El Senado aprobó reformas a la Ley General de Población, con el propósito de reforzar la protección de los derechos de los migrantes.
Con los cambios se busca defender los derechos de los connacionales ubicados o residentes en otras partes del mundo.
Al fundamentar el dictamen, el senador panista Humberto Andrade consideró que se trata de un tema “que nos da una posición de fuerza ante el exterior, y que además toca las fibras más sensibles como sociedad”.
Añadió que “con esta reforma estamos entregando a los migrantes que están en condición vulnerable y de indefensión total, que tengan derecho cuando menos a la atención más elemental, solidaria y protectora de derechos humanos”.
La iniciativa, presentada por PAN, PRI y PRD, señala que se debe suprimir en México cualquier práctica análoga a la que condenamos, toda vez que aún persisten situaciones que vulneran los derechos humanos y garantías constitucionales de los migrantes que cruzan por territorio nacional, a pesar que la migración ilegal en México ya no es más un delito que se sancione con privación de la libertad.
“Sin embargo, los migrantes en nuestro país continúan siendo víctimas, no sólo de la delincuencia organizada, sino también de diversas autoridades. El secuestro, la extorsión, la trata y tráfico de personas, los asaltos y violaciones sexuales son delitos a los que están expuestos a todo lo largo y ancho del territorio nacional, principalmente en las rutas migratorias tradicionales”, refiere el texto.
Indica que no se puede permitir que en México persistan leyes o prácticas discriminatorias y violadoras de los derechos humanos de cualquier individuo, mexicano o extranjero, semejantes a las que hoy condenamos en otros países.
El senador panista Guillermo Tamborrel señaló que con la reforma se evitará “la doble victimización de las personas que son víctimas de algún delito y que al momento de denunciarlo también son sujetos a ser detenidos en una estación migratoria para iniciarles un proceso administrativo generalmente con fines de deportación”.
Con los cambios se busca defender los derechos de los connacionales ubicados o residentes en otras partes del mundo.
Al fundamentar el dictamen, el senador panista Humberto Andrade consideró que se trata de un tema “que nos da una posición de fuerza ante el exterior, y que además toca las fibras más sensibles como sociedad”.
Añadió que “con esta reforma estamos entregando a los migrantes que están en condición vulnerable y de indefensión total, que tengan derecho cuando menos a la atención más elemental, solidaria y protectora de derechos humanos”.
La iniciativa, presentada por PAN, PRI y PRD, señala que se debe suprimir en México cualquier práctica análoga a la que condenamos, toda vez que aún persisten situaciones que vulneran los derechos humanos y garantías constitucionales de los migrantes que cruzan por territorio nacional, a pesar que la migración ilegal en México ya no es más un delito que se sancione con privación de la libertad.
“Sin embargo, los migrantes en nuestro país continúan siendo víctimas, no sólo de la delincuencia organizada, sino también de diversas autoridades. El secuestro, la extorsión, la trata y tráfico de personas, los asaltos y violaciones sexuales son delitos a los que están expuestos a todo lo largo y ancho del territorio nacional, principalmente en las rutas migratorias tradicionales”, refiere el texto.
Indica que no se puede permitir que en México persistan leyes o prácticas discriminatorias y violadoras de los derechos humanos de cualquier individuo, mexicano o extranjero, semejantes a las que hoy condenamos en otros países.
El senador panista Guillermo Tamborrel señaló que con la reforma se evitará “la doble victimización de las personas que son víctimas de algún delito y que al momento de denunciarlo también son sujetos a ser detenidos en una estación migratoria para iniciarles un proceso administrativo generalmente con fines de deportación”.
Blanca Estela Botello, La Crónica, 10 de septiembre.
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