La Suprema Corte de Justicia, en voz del ministro José de Jesús Gudiño, señaló que el Estado y las autoridades mexicanas están obligados a realizar investigaciones para esclarecer hechos y sancionar a responsables en casos en los que se haya corroborado ilegalidades en el uso de la fuerza pública.
Si no lo hacen, alertó, incurren en nuevas violaciones a los derechos humanos.
El ministro participó en el congreso organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR como representante de la SCJN y pronunció un discurso a nombre del máximo tribunal del país.
Uno de los últimos expedientes en los que se ha comprobado que hubo “uso arbitrario de la fuerza pública” por parte de militares fue el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, a quienes se buscó presentar como delincuentes; fueron torturados antes de morir y la escena del crimen se alteró.
La CNDH citó a la PGR y a la Procuraduría de Justicia Militar como instancias encargadas de la indagatoria.
“Las investigaciones deben ser efectivas, con un auténtico y real ánimo de identificar y sancionar a los responsables, principalmente cuando se trata de agentes del estado”.
Las autoridades involucradas, dijo, “deben reprimir las conductas abusivas, no hacerlo implica tolerar y hasta propiciar más actos de abuso y exceso por parte de la fuerza pública, si no se reprimen se incurre en una continuidad de violación de derechos”.
Y avaló, conforme a tratados internacionales, la reparación del daño a las víctimas.
El ministro Gudiño basó su exposición en la resolución de la Corte sobre el caso Atenco, en febrero de 2009. Apuntó que la mayor aportación del dictamen no fue establecer estándares para el uso de la fuerza, sino “haber hecho visible y notorio el precario estado normativo en que se encuentra este rubro en nuestro país y, sobre todo, haber establecido que estas omisiones legislativas reglamentarias y protocolarias son por sí mismas violatorias a derechos humanos y contrarias a un Estado democrático”.
El vacío de medidas normativas, “vacío que en general aún subsiste”, acusó, “da paso a que la fuerza pública sea ejercida irresponsablemente. Sin protocolos es muy difícil usar la fuerza sin excesos o deficiencias”.
Desde otra perspectiva aseveró que usar la fuerza pública con miedo también vulnera los derechos humanos, “porque hay circunstancias en las que la autoridad está obligada a usarla, pero el rechazo social la ha inhibido y no la emplea, eso también es violatorio a los derechos humanos”.
Los estándares fijados por la SCJN se basan en legalidad, eficiencia, profesionalidad y honradez de la fuerza pública, y en un test de valoración sobre sus fines, necesidades y proporcionalidad.
—Tras la emisión de esos criterios, ¿ha habido respuesta por parte de las autoridades mexicanas? —se le preguntó a Gudiño.
—Hubo algunas declaraciones, sí causó impacto, se han interesado en el tema y están estudiándolo.
Si no lo hacen, alertó, incurren en nuevas violaciones a los derechos humanos.
El ministro participó en el congreso organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR como representante de la SCJN y pronunció un discurso a nombre del máximo tribunal del país.
Uno de los últimos expedientes en los que se ha comprobado que hubo “uso arbitrario de la fuerza pública” por parte de militares fue el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, a quienes se buscó presentar como delincuentes; fueron torturados antes de morir y la escena del crimen se alteró.
La CNDH citó a la PGR y a la Procuraduría de Justicia Militar como instancias encargadas de la indagatoria.
“Las investigaciones deben ser efectivas, con un auténtico y real ánimo de identificar y sancionar a los responsables, principalmente cuando se trata de agentes del estado”.
Las autoridades involucradas, dijo, “deben reprimir las conductas abusivas, no hacerlo implica tolerar y hasta propiciar más actos de abuso y exceso por parte de la fuerza pública, si no se reprimen se incurre en una continuidad de violación de derechos”.
Y avaló, conforme a tratados internacionales, la reparación del daño a las víctimas.
El ministro Gudiño basó su exposición en la resolución de la Corte sobre el caso Atenco, en febrero de 2009. Apuntó que la mayor aportación del dictamen no fue establecer estándares para el uso de la fuerza, sino “haber hecho visible y notorio el precario estado normativo en que se encuentra este rubro en nuestro país y, sobre todo, haber establecido que estas omisiones legislativas reglamentarias y protocolarias son por sí mismas violatorias a derechos humanos y contrarias a un Estado democrático”.
El vacío de medidas normativas, “vacío que en general aún subsiste”, acusó, “da paso a que la fuerza pública sea ejercida irresponsablemente. Sin protocolos es muy difícil usar la fuerza sin excesos o deficiencias”.
Desde otra perspectiva aseveró que usar la fuerza pública con miedo también vulnera los derechos humanos, “porque hay circunstancias en las que la autoridad está obligada a usarla, pero el rechazo social la ha inhibido y no la emplea, eso también es violatorio a los derechos humanos”.
Los estándares fijados por la SCJN se basan en legalidad, eficiencia, profesionalidad y honradez de la fuerza pública, y en un test de valoración sobre sus fines, necesidades y proporcionalidad.
—Tras la emisión de esos criterios, ¿ha habido respuesta por parte de las autoridades mexicanas? —se le preguntó a Gudiño.
—Hubo algunas declaraciones, sí causó impacto, se han interesado en el tema y están estudiándolo.
Daniel BLancas Madrigal, La Crónica, 21 de agosto.
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