Desafía a Santos retorno de tierras

BOGOTÁ.- Un poco a regañadientes, María Pérez, de 39 años, admite que le gustaría volver a su pueblo, en el occidente del departamento de Antioquia, del cual fue desplazada por paramilitares, siempre y cuando el Gobierno le garantice su seguridad y un desarrollo sostenible en la región.

"El Gobierno primero tendría que garantizar la seguridad, desmontar todos los focos de violencia que persisten en la región", dijo Pérez a REFORMA, vía telefónica desde Medellín, donde se reasentó con su familia.

La mujer advierte que los paramilitares que la obligaron a moverse a otro lugar sólo cambiaron de nombre, pero siguen mandando en la zona.

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se ha propuesto restituir al menos 2 millones de hectáreas de tierra a sus legítimos dueños, arrebatadas en su mayoría por paramilitares, muchas veces aliados con latifundistas y narcotraficantes.

Pero garantizar la seguridad y el desarrollo de las regiones son sólo dos de diversos desafíos que enfrentará Santos para hacer efectiva su promesa.

Buena parte de las tierras arrebatadas por los paramilitares están en manos de testaferros (prestanombres), no siempre fáciles de rastrear.

Hace unos días, fue asesinado en Bogotá el contador de Salvatore Mancuso, máximo jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), quien se ha mostrado dispuesto a devolver bienes para reparar a las víctimas, como exige la ley que facilitó el desarme.

El asesinado contador no sólo era quien más conocía qué propiedades y bienes, valuados en hasta 5 millones de dólares, pertenecían a Mancuso, sino que había logrado que una docena de testaferros se prestara a colaborar en la devolución de bienes.

Además, han sido asesinados más de 40 líderes de desplazados que reclaman tierras. El propio representante de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido el riesgo de reacciones muy violentas contra las víctimas por parte de quienes se oponen a la restitución de terrenos.

A esto se suma que muchos predios han terminado en manos de propietarios prominentes, que las adquirieron ignorando o alegando ignorar que habían sido arrebatadas a la mala.

Hace poco trascendió que una finca, de la que se habían apoderado en 2003 hombres del ex jefe paramilitar "Jorge 40", pasó de dueño en dueño, y en 2006 fue adquirida por familiares del presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, quienes aseguraron haberla adquirido legalmente, desconociendo su turbio origen.

Para los expertos, investigar y esclarecer quiénes son los legítimos dueños de la tierra será otro gran reto para el Mandatario colombiano, que crecerá a medida que empiece a pisar callos de figuras relevantes o caciques políticos regionales.

Con el guiño de la ONU, que la califica de histórica, el Gobierno acaba de presentar una iniciativa del ley al Congreso para cancelar los títulos fraudulentos obtenidos bajo presión armada y devolver las tierras a sus verdaderos dueños, sin trabas jurídicas e institucionales de por medio.

Además, el Ministerio de Agricultura elaborará un registro detallado de tierras despojadas, que identifique a desarraigados y les acredite sus derechos.




Cuesta arriba

Para restituir terrenos, el Gobierno enfrentará a paramilitares, narcotraficantes, prestanombres y hasta nuevos dueños.


· Unos 4 millones de desplazados hay en Colombia, casi 10 por ciento de la población total del país sudamericano.

· Alrededor de 5 millones de hectáreas de tierra han sido arrebatadas por grupos armados ilegales en 12 años, según la ONG Codhes.

· Aproximadamente 2 millones de hectáreas aspira a restituir el Gobierno colombiano a campesinos y desplazados, incluyendo tierras que han sido decomisadas a narcotraficantes.

· Un millón de hectáreas de bosques tropicales pretende resembrar el Gobierno.

· La Administración del Presidente Juan Manuel Santos restituyó recientemente alrededor de mil 600 hectáreas de tierra a 400 familias en Simití, Bolívar. Estos terrenos habían sido arrebatados por paramilitares y sembradas con palma.
Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 13 de septiembre.

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