Acusan a México de incumplir Plan Mérida; exigen retenerle fondos

WASHINGTON .— Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos demandó ayer al Congreso de Estados Unidos retener hasta 36 millones de dólares de la Iniciativa Mérida y acusó al gobierno de México por la escasa rendición de cuentas y la falta de garantías que ha ofrecido a su población en medio de la más cruenta guerra contra los cárteles de la droga.

“México no ha cumplido los cuatro requisitos de derechos humanos establecidos por la Iniciativa Mérida —incluidos eliminar la práctica de tortura y perseguir judicialmente al Ejército por violaciones de las garantías individuales— que tienen que ser asumidos para que los fondos sean liberados”, dijo la organización Human Rights Watch (HRW).

A la posición de HRW se sumaron otras organizaciones, como la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) y Amnistía Internacional, que decidieron rebatir las recomendaciones del Departamento de Estado que certificó la buena conducta del gobierno de México en materia de derechos humanos.

El pasado 2 de septiembre, el Departamento de Estado emitió un reporte sobre el cumplimiento de México en el terreno de los derechos humanos, lo que se traduciría en la liberación de 15% de los fondos asignados en el marco de la Iniciativa Mérida, es decir, 36 millones de dólares, aproximadamente.

“Las investigaciones demuestran que México sigue sin cumplir esos requisitos, por lo que el Congreso no debería liberar esos fondos”, dijeron representantes de la coalición de organizaciones.

“Liberar esos fondos enviaría el mensaje de que Estados Unidos condona las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, incluidas torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzosas”, advirtieron en su mensaje para exigir la retención de 15% de los recursos autorizados.

Los organismos insistieron en la necesidad de permitir que las autoridades civiles investiguen presuntas violaciones de efectivos militares, prohibir el uso de testimonios obtenidos a través de tortura, transparentar las acciones de los cuerpos policiacos y sostener reuniones con grupos de derechos humanos sobre la aplicación de la Iniciativa Mérida.
Jaime Hernández corresponsal, EL Universal, 15 de septiembre.

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