Los poderes ejecutivos de los tres órdenes de Gobierno han reportado avances dispares en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que firmaron hace dos años, cuando se obligaron a cumplir 51 compromisos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un informe fechado hasta el 17 de agosto, el Ejecutivo federal ha incumplido tres de los 36 objetivos comprometidos, ha cubierto 32 y uno está en proceso.
Los objetivos incumplidos son: elaborar una iniciativa de ley contra el lavado de dinero, fortalecer la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la construcción de dos cárceles federales de alta seguridad, incluyendo módulos especiales para secuestradores.
Las entidades del País, de acuerdo con el informe del Sistema, tienen avances dispares en los 20 objetivos que se fijaron, salvo en uno de ellos: que es el de incorporar la base de datos de los reclusos al Sistema Único de Información Criminal, donde todas lo han cubierto.
En el caso de los municipios, en los que sólo se contempló a los 206 que están en el Subsemun, de 15 objetivos fijados sólo han cumplido uno, que es el registro de su estado de fuerza policial en Plataforma México; seis están en proceso de ser cubiertos y en ocho no ha habido ningún avance.
El Acuerdo también fue signado por los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como por líderes religiosos, organizaciones civiles y empresariales, quienes también se comprometieron a cumplir con diversos objetivos; sin embargo, el informe del Sistema no da cuenta de estos compromisos.
Maria Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, indicó en entrevista que las autoridades le apostaron a que con el paso del tiempo se olvidaría el Acuerdo Nacional de Seguridad y que por ello, ha habido incumplimiento de su parte.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un informe fechado hasta el 17 de agosto, el Ejecutivo federal ha incumplido tres de los 36 objetivos comprometidos, ha cubierto 32 y uno está en proceso.
Los objetivos incumplidos son: elaborar una iniciativa de ley contra el lavado de dinero, fortalecer la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la construcción de dos cárceles federales de alta seguridad, incluyendo módulos especiales para secuestradores.
Las entidades del País, de acuerdo con el informe del Sistema, tienen avances dispares en los 20 objetivos que se fijaron, salvo en uno de ellos: que es el de incorporar la base de datos de los reclusos al Sistema Único de Información Criminal, donde todas lo han cubierto.
En el caso de los municipios, en los que sólo se contempló a los 206 que están en el Subsemun, de 15 objetivos fijados sólo han cumplido uno, que es el registro de su estado de fuerza policial en Plataforma México; seis están en proceso de ser cubiertos y en ocho no ha habido ningún avance.
El Acuerdo también fue signado por los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como por líderes religiosos, organizaciones civiles y empresariales, quienes también se comprometieron a cumplir con diversos objetivos; sin embargo, el informe del Sistema no da cuenta de estos compromisos.
Maria Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, indicó en entrevista que las autoridades le apostaron a que con el paso del tiempo se olvidaría el Acuerdo Nacional de Seguridad y que por ello, ha habido incumplimiento de su parte.
Rolando Herrera, Reforma, 21 de agosto.
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