La Corte aplazó ayer por tiempo indefinido su decisión sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla.
El giro fue sorpresivo, luego de que en la sesión del lunes, se había perfilado una mayoría de ministros que estaba por resolver que la sentencia Radilla sí genera obligaciones para el Poder Judicial Federal, y cómo se debían cumplir.
Esa era la metodología que había propuesto el Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, misma que fue superada ayer en cuestión de minutos y luego de cuatro sesiones de debates sobre la "consulta a trámite" que él mismo presentó para aclarar qué hacer con el fallo de la CIDH.
La sentencia de la CIDH sobre la desaparición de Radilla a manos del Ejército en 1974 contiene varias órdenes al Estado mexicano, entre ellas reformar el Código de Justicia Militar para que soldados señalados por delitos contra civiles no sean juzgados por tribunales castrenses.
Pero la Corte decidió que los temas involucrados son tan relevantes y complejos, que es necesario diseñar una metodología propia para enfrentar no sólo la sentencia Radilla, sino futuros fallos de la CIDH, ya que no hay regla alguna sobre cómo cumplirlos.
Por tanto, fue desechado por ocho votos contra tres el proyecto del ministro José Ramón Cossío, que proponía acatar la sentencia, e incluso ordenar a los jueces federales que interpreten el fuero militar de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"La naturaleza del asunto es de tal manera importante y trascendente que amerita mayor profundidad en muchísimos de los temas que se están planteando", dijo Margarita Luna quien consideró que Cossío hizo un proyecto demasiado ambicioso para una consulta a trámite, que sólo sirve para resolver una duda del ministro Presidente.
"La consulta a trámite como tal ya está satisfecha y resuelta", agregó Sergio Valls.
El giro fue sorpresivo, luego de que en la sesión del lunes, se había perfilado una mayoría de ministros que estaba por resolver que la sentencia Radilla sí genera obligaciones para el Poder Judicial Federal, y cómo se debían cumplir.
Esa era la metodología que había propuesto el Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, misma que fue superada ayer en cuestión de minutos y luego de cuatro sesiones de debates sobre la "consulta a trámite" que él mismo presentó para aclarar qué hacer con el fallo de la CIDH.
La sentencia de la CIDH sobre la desaparición de Radilla a manos del Ejército en 1974 contiene varias órdenes al Estado mexicano, entre ellas reformar el Código de Justicia Militar para que soldados señalados por delitos contra civiles no sean juzgados por tribunales castrenses.
Pero la Corte decidió que los temas involucrados son tan relevantes y complejos, que es necesario diseñar una metodología propia para enfrentar no sólo la sentencia Radilla, sino futuros fallos de la CIDH, ya que no hay regla alguna sobre cómo cumplirlos.
Por tanto, fue desechado por ocho votos contra tres el proyecto del ministro José Ramón Cossío, que proponía acatar la sentencia, e incluso ordenar a los jueces federales que interpreten el fuero militar de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"La naturaleza del asunto es de tal manera importante y trascendente que amerita mayor profundidad en muchísimos de los temas que se están planteando", dijo Margarita Luna quien consideró que Cossío hizo un proyecto demasiado ambicioso para una consulta a trámite, que sólo sirve para resolver una duda del ministro Presidente.
"La consulta a trámite como tal ya está satisfecha y resuelta", agregó Sergio Valls.
Víctor Fuentes, Reforma, 8 de septiembre.
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