Hay muchos procedimientos legales que deben tener influencia en un proceso que ha generado tanta polémica, como la licitación 21 del espectro radioeléctrico, y que está tratando de ocultar con un precio bajo un subsidio al consorcio de Televisa y Nextel, indicó Ramiro Tovar Landa, especialista en telecomunicaciones.
En este sentido, dijo a Crónica que en la petición a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de que transparente este proceso a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) también debe requerirse información al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y la propia Comisión Federal de Competencia (CFC).
De esta manera, explicó, la opinión pública podría saber con base en qué criterios fijaron tanto los topes en la adquisición del espectro en 80 megahertz (Mhz), el costo del mismo y cómo se determinó que el precio mínimo adecuado para el bloque que ganaron Televisa y Nextel era de 180 millones de pesos y con ese precio "se está tratando de disfrazar un subsidio directo a un operador a costa del resultado de la licitación, pero sin querer decirlo como tal".
Ello, añadió, porque el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, hace esfuerzos mediáticos para tratar de justificar el resultado comparando cifras que no se pueden comparar entre sí, como el precio final de la puja por el espectro con las inversiones comprometidas en los próximos años para explotar la red, y esas son cifras que nunca van a poder ser comparables ni válidas.
Además, Tovar Landa reconoció que todo este proceso de la licitación viene a complicarse con el recurso legal interpuesto por empresas filiales de Grupo Salinas, en Matamoros, Tamaulipas, mismo que ya fue aprobado, con lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está impedida de entregar los títulos de concesión a los ganadores de la licitación 21.
En este sentido, dijo a Crónica que en la petición a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de que transparente este proceso a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) también debe requerirse información al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y la propia Comisión Federal de Competencia (CFC).
De esta manera, explicó, la opinión pública podría saber con base en qué criterios fijaron tanto los topes en la adquisición del espectro en 80 megahertz (Mhz), el costo del mismo y cómo se determinó que el precio mínimo adecuado para el bloque que ganaron Televisa y Nextel era de 180 millones de pesos y con ese precio "se está tratando de disfrazar un subsidio directo a un operador a costa del resultado de la licitación, pero sin querer decirlo como tal".
Ello, añadió, porque el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, hace esfuerzos mediáticos para tratar de justificar el resultado comparando cifras que no se pueden comparar entre sí, como el precio final de la puja por el espectro con las inversiones comprometidas en los próximos años para explotar la red, y esas son cifras que nunca van a poder ser comparables ni válidas.
Además, Tovar Landa reconoció que todo este proceso de la licitación viene a complicarse con el recurso legal interpuesto por empresas filiales de Grupo Salinas, en Matamoros, Tamaulipas, mismo que ya fue aprobado, con lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está impedida de entregar los títulos de concesión a los ganadores de la licitación 21.
Cecilia Higuera, La Cronica, 23 de agosto.
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