Ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni mucho menos los municipales cumplieron con los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y a dos años de distancia México no sólo no pudo frenar la violencia y el crimen, sino que hoy el país es más inseguro para todos.
Así lo expusieron con diferentes matices Alejandro Martí, de SOS México; Isabel Miranda de Wallace, del Movimiento Blanco; Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia; Edna Jaime, de México Evalúa, y José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Los representantes de las cinco organizaciones sociales dijeron que funcionarios federales, estatales y municipales deberían dejar sus cargos por vergüenza personal, pero además a muchos de ellos se les tendría que fincar responsabilidad administrativa y penal por negligencia en el servicio público.
Alejandro Martí afirmó que el acuerdo firmado hace dos años entre todos los sectores del país no está cumplido a cabalidad, porque si se hubiera hecho hoy tendríamos un país más seguro y la realidad nos dice que no es así.
“No podemos decir que no hay ningún avance, pero en esencia las cosas no se han dado como se plantea en los 75 puntos que contempla el acuerdo. Siguen coludiéndose policías con delincuentes, secuestradores, narcos, y en suma la depuración policiaca no está ni a medias”, dijo.
Agregó que si bien se puede decir que con la Plataforma México existen avances y es un sistema lleno de información, hay que operarlo de manera útil contra la delincuencia.
La representante del Movimiento Blanco, Isabel Miranda de Wallace, dijo que los funcionarios que no han cumplido con los compromisos pactados se deben ir, pero desgraciadamente no hay ninguna ley que permita a los ciudadanos remover a los mandos incapaces, por lo que dijo que se tiene que implementar un instrumento legal para fincar responsabilidades a quienes son negligentes en el desempeño de sus funciones.
Situación crítica
Opinó que México sigue parado por la corrupción y la impunidad, lo que contribuye a que el clima de violencia e inseguridad permanezca.
Eduardo Gallo dijo que es claro que el acuerdo y los compromisos no funcionaron. “La situación está crítica en todo el país, prevalece la impunidad en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos y otros estados donde hay un repunte delincuencial.”
Dijo que los funcionarios no sólo deberían renunciar, sino que se les deberían fincar cargos penales por incumplir, por su negligencia, que en este caso resulta criminal.
Edna Jaime, de México Evalúa, dijo que el acuerdo avanza con lentitud, pero en muchos casos se han abandonado los compromisos, a tal grado que en la actualidad la violencia y los crímenes se han exacerbado y los ciudadanos no saben quiénes son los que no han cumplido con sus obligaciones por lo confuso de a quién compete determinado ámbito.
“Los ciudadanos no tenemos mecanismos para evaluar a los servidores públicos, no hay información de lo que hacen y en muchos casos se escudan reservando ésta, haciendo extremadamente difícil exigir la rendición de cuentas.”
Crece índice de violencia
José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dijo que en los últimos dos años creció la inseguridad y la violencia y que el deterioro del país es evidente. “La tasa de homicidios dolosos se duplicó. El secuestro aumentó en 146%, las extorsiones van a la alza, lo mismo que los robos y los fraudes, de tal forma que la conclusión es que estos acuerdos para la seguridad no funcionaron y hoy el Estado no cumple con su obligación de brindar paz y seguridad a sus ciudadanos.”
Dijo que hay evidencias de que cada vez más el Estado ha perdido el monopolio de sus atribuciones, pues las organizaciones criminales ahora cobran impuestos por garantizar seguridad.
Así lo expusieron con diferentes matices Alejandro Martí, de SOS México; Isabel Miranda de Wallace, del Movimiento Blanco; Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia; Edna Jaime, de México Evalúa, y José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Los representantes de las cinco organizaciones sociales dijeron que funcionarios federales, estatales y municipales deberían dejar sus cargos por vergüenza personal, pero además a muchos de ellos se les tendría que fincar responsabilidad administrativa y penal por negligencia en el servicio público.
Alejandro Martí afirmó que el acuerdo firmado hace dos años entre todos los sectores del país no está cumplido a cabalidad, porque si se hubiera hecho hoy tendríamos un país más seguro y la realidad nos dice que no es así.
“No podemos decir que no hay ningún avance, pero en esencia las cosas no se han dado como se plantea en los 75 puntos que contempla el acuerdo. Siguen coludiéndose policías con delincuentes, secuestradores, narcos, y en suma la depuración policiaca no está ni a medias”, dijo.
Agregó que si bien se puede decir que con la Plataforma México existen avances y es un sistema lleno de información, hay que operarlo de manera útil contra la delincuencia.
La representante del Movimiento Blanco, Isabel Miranda de Wallace, dijo que los funcionarios que no han cumplido con los compromisos pactados se deben ir, pero desgraciadamente no hay ninguna ley que permita a los ciudadanos remover a los mandos incapaces, por lo que dijo que se tiene que implementar un instrumento legal para fincar responsabilidades a quienes son negligentes en el desempeño de sus funciones.
Situación crítica
Opinó que México sigue parado por la corrupción y la impunidad, lo que contribuye a que el clima de violencia e inseguridad permanezca.
Eduardo Gallo dijo que es claro que el acuerdo y los compromisos no funcionaron. “La situación está crítica en todo el país, prevalece la impunidad en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos y otros estados donde hay un repunte delincuencial.”
Dijo que los funcionarios no sólo deberían renunciar, sino que se les deberían fincar cargos penales por incumplir, por su negligencia, que en este caso resulta criminal.
Edna Jaime, de México Evalúa, dijo que el acuerdo avanza con lentitud, pero en muchos casos se han abandonado los compromisos, a tal grado que en la actualidad la violencia y los crímenes se han exacerbado y los ciudadanos no saben quiénes son los que no han cumplido con sus obligaciones por lo confuso de a quién compete determinado ámbito.
“Los ciudadanos no tenemos mecanismos para evaluar a los servidores públicos, no hay información de lo que hacen y en muchos casos se escudan reservando ésta, haciendo extremadamente difícil exigir la rendición de cuentas.”
Crece índice de violencia
José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dijo que en los últimos dos años creció la inseguridad y la violencia y que el deterioro del país es evidente. “La tasa de homicidios dolosos se duplicó. El secuestro aumentó en 146%, las extorsiones van a la alza, lo mismo que los robos y los fraudes, de tal forma que la conclusión es que estos acuerdos para la seguridad no funcionaron y hoy el Estado no cumple con su obligación de brindar paz y seguridad a sus ciudadanos.”
Dijo que hay evidencias de que cada vez más el Estado ha perdido el monopolio de sus atribuciones, pues las organizaciones criminales ahora cobran impuestos por garantizar seguridad.
Francisco Gómez, El Universal, 21 de agosto.
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