A dos años del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Presidente de la República, Gobernadores, representantes del Congreso y de organizaciones civiles reconocieron que incumplieron su compromiso firmado el 21 de agosto de 2008.
A lo largo de tres semanas, al participar en el foro Diálogo por la Seguridad, quienes suscribieron el acuerdo argumentaron que no cumplieron por falta de recursos, no lograron consensos entre las fuerzas políticas, no obtuvieron información para su evaluación a las autoridades o simplemente no hubo voluntad para concretar los compromisos.
En los encuentros que el Presidente Calderón sostuvo con representantes de los sectores involucrados en el Acuerdo Nacional, pidió realizar un acto de honestidad con los ciudadanos para evaluar qué compromisos cumplieron y cuáles no, además de asumir cuáles tenían futuro o replantearse.
"Tenemos que ver cómo vamos a revisar los compromisos del Acuerdo porque cuando se cumplan esos dos años, la sociedad nos lo va a exigir", dijo el pasado 12 de agosto ante Gobernadores.
Sin embargo, nueve días antes, él mismo justificó el incumplimiento del documento ante académicos, argumentando que el pacto ofrece resultados, sino procesos.
"(Por ejemplo) certificar equis número de policías, construir tantos penales, realizar determinadas reformas, el tener determinadas estrategias, en fin. Hay una serie de procesos. Los procesos por sí mismos no dan los resultados automáticamente, pero si no tenemos procesos ordenados nunca vamos a tener los resultados", justificó.
De los 23 Mandatarios estatales que escucharon el exhorto del Presidente, sólo tres reconocieron que incumplieron, pues la mayoría argumentó que la depuración policial, la creación de los centros de control de confianza, el fortalecimiento de reclusorios, los sistemas de información o el impulso de programas sociales mostraron avances menores por la falta de presupuesto.
El Gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera, aseguró que tenían que dar resultados, por lo que era momento de mostrar "voluntad política y decisión".
Su homólogo panista en Baja California, José Osuna Millán, ilustró así su incumplimiento: "¿Saben cuántos entidades federativas están certificadas (en sus centros de control y confianza)?: Dos. Faltan 30 por certificar. Sinaloa y Baja California son las únicas; dos más en proceso de certificar: Distrito Federal y una más".
El Mandatario de Coahuila, Humberto Moreira, afirmó que al realizar una evaluación con sinceridad del Acuerdo, podrían "tener el valor" de decir a los ciudadanos lo que no está funcionando.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presumió que "sin excepción en ninguno de los compromisos establecidos en el documento", su administración cumplió.
Las organizaciones civiles, cuyo compromiso en el Acuerdo era dar seguimiento a las acciones de autoridades y legisladores, se escudaron en que nunca lograron tener la información suficiente para hacer su evaluación.
En su momento, Calderón reconoció que el Poder Judicial es el más avanzado, sin embargo, una de sus tareas es acelerar la aplicación de la reforma del 2008 y terminar con la corrupción al interior de los juzgados.
Por su parte, los legisladores del PAN reconocieron que ha pesado más el interés partidista para que el Congreso pueda sacar las reformas comprometidas en materia de seguridad, a lo que el PRD respondió que el Gobierno no ha sido capaz de cabildear dichas legislaciones.
"Lo que queremos es reconocer que en el Congreso tenemos tareas todavía no resueltas que son nuestra primera y más urgente responsabilidad", indicó la coordinador de la bancada panista en la Cámara baja, Josefina Vázquez Mota.
Èrika Hernàndez, Reforma, 21 de agosto.
A lo largo de tres semanas, al participar en el foro Diálogo por la Seguridad, quienes suscribieron el acuerdo argumentaron que no cumplieron por falta de recursos, no lograron consensos entre las fuerzas políticas, no obtuvieron información para su evaluación a las autoridades o simplemente no hubo voluntad para concretar los compromisos.
En los encuentros que el Presidente Calderón sostuvo con representantes de los sectores involucrados en el Acuerdo Nacional, pidió realizar un acto de honestidad con los ciudadanos para evaluar qué compromisos cumplieron y cuáles no, además de asumir cuáles tenían futuro o replantearse.
"Tenemos que ver cómo vamos a revisar los compromisos del Acuerdo porque cuando se cumplan esos dos años, la sociedad nos lo va a exigir", dijo el pasado 12 de agosto ante Gobernadores.
Sin embargo, nueve días antes, él mismo justificó el incumplimiento del documento ante académicos, argumentando que el pacto ofrece resultados, sino procesos.
"(Por ejemplo) certificar equis número de policías, construir tantos penales, realizar determinadas reformas, el tener determinadas estrategias, en fin. Hay una serie de procesos. Los procesos por sí mismos no dan los resultados automáticamente, pero si no tenemos procesos ordenados nunca vamos a tener los resultados", justificó.
De los 23 Mandatarios estatales que escucharon el exhorto del Presidente, sólo tres reconocieron que incumplieron, pues la mayoría argumentó que la depuración policial, la creación de los centros de control de confianza, el fortalecimiento de reclusorios, los sistemas de información o el impulso de programas sociales mostraron avances menores por la falta de presupuesto.
El Gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera, aseguró que tenían que dar resultados, por lo que era momento de mostrar "voluntad política y decisión".
Su homólogo panista en Baja California, José Osuna Millán, ilustró así su incumplimiento: "¿Saben cuántos entidades federativas están certificadas (en sus centros de control y confianza)?: Dos. Faltan 30 por certificar. Sinaloa y Baja California son las únicas; dos más en proceso de certificar: Distrito Federal y una más".
El Mandatario de Coahuila, Humberto Moreira, afirmó que al realizar una evaluación con sinceridad del Acuerdo, podrían "tener el valor" de decir a los ciudadanos lo que no está funcionando.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presumió que "sin excepción en ninguno de los compromisos establecidos en el documento", su administración cumplió.
Las organizaciones civiles, cuyo compromiso en el Acuerdo era dar seguimiento a las acciones de autoridades y legisladores, se escudaron en que nunca lograron tener la información suficiente para hacer su evaluación.
En su momento, Calderón reconoció que el Poder Judicial es el más avanzado, sin embargo, una de sus tareas es acelerar la aplicación de la reforma del 2008 y terminar con la corrupción al interior de los juzgados.
Por su parte, los legisladores del PAN reconocieron que ha pesado más el interés partidista para que el Congreso pueda sacar las reformas comprometidas en materia de seguridad, a lo que el PRD respondió que el Gobierno no ha sido capaz de cabildear dichas legislaciones.
"Lo que queremos es reconocer que en el Congreso tenemos tareas todavía no resueltas que son nuestra primera y más urgente responsabilidad", indicó la coordinador de la bancada panista en la Cámara baja, Josefina Vázquez Mota.
Èrika Hernàndez, Reforma, 21 de agosto.
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