Exhiben a Oliva

El periódico a.m. de León, Guanajuato, expuso ayer ante los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), los ataques sistemáticos contra la libertad de expresión por parte del Gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez.

Durante la reunión de representantes de medios de comunicación y organismos de la sociedad civil con los relatores Frank La Rue y Catalina Botero, Arcelia Becerra, directora editorial de a.m. y el periodista Manuel Mora, expusieron las prácticas del Gobierno estatal ante las críticas a su gestión.

Por la mañana, la misión internacional escuchó cómo el Ejecutivo de Guanajuato aprovecha los vacíos legales de la Ley de Transparencia local para reservar información de interés público, práctica que se repite en varios puntos del País.

Botero solicitó información adicional sobre los acuerdos de reserva avalados por el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), mediante los cuales se ha negado información relativa al gasto publicitario y a la forma en que se conducen algunos procesos deliberativos -como detalles de la adquisición de reserva territorial para el fallido proyecto de la Refinería Bicentenario.

La relatora de la OEA comentó que los casos expuestos serán integrados al informe general sobre México que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elabora y envía a todos los estados miembros así como al reporte especial de Acceso a la Información Regional.

Más adelante, en la reunión realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el tema central de discusión fue el reparto de publicidad oficial sin criterios claros, justos, objetivos y no discriminatorios, así como la criminalización del ejercicio periodístico.

Arcelia Becerra expuso que apenas hace tres semanas el Gobernador Oliva denunció penalmente a a.m. por considerar que se le había difamado en una columna de opinión.

Es importante mencionar que Guanajuato y otros 14 estados aún contemplan la difamación y calumnia como delito.

En cuanto al uso discrecional de publicidad oficial, la Relatoría solicitó a través del especialista de la CIDH, Michael Camilleri, acceso a los reportes que revelan cómo el Gobernador ha reprimido al periódico a.m., así como datos de los insultos proferidos por el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda Martínez, en contra del director de esta casa editorial, Enrique Gómez.
Reforma, 11 de agosto.

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