constituye una violación al derecho humano y a la información veraz para el acceso a la justicia.
En un comunicado, la Sedena indicó que en lo que respecta a la reparación del daño e indemnizaciones, se sujetará al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales y administrativas competentes.
En cuanto a las afirmaciones respecto al desarrollo de los hechos y de la preservación del lugar en que sucedieron la Sedena indicó que se estima jurídicamente necesario esperar al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales competentes.
“Lo anterior, con el objetivo de evitar prejuzgar sobre la responsabilidad del personal militar, demostrando respeto a las garantías del debido proceso a que tienen derecho todas las personas, civiles y militares”.
En relación con el punto relativo a que personal militar sea sometido periódicamente a exámenes toxicológicos y psicológicos, informó que se continuará con la aplicación de estos procedimientos de evaluación a todo elemento de las Fuerzas Armadas, desde su ingreso, así como en las diversas fases del adiestramiento militar.
Cabe recordar que de acuerdo a la investigación realizada por la CNDH, los niños Almanza murieron por el fuego directo y discrecional de militares adscritos al Tercer Regimiento Blindado y no por fuego cruzado contra la delincuencia organizada, como lo había dicho la Sedena.
“La Secretaría de la Defensa Nacional ha dado pasos categóricos hacia la divulgación de una cultura de derechos humanos entre sus miembros, hacia la transparencia y la rendición de cuentas”, dice el comunicado.
En la recomendación de la Comisión dirigida a la Sedena y la PGR se observaron violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como un indebido levantamiento de indicios y no se preservaron las evidencias, lo que constituye una violación al derecho humano y a la información veraz para el acceso a la justicia.
La Crónica, 3 de julio.
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