El Gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos alistan la implementación de mecanismos de protección a comunicadores.
En reuniones por separado con los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, y la OEA, Catalina Botero, el Fiscal para la Atención de Delitos contra Periodistas de PGR, Gustavo Salas, presentó el "Sistema de Alerta Temprana para Periodistas".
En tanto, el Quinto Visitador de la CNDH, Fernando Batista, informó a los funcionarios internacionales sobre el proyecto en donde se describen los protocolos para la aplicación de medidas cautelares y el cual será dado a conocer en unos días.
En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el Fiscal Gustavo Salas explicó que el sistema servirá para prevenir y atender los casos de amenazas, intimidaciones o agresiones directas a comunicadores por parte del crimen organizado.
El modelo diseñado con base en ejemplos exitosos de otros países, principalmente los de Colombia y Brasil, dijo el Fiscal, será sometido a la revisión de las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.
Salas indicó que el sistema está previsto para ser "centralizado", aunque con la participación de Gobiernos estatales, asociaciones civiles, empresas de medios y periodistas.
Además, agregó, estará encabezado por un comité intergubernamental con autonomía técnica, recursos propios y "reglas claras".
Sin embargo, no hay fecha para su puesta en marcha ni estimaciones reales sobre su costo. El modelo colombiano, según datos de la ONU entregados al Gobierno federal, costó alrededor de 50 millones de dólares.
Salas explicó que la primera etapa del "Sistema de Alerta" consiste en la petición de medidas cautelares por parte del periodista que fue víctima o el medio al que pertenece; éstas podrán ser solicitadas a las comisiones de derechos humanos, jueces o procuradurías de justicia.
Si las medidas precautorias son concedidas, intervendrá inmediatamente el Comité de Evaluación de Riesgos, que estará integrado por la Segob, PGR, SSP y CNDH, entre otros entes.
De ser necesario, este Comité echará a andar un protocolo de seguridad -aún por definirse- para implementar acciones tácticas urgentes o llevar al comunicador a una casa de protección. La alerta se clasificará como inicial, intermedia o máxima.
Urgen arranque
Los Relatores para la Libertad de Expresión coincidieron en que la implementación de este mecanismo es urgente ante la "evidente crisis" en la que se encuentra México en materia de agresiones a periodistas.
Catalina Botero estableció la necesidad de que el modelo parta de tres ejes básicos: prevención del delito, protección, y acceso a la justicia; mientras que Frank La Rue expresó su confianza de que arranque antes de octubre.
"No hay que permitir que la prensa sea intimidada. Es un momento crítico. Hay seis países en el mundo con violencia grave contra la prensa y uno de ellos es México. Nada de los que digamos tendrá resultados sin el apoyo de autoridades y sociedad civil", añadió La Rue.
Durante el encuentro, los Relatores de la ONU y OEA insistieron en la necesidad de "federalizar" los delitos cometidos contra periodistas, de instaurar medidas de protección inmediatas y urgentes, y de fortalecer a la fiscalía especializada.
En tanto, representantes de organizaciones civiles se quejaron de la impunidad en los casos de homicidios y desapariciones de comunicadores, de la tardanza del Gobierno federal para echar a andar un mecanismo de protección, y de la falta de consolidación del Programa Nacional de Derechos Humanos.
"En Chihuahua ya nos cansamos de esperar al Gobierno federal, por eso ya se aplica ahí un protocolo de seguridad consensuado con organizaciones civiles y periodistas como el que se aplica en Colombia", reprochó un activista de ese estado.
Estuvieron presentes representantes de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Artículo 19 y Centro Nacional de Comunicación Social, entre otros.
Antonio Baranda y SIlvia Garduño, Reforma, 12 de agosto.
En reuniones por separado con los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, y la OEA, Catalina Botero, el Fiscal para la Atención de Delitos contra Periodistas de PGR, Gustavo Salas, presentó el "Sistema de Alerta Temprana para Periodistas".
En tanto, el Quinto Visitador de la CNDH, Fernando Batista, informó a los funcionarios internacionales sobre el proyecto en donde se describen los protocolos para la aplicación de medidas cautelares y el cual será dado a conocer en unos días.
En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el Fiscal Gustavo Salas explicó que el sistema servirá para prevenir y atender los casos de amenazas, intimidaciones o agresiones directas a comunicadores por parte del crimen organizado.
El modelo diseñado con base en ejemplos exitosos de otros países, principalmente los de Colombia y Brasil, dijo el Fiscal, será sometido a la revisión de las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.
Salas indicó que el sistema está previsto para ser "centralizado", aunque con la participación de Gobiernos estatales, asociaciones civiles, empresas de medios y periodistas.
Además, agregó, estará encabezado por un comité intergubernamental con autonomía técnica, recursos propios y "reglas claras".
Sin embargo, no hay fecha para su puesta en marcha ni estimaciones reales sobre su costo. El modelo colombiano, según datos de la ONU entregados al Gobierno federal, costó alrededor de 50 millones de dólares.
Salas explicó que la primera etapa del "Sistema de Alerta" consiste en la petición de medidas cautelares por parte del periodista que fue víctima o el medio al que pertenece; éstas podrán ser solicitadas a las comisiones de derechos humanos, jueces o procuradurías de justicia.
Si las medidas precautorias son concedidas, intervendrá inmediatamente el Comité de Evaluación de Riesgos, que estará integrado por la Segob, PGR, SSP y CNDH, entre otros entes.
De ser necesario, este Comité echará a andar un protocolo de seguridad -aún por definirse- para implementar acciones tácticas urgentes o llevar al comunicador a una casa de protección. La alerta se clasificará como inicial, intermedia o máxima.
Urgen arranque
Los Relatores para la Libertad de Expresión coincidieron en que la implementación de este mecanismo es urgente ante la "evidente crisis" en la que se encuentra México en materia de agresiones a periodistas.
Catalina Botero estableció la necesidad de que el modelo parta de tres ejes básicos: prevención del delito, protección, y acceso a la justicia; mientras que Frank La Rue expresó su confianza de que arranque antes de octubre.
"No hay que permitir que la prensa sea intimidada. Es un momento crítico. Hay seis países en el mundo con violencia grave contra la prensa y uno de ellos es México. Nada de los que digamos tendrá resultados sin el apoyo de autoridades y sociedad civil", añadió La Rue.
Durante el encuentro, los Relatores de la ONU y OEA insistieron en la necesidad de "federalizar" los delitos cometidos contra periodistas, de instaurar medidas de protección inmediatas y urgentes, y de fortalecer a la fiscalía especializada.
En tanto, representantes de organizaciones civiles se quejaron de la impunidad en los casos de homicidios y desapariciones de comunicadores, de la tardanza del Gobierno federal para echar a andar un mecanismo de protección, y de la falta de consolidación del Programa Nacional de Derechos Humanos.
"En Chihuahua ya nos cansamos de esperar al Gobierno federal, por eso ya se aplica ahí un protocolo de seguridad consensuado con organizaciones civiles y periodistas como el que se aplica en Colombia", reprochó un activista de ese estado.
Estuvieron presentes representantes de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Artículo 19 y Centro Nacional de Comunicación Social, entre otros.
Antonio Baranda y SIlvia Garduño, Reforma, 12 de agosto.
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