La organización denominada Movimiento Blanco, planteó ayer que las reformas propuestas por el Ejecutivo federal a la Ley de Seguridad Nacional, las cuales ya aprobó el Senado y la Cámara de Diputados deberá analizar, “suponen un alto riesgo de que la seguridad del país, de por sí ya comprometida por la violencia del crimen organizado, sea vea todavía más amenazada y vulnerada”.
En conferencia de prensa integrantes de este movimiento plantearon que dichas reformas además de que contravienen lo estipulado por la Constitución, conllevan riesgos por el hecho de trasladar a autoridades locales la iniciativa sobre la movilización del Ejército y la Policía Federal, sin considerar que dichas autoridades podrían optar por dejar crecer las amenazas, “como de hecho ya ha ocurrido”.
En la propuesta de reforma hay puntos que resultan especialmente riesgosos, a decir de esta organización, y los dos principales son; que se quite al Ejecutivo federal la facultad de movilizar por iniciativa propia al Ejército y las fuerzas policiacas federales para enfrentar afectaciones a la seguridad interior y esta facultad se otorgue a autoridades locales.
Asimismo, plantearon como un riesgo, “que se prohíba el uso de las fuerzas federales para enfrentar afectaciones a la seguridad interior que tengan su origen en problemas políticos o sociales”.
Tal planteamiento lo hicieron Guillermo Velasco Arzac, del Movimiento Blanco; José Antonio Ortega Sánchez, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal; Ricardo Espinoza López, de la Confederación Auténtica de Trabajadores, y Cecilia González, de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, entre otros.
Sostuvieron que en estas reformas el único papel previsto para el Ejecutivo federal es el de aceptar o rechazar las solicitudes de declaratoria provenientes de las autoridades locales, “es decir, se le quita al mandatario federal la facultad de preservar la seguridad nacional y de disponer para tal fin de las fuerzas armadas, y se trasladan las decisiones sobre el particular a otras autoridades” por lo que estas propuestas son completamente absurdas y deberían ser rechazadas por los diputados federales.
Hicieron ver que dicha reforma parece buscar una de dos cosas: “o bajar legalmente la cortina con dos años de anticipación o dar una suerte de base legal al proceso de degradación de México hacia la condición de Estado fallido…”, sostuvieron.
En conferencia de prensa integrantes de este movimiento plantearon que dichas reformas además de que contravienen lo estipulado por la Constitución, conllevan riesgos por el hecho de trasladar a autoridades locales la iniciativa sobre la movilización del Ejército y la Policía Federal, sin considerar que dichas autoridades podrían optar por dejar crecer las amenazas, “como de hecho ya ha ocurrido”.
En la propuesta de reforma hay puntos que resultan especialmente riesgosos, a decir de esta organización, y los dos principales son; que se quite al Ejecutivo federal la facultad de movilizar por iniciativa propia al Ejército y las fuerzas policiacas federales para enfrentar afectaciones a la seguridad interior y esta facultad se otorgue a autoridades locales.
Asimismo, plantearon como un riesgo, “que se prohíba el uso de las fuerzas federales para enfrentar afectaciones a la seguridad interior que tengan su origen en problemas políticos o sociales”.
Tal planteamiento lo hicieron Guillermo Velasco Arzac, del Movimiento Blanco; José Antonio Ortega Sánchez, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal; Ricardo Espinoza López, de la Confederación Auténtica de Trabajadores, y Cecilia González, de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, entre otros.
Sostuvieron que en estas reformas el único papel previsto para el Ejecutivo federal es el de aceptar o rechazar las solicitudes de declaratoria provenientes de las autoridades locales, “es decir, se le quita al mandatario federal la facultad de preservar la seguridad nacional y de disponer para tal fin de las fuerzas armadas, y se trasladan las decisiones sobre el particular a otras autoridades” por lo que estas propuestas son completamente absurdas y deberían ser rechazadas por los diputados federales.
Hicieron ver que dicha reforma parece buscar una de dos cosas: “o bajar legalmente la cortina con dos años de anticipación o dar una suerte de base legal al proceso de degradación de México hacia la condición de Estado fallido…”, sostuvieron.
Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 21 de septiembre.
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