Toluca, Méx., 20 de septiembre. Las candidaturas comunes no dan claridad sobre la oferta política de los partidos postulantes, constituyen un “franco fraude al electorado”, y la reforma que las deroga se promulgará pese a las críticas, pues tiene aval de 92 de los 125 ayuntamientos del estado de México, aseguró el gobernador Enrique Peña Nieto.
En entrevista colectiva este lunes, reiteró su apoyo a la medida y recordó que sus impugnadores, el PAN y el PRD, también suprimieron las candidaturas comunes en Guanajuato y Chiapas.
Aludió el beneplácito que produjo la reforma mexiquense entre analistas y expertos en materia electoral, y aclaró que el derecho de los partidos a aliarse lo garantiza la figura de la coalición, que los obliga a presentar una clara plataforma común al electorado.
La llamada ley Peña también reduce los plazos de campaña y precampaña de las elecciones a gobernador, y esta mañana recibió la declaratoria de aprobación oficial en sesión plenaria del Congreso, tras el apoyo que le prodigaron los 92 municipios bajo control priísta.
Únicamente los ayuntamientos de Cococitlán y Luvianos, gobernados por PAN y PRD, rechazaron las reformas a la Constitución y el Código Electoral mexiquenses. Los restantes no se han pronunciado.
Ante el avance del procedimiento y la inminente promulgación, panistas y perredistas exigieron a la mesa directiva del Congreso entregar copias de las convocatorias a sesiones de cabildo y actas de aprobación rubricadas en los 92 casos, dada la “sospecha” de que muchos ayuntamientos no sesionaron, sino sólo la documentación circuló para firma, lo cual es “otra ilegalidad”, pues no hubo análisis ni discusión.
En el caso de Valle de Bravo eran las seis de la madrugada del sábado cuando hicieron firmar con engaños a la regidora perredista, aseguró su correligionario, el diputado Ricardo Moreno; anunció, junto con otros inconformes, que ésa y otras irregularidades acompañarán el recurso de inconstitucionalidad que PAN y PRD promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la misma sesión, las bancadas del PRI y sus aliados Verde Ecologista, Nueva Alianza y Convergencia hicieron uso de su mayoría y religieron al coordinador priísta, Ernesto Nemer Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política para el segundo año de la 57 Legislatura.
Panistas, perredistas y petistas calificaron la maniobra de “un agandalle más” y acusaron a sus contrapartes de ignorar el acuerdo tomado el 3 de septiembre de 2009 en el restaurante El Suizo de Toluca, donde pactaron con el secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava, que la presidencia del órgano sería rotatoria ente los principales partidos.
Los aludidos dijeron desconocer el acuerdo y el propio Nemer defendió su designación. Ricardo Moreno, líder de la bancada perredista, quien reclamaba el puesto, anunció al pleno que su partido se retira de la junta de coordinación, de las comisiones de dictamen y la mesa directiva, en protesta por el mayoriteo.
Por otra parte, Ricardo Aguilar Castillo anunció hoy la conclusión de su periodo como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, pero dijo que seguirá en funciones mediante la figura de “delegado especial” del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
En entrevista colectiva este lunes, reiteró su apoyo a la medida y recordó que sus impugnadores, el PAN y el PRD, también suprimieron las candidaturas comunes en Guanajuato y Chiapas.
Aludió el beneplácito que produjo la reforma mexiquense entre analistas y expertos en materia electoral, y aclaró que el derecho de los partidos a aliarse lo garantiza la figura de la coalición, que los obliga a presentar una clara plataforma común al electorado.
La llamada ley Peña también reduce los plazos de campaña y precampaña de las elecciones a gobernador, y esta mañana recibió la declaratoria de aprobación oficial en sesión plenaria del Congreso, tras el apoyo que le prodigaron los 92 municipios bajo control priísta.
Únicamente los ayuntamientos de Cococitlán y Luvianos, gobernados por PAN y PRD, rechazaron las reformas a la Constitución y el Código Electoral mexiquenses. Los restantes no se han pronunciado.
Ante el avance del procedimiento y la inminente promulgación, panistas y perredistas exigieron a la mesa directiva del Congreso entregar copias de las convocatorias a sesiones de cabildo y actas de aprobación rubricadas en los 92 casos, dada la “sospecha” de que muchos ayuntamientos no sesionaron, sino sólo la documentación circuló para firma, lo cual es “otra ilegalidad”, pues no hubo análisis ni discusión.
En el caso de Valle de Bravo eran las seis de la madrugada del sábado cuando hicieron firmar con engaños a la regidora perredista, aseguró su correligionario, el diputado Ricardo Moreno; anunció, junto con otros inconformes, que ésa y otras irregularidades acompañarán el recurso de inconstitucionalidad que PAN y PRD promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la misma sesión, las bancadas del PRI y sus aliados Verde Ecologista, Nueva Alianza y Convergencia hicieron uso de su mayoría y religieron al coordinador priísta, Ernesto Nemer Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política para el segundo año de la 57 Legislatura.
Panistas, perredistas y petistas calificaron la maniobra de “un agandalle más” y acusaron a sus contrapartes de ignorar el acuerdo tomado el 3 de septiembre de 2009 en el restaurante El Suizo de Toluca, donde pactaron con el secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava, que la presidencia del órgano sería rotatoria ente los principales partidos.
Los aludidos dijeron desconocer el acuerdo y el propio Nemer defendió su designación. Ricardo Moreno, líder de la bancada perredista, quien reclamaba el puesto, anunció al pleno que su partido se retira de la junta de coordinación, de las comisiones de dictamen y la mesa directiva, en protesta por el mayoriteo.
Por otra parte, Ricardo Aguilar Castillo anunció hoy la conclusión de su periodo como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, pero dijo que seguirá en funciones mediante la figura de “delegado especial” del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
Israel Dávila corresponsal, La Jornada, 21 de septiembre.
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