De manera sorpresiva, la Suprema Corte de Justicia decidió aplazar la discusión de fondo sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso Rosendo Radilla.
En su fallo, la CIDH pidió al Estado mexicano reformar el fuero militar para que efectivos de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles en sus tareas de seguridad pública sean juzgados en tribunales ordinarios y no militares.
Sin embargo, en el contexto de reiteradas violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, como el reciente ataque contra una familia en Nuevo León, los ministros de la Corte optaron por alargar su resolución.
Ocho de los 11 integrantes del pleno desecharon el proyecto del ministro José Ramón Cossío, el cual proponía declarar que el Poder Judicial está obligado a acatar los dictámenes de la CIDH derivados de juicios en los que estén involucradas autoridades mexicanas y, por tanto, los jueces debían seguir los criterios sobre el fuero militar.
El argumento fue que Cossío se había excedido en el análisis del tema, porque, en este caso el presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia sólo había pedido —en consulta a trámite— determinar si se requería un estudio profundo y no materializarlo, lo que debería corresponder a otro ministro.
"Se dice que no hay que resolver sustantivamente, sino mandar el expediente a otro ministro para que establezcan las condiciones sustantivas de la resolución; esto, al menos, me parece incongruente", señaló Cossío.
La táctica dilatoria fue encabezada por Margarita Luna Ramos y Sergio Aguirre Anguiano, quien además de inclinarse por limitar las sentencias de la CIDH, algunas de las cuales consideró excesivas, planteó discutir el tema en sesiones privadas y no públicas, como ha acostumbrado el alto tribunal.
"La transparencia tiene que ver con la difusión de nuestras resoluciones, no con la discusión pública de todos los asuntos", justificó.
Así, la Corte determinó que sí emitirá una declaratoria acerca de su participación en la ejecución de lo dictado por la CIDH en el caso Radilla, pero bajo la ponencia de otro ministro -aun por designar-, decisión que pidió informar a las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 8 de septiembre.
En su fallo, la CIDH pidió al Estado mexicano reformar el fuero militar para que efectivos de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles en sus tareas de seguridad pública sean juzgados en tribunales ordinarios y no militares.
Sin embargo, en el contexto de reiteradas violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, como el reciente ataque contra una familia en Nuevo León, los ministros de la Corte optaron por alargar su resolución.
Ocho de los 11 integrantes del pleno desecharon el proyecto del ministro José Ramón Cossío, el cual proponía declarar que el Poder Judicial está obligado a acatar los dictámenes de la CIDH derivados de juicios en los que estén involucradas autoridades mexicanas y, por tanto, los jueces debían seguir los criterios sobre el fuero militar.
El argumento fue que Cossío se había excedido en el análisis del tema, porque, en este caso el presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia sólo había pedido —en consulta a trámite— determinar si se requería un estudio profundo y no materializarlo, lo que debería corresponder a otro ministro.
"Se dice que no hay que resolver sustantivamente, sino mandar el expediente a otro ministro para que establezcan las condiciones sustantivas de la resolución; esto, al menos, me parece incongruente", señaló Cossío.
La táctica dilatoria fue encabezada por Margarita Luna Ramos y Sergio Aguirre Anguiano, quien además de inclinarse por limitar las sentencias de la CIDH, algunas de las cuales consideró excesivas, planteó discutir el tema en sesiones privadas y no públicas, como ha acostumbrado el alto tribunal.
"La transparencia tiene que ver con la difusión de nuestras resoluciones, no con la discusión pública de todos los asuntos", justificó.
Así, la Corte determinó que sí emitirá una declaratoria acerca de su participación en la ejecución de lo dictado por la CIDH en el caso Radilla, pero bajo la ponencia de otro ministro -aun por designar-, decisión que pidió informar a las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 8 de septiembre.
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